El Congreso aprobó ¢9.300 millones para fortalecer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público en 2025, pero solo se les giraron ¢3.000 millones. Ahora, asimismo, se anuncia que para 2026 se recortarán los ¢8.687 millones que se les habían asignado con cargo a la subejecución presupuestaria del Poder Judicial.

Reducir los recursos precisamente cuando ambas instituciones comienzan a mostrar resultados contra la inseguridad ciudadana es un grave error.Tan solo en los últimos tres meses se ejecutó el operativo Riverside, considerado el más grande en la historia del OIJ, el Ministerio Público y los cuerpos policiales. Participaron 1.500 funcionarios que realizaron 97 allanamientos en cinco provincias, asimismo de intervenir centros de operación de la organización, tres centros penitenciarios y oficinas municipales.

Como resultado, se detuvo a 41 personas, de las cuales 18 permanecen en prisión preventiva.Para dimensionar el alcance de esta estructura de legitimación de capitales, basta señalar que, solo en este operativo, se decomisaron seis hoteles, un redondel, un restaurante, cuatro casas de alquiler turístico, un gimnasio y seis fincas ganaderas. A ello se suman la operación Herencia, dirigida contra los cuatro hijos de un extraditado, y la operación Turbo, contra otra red de narcotráfico, que incluyó 23 allanamientos y estuvo vinculada a un imputado relacionado en 2025 con el decomiso de cuatro toneladas de cocaína.

También destaca la detención del presidente del Municipal Liberia, ante solicitud de extradición.Gracias a estas acciones y a múltiples mejoras en la coordinación interinstitucional, por primera vez se proyecta una reducción en el número de homicidios y una disminución significativa –del 76,5%– en los casos de fraude informático.Resulta indefendible reducir el presupuesto del OIJ y del Ministerio Público precisamente cuando podrían consolidar un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico y la legitimación de capitales. Los recursos permitirían contratar 176 nuevas plazas con su respectivo equipamiento y abrir oficinas en zonas críticas del país como La Cruz, Cabo Velas y Puerto Jiménez –esta última, de especial importancia luego de el retiro de la Policía de Guardacostas–.

¿Tiene sentido una decisión tan mezquina frente a los logros alcanzados por el Poder Judicial, a costa de nuestra seguridad nacional?nmarin@alvarezymarin.comNuria Marín Raventós es politóloga.