El regreso del fujimorismo al poder en Perú va mucho más allá de una elección: revive un proyecto político cuestionado por autoritarismo y plantea nuevos riesgos para la democracia, la memoria histórica y la sociedad civil en América Latina.La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori (c), reacciona durante su primer discurso luego de ser declarada presidenta electa de Perú por parte del Jurado Nacional de Elecciones este viernes, en Lima (Perú). Sebastián Blanco SalazarEl 7 de junio de 2026, en una elección absolutamente cerrada, Perú eligió como presidenta a Keiko Fujimori.

Keiko, del partido Fuerza Popular, obtuvo el primer lugar frente a su contendor Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú. La diferencia entre ambos fue de aproximadamente 49.000 votos.La victoria de Keiko llega al final de una década de caos institucional y de inestabilidad profunda.

Desde que Pedro Pablo Kuczynski asumió la Presidencia en 2016, Perú ha tenido ocho presidentes en diez años: Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino (cinco días), Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcazar. Los académicos Rodrigo Barrenechea y Alberto Vergara han llamado a este fenómeno el “vaciamiento democrático”.

A diferencia del debilitamiento clásico de la democracia -en que un caudillo concentra poder-, Perú sufre una erosión desde adentro: la desaparición de partidos, la ausencia de políticos con experiencia, un parlamento con amplios poderes y la ruptura de los vínculos entre representantes y ciudadanía. Una democracia que funciona como cáscara, con instituciones que existen, pero no gobiernan; con elecciones que se realizan, pero no producen legitimidad sostenida.Para entender qué significa la elección de Keiko en este contexto, y qué nos dice a la sociedad civil de Colombia y América Latina, les consulté a dos colegas con décadas de trabajo en Perú: Rafael Barrio de Mendoza, investigador de London School of Economics y Cambridge, y Alejandro Laos, antropólogo y exdirector de Servicios Educativos Rurales (SER).Quién es Keiko Fujimori y quién fue su padreAlberto Fujimori gobernó Perú entre 1990 y 2000.

Llegó al poder prometiendo estabilizar una economía devastada y derrotar a la guerrilla de Sendero Luminoso. En 1992 dio un autogolpe al disolver el Congreso y los tribunales y gobernar por decreto.

A lo largo de su década en el poder se documentaron cientos de casos de violaciones de derechos humanos -asesinatos, desapariciones, torturas, esterilizaciones forzadas- perpetrados por el grupo paramilitar Colina. Fujimori huyó del país en el año 2000 envuelto en escándalos de corrupción, renunció por fax desde Japón, fue detenido en Chile en 2005 y extraditado al Perú en 2007.

En 2009, fue condenado por la Corte Suprema de Perú a 25 años de prisión por los crímenes de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta.Keiko Fujimori es su hija mayor. A los 19 años asumió el rol de primera dama cuando su madre, Susana Higuchi, acusó públicamente a su padre de tortura y corrupción.

Fue congresista desde 2006 y fundó Fuerza Popular en 2010. Se presentó a la presidencia en 2011, 2016, 2021 y en 2026.

Ahora, en su cuarta candidatura, ganó con una campaña enfocada en seguridad, combate al crimen y orden público. Rafael Barrio de Mendoza señala que “Keiko y el fujimorismo no son un movimiento político muy popular.

Su líder no es particularmente carismática y tiene claros impulsos autoritarios”. En ese sentido, tanto Rafael como Alejandro Laos explican que el triunfo de Keiko no se debe a que tenga una base popular masiva, sino a que el campo opuesto está fragmentado, agotado y desconfiado de sí mismo.

Veintiséis años después: el regreso al poderCuando el fujimorismo cayó en el año 2000, Perú inició un proceso de transición democrática y búsqueda de verdad sobre la violencia política. Asimismo de la condena de Fujimori, la Comisión de la Verdad y Reconciliación documentó más de 69.000 muertos y desaparecidos del conflicto armado interno, con responsabilidades repartidas entre Sendero Luminoso y las fuerzas del Estado.

Veintiséis años después, su hija es presidenta.Pero lo que regresa no es solo un apellido, sino creencias, prácticas y una estructura de poder que llevaba años capturando instituciones desde adentro. Según Alejandro Laos, Keiko no llega al poder de cero: “Ya han alineado organismos autónomos del Estado, la Defensoría del Pueblo, sectores de las fiscalías.

Vamos a tener que enfrentar directamente a un Estado controlado por esta visión dictatorial corrupta”. Rafael explica cómo Keiko terminó controlando Perú sin estar en el poder: el fujimorismo ha funcionado desde el Congreso como “un grupo parlamentario disciplinado y entrenado políticamente para producir contrarreformas”, vaciando de poder a la presidencia y operando, en la práctica, mediante un parlamento sin contrapeso, mucho antes de ganar la presidencia.

Gobernaban desde la oposición. Ahora gobernarán desde el Ejecutivo.Los riesgos para la memoriaEl riesgo más profundo que identifican tanto Rafael como Alejandro es la consolidación de una verdad alternativa del pasado.“Las memorias se van marchitando si no se cultivan y sostienen”, advierte Rafael.

La narrativa fujimorista ha instalado durante años la idea de que Alberto Fujimori “estaba preso por hacer lo que nadie más se atrevía a hacer” para estabilizar el país; que las víctimas de las masacres “estaban vinculadas a Sendero Luminoso”; que las esterilizaciones forzadas eran política pública de planificación familiar malinterpretada. El escándalo generalizado de Odebrecht -que salpicó a partidos de izquierda, centro y derecha- ayudó a esta narrativa: si todos son corruptos, la corrupción de Fujimori deja de ser excepcional.A esto se suma un hecho legislativo concreto.

En agosto de 2024, el Congreso peruano promulgó la Ley 32107 (impulsada entre otros por Fuerza Popular, el partido de Keiko), más conocida como “Ley de prescripción”, que decretó la prescripción de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002. Si bien la norma sigue vigente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos la ha cuestionado, recordando que esos crímenes no pueden prescribir. “Seguramente van a tratar de consolidar un revisionismo”, anticipa Rafael, “promoviendo una visión celebratoria del régimen de los noventa en el centro de la memoria política”.

La sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos que han sostenido esa memoria durante décadas pueden encontrarse, en los próximos años, sin el marco institucional que les daba respaldo jurídico.Los riesgos para la sociedad civilLos peligros para las organizaciones civiles son concretos y ya tienen nombre propio: la Ley 32301, conocida como la nueva Ley APCI, promulgada en abril de 2025. La ley, promovida principalmente por el fujimorismo en el Congreso, impone restricciones severas al financiamiento internacional de organizaciones sociales peruanas, sanciona con multas altísimas a las que no cumplan los nuevos requisitos de reporte y considera “infracción muy grave” el litigio de ONG contra el Estado, entre otras.

Alejandro señala que “vamos a enfrentar directamente a un Estado que ocultará las violaciones de derechos humanos y sancionará a quienes hagan esas denuncias”. Rafael coincide afirmando que “esta ley lleva a muchas organizaciones casi casi a la extinción”.

A ello se suma lo que ambos describen como un ambiente de “terruqueo” sistemático -la práctica peruana de tachar como “terroristas” o “comunistas” a quienes cuestionan al poder- potenciado ahora por las redes sociales y figuras mediáticas aliadas al fujimorismo.El impacto más fuerte del regreso del fujimorismo a la presidencia lo sentirán las poblaciones históricamente discriminadas. Alejandro prevé que el Estado dejará de proteger a las comunidades indígenas frente a los apetitos extractivos sobre la Amazonía.

Las personas LGBTQ+ enfrentarán una agenda conservadora consolidada. Las defensoras de derechos humanos, los periodistas independientes y los líderes comunitarios en zonas de conflicto operarán sin la protección jurídica que, aunque precaria, existía.Lo que este fenómeno le dice a América LatinaLa derecha extrema pinta el mapa regional de un azul bien oscuro.

A veces llega con caras nuevas: el libertario antisistema, el tecnócrata disruptivo y, a veces, como en Perú, recicla apellidos con décadas de poder. Pero el guion es el mismo: modelos neoliberales hostiles con la justicia ambiental, que imponen agendas ultraconservadoras y un manual de operaciones que se repite de país en país con campañas de estigmatización contra las organizaciones de la sociedad civil y periodistas.

Y luego, la ley que las acorrala. ¿Qué nos queda?

Rafael dice que “hay que apertrecharse para luchar en tribunales. Hay que ser creativos con el autofinanciamiento.

Hay que trabajar con la prensa independiente y con la oposición parlamentaria para neutralizar las arremetidas del régimen”.Pocos días después del apretado triunfo de Keiko, los colombianos eligieron a un insider que se presenta como outsider. Un abogado de parapolíticos y criminales que hizo una campaña llena de frases escabrosas que nos recuerdan el genocidio de los años 80 hacia todo lo que huela a izquierda.

Abelardo de la Espriella llega con una visión de país basada en la mano dura y la construcción de megacárceles. Promete un gran retroceso en nuestra agenda ambiental con el ya mandado a recoger fracking.

Promete sacarnos de órganos internacionales que han sido fundamentales para avanzar en la protección de derechos humanos. Promete recortar el Estado, seguramente con la moneda de cambio de siempre: los derechos de las mujeres y los temas de género.

Promete, junto con su vicepresidente conservador, revivir la era del exprocurador Alejandro Ordóñez. Esto, entre muchas promesas más, calcadas de los otros vecinos del sur y del norte.

En estos momentos, más que nunca, necesitamos mirar a quienes en la región ya han transitado caminos autoritarios similares. Juntarnos con los argentinos, los paraguayos, los nicaragüenses, los salvadoreños y los peruanos, entre otros, para aprender de las consecuencias que han tenido los giros autoritarios, la polarización extrema y el debilitamiento de las instituciones democráticas.

Aprender de sus estrategias, de lo que ha salido mal y lo que ha salido bien. Aprender a resistir, pero también a construir. (*) Nina Chaparro González es Coordinadora de sociedad civil y espacio cívico de Dejusticia.👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo?

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