Costa Rica atraviesa, probablemente, la mayor crisis educativa de las últimas décadas. Y, paradójicamente, justo en medio de ese deterioro, el país debilitó su capacidad para medir qué están aprendiendo realmente los estudiantes.

En pocos años, el sistema educativo pasó de eliminar las pruebas FARO a implementar nuevas pruebas nacionales estandarizadas, que ahora también serán sustituidas. El resultado es un sistema de evaluación fragmentado, inestable y sin continuidad suficiente para comparar resultados a lo largo del tiempo.

El problema no es únicamente cambiar las pruebas. Los sistemas educativos pueden –y deben– mejorar sus instrumentos de evaluación.

El problema es hacerlo en medio de una crisis de aprendizajes sin construir una línea base robusta ni una estrategia nacional clara de macroevaluación. Eso tiene consecuencias serias.

El propio Estado de la Educación advirtió en 2025 de que las actuales pruebas nacionales tenían baja calidad técnica, evaluaban apenas una parte limitada del currículo y utilizaban ítems de dificultad insuficiente. La crítica fue demoledora: Costa Rica estaba certificando aprendizajes que realmente no estaba midiendo adecuadamente.

Y, aun así, el país continuó graduando estudiantes con tasas históricas de aprobación. Hoy el Ministerio de Educación reconoce la necesidad de construir evaluaciones más robustas y con mayor rigor técnico.

Eso es positivo. Pero, inevitablemente, abre otra pregunta: ¿por qué Costa Rica pasó tantos años experimentando con el sistema de evaluación justo cuando más necesitaba información precisa sobre los rezagos educativos?Porque después de la pandemia, el país necesitaba más datos, no menos.

Necesitaba saber cuánto se había deteriorado la comprensión lectora, qué regiones estaban más rezagadas, qué grupos de estudiantes requerían recuperación prioritaria y qué estrategias estaban funcionando. Sin información comparable y consistente, esa tarea se vuelve muchísimo más difícil.

La evaluación educativa no existe únicamente para poner notas o decidir promociones. Su función principal es permitir al sistema comprender dónde se encuentran las debilidades y cómo corregirlas.

Y ahí es donde Costa Rica parece haber perdido el rumbo. El país pasó de discutir cómo usar los datos educativos para mejorar a correr el riesgo de quedarse sin datos lo suficientemente sólidos como para saber si realmente está mejorando.affa17@gmail.com Andrés Fernández Arauz es economista.