La polarización que ha tenido lugar en Colombia durante los últimos años les ha causado mucho daño a la democracia y, por supuesto, al pueblo, a sus derechos, a sus aspiraciones, reclamos y apremios. Todo se ha politizado y, en vez de sano debate y respetuosa controversia entre tendencias e ideologías opuestas —con miras al beneficio del interés general—, han prevalecido el lenguaje de odio, la mutua agresividad, la injuria, el descrédito y el improperio. (Le puede interesar: Soberanía real y efectiva).

En otro orden, en Colombia y en otros países que se declaran democráticos se ha venido abriendo paso la convicción —equivocada y antidemocrática— según la cual quien es elegido presidente de la República se convierte en una especie de emperador o monarca sin corona que hará solamente su voluntad en el ejercicio del cargo. Por eso, muchos de ellos buscan y obtienen la reelección —en detrimento de las nuevas generaciones— y se consideran insustituibles.

Afortunadamente, hoy en Colombia esa figura está prohibida por el Acto Legislativo 2 de 2015, que buscó el equilibrio de poderes y el reajuste institucional. Faraones, reyes y pontífices ejercieron en el pasado poderes absolutos, basados en las armas y la fuerza.

Pero, en un verdadero “giro copernicano”, los pueblos —que antes estuvieron sometidos a los caprichos, abusos y ambiciones de los gobernantes— reivindicaron la soberanía popular, erradicaron el absolutismo, establecieron las constituciones, asumieron el poder de elegir y contemplaron la separación funcional entre ramas y órganos autónomos e independientes. Como lo expresara en su momento Montesquieu, en la democracia es indispensable que el poder controle al poder, que rijan las normas y que, mediante los controles, se impida o sancione toda forma de abuso y arbitrariedad.

El presidente de la República no goza de poder absoluto. No es el soberano.

Es verdad que, en nuestro sistema constitucional, asume como jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa, pero, en el desempeño de las atribuciones correspondientes, está sujeto a reglas y controles —establecidos en las normas constitucionales y legales— y se hace responsable por sus actos, decisiones y equivocaciones. Está sometido al control judicial y al control político.

Cumple, por cuatro años, una importante función delimitada por las normas y orientada al bien común, en el Estado social de derecho. Tiene que actuar, en el ámbito de sus precisas funciones, en procura de los intereses y las necesidades de todo el pueblo, no solamente de sus partidarios o de quienes lo acompañaron en las elecciones.

Como lo dice el artículo 188 de la Constitución, “simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”. Subrayo: de todos, sin discriminaciones ni preferencias.

Al posesionarse, presta un juramento cuyo texto señala el artículo 192, que lo compromete y obliga, por cuya estricta y plena sujeción y acatamiento ha de responder ante el pueblo, titular de la soberanía, y ante nuestras autoridades: “Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia”. Así que, en los claros términos de la Constitución de 1991, el titular de la soberanía no es otro que el pueblo.

Quienes ejercen los cargos públicos —inclusive en el más alto nivel— gozan de facultades y atribuciones concedidas por la normativa. El sistema jurídico consagra una organización, un sistema, unos valores, unos principios, unas reglas.

Ya no impera la voluntad omnímoda de nadie. Rigen las disposiciones superiores, que delimitan las facultades y atribuciones del presidente, del Congreso, de los altos tribunales, de los organismos de control.

Las ramas y los órganos del poder público son autónomos e independientes, si bien, como lo estipula nuestra Constitución, “colaboran armónicamente para la realización de sus fines”. Esos fines guardan relación con el interés y los mandatos del pueblo, titular de la soberanía. (Lea todas las columnas de José Gregorio Hernández Galindo en EL TIEMPO, aquí)