La intempestiva renuncia de una funcionaria de alto nivel de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), asegurando que la estaban obligando a firmar los estudios previos para una millonaria contratación irregular, acaba de encajar con las alertas y denuncias que vienen haciendo funcionarios designados por el gobierno entrante del presidente electo Abelardo De La Espriella. Según miembros de su equipo de empalme, información recogida por diferentes vías señala que se están dejando comprometidos más de 10 billones de pesos en contratación en ministerios y otras entidades –especialmente en el sector Defensa–, que incluso comprometen vigencias futuras.

Y señalan que, a la par, se están adelantando nombramientos y vinculaciones en misiones diplomáticas, notarías e incluso en la Unidad Nacional de Protección (UNP), para ubicar gente cercana al Gobierno. El designado ministro del Interior, Rodrigo Lara, se refirió esta semana a un contrato en la Aerocivil que se iba a dejar amarrado.

EL TIEMPO investigó y estableció que se trata de un proceso para adquirir y poner en funcionamiento un sistema de radares primarios en Arauca por 75 mil millones de pesos. Pero el que precipitó la renuncia de la funcionaria está relacionado con la adquisición de un sistema de gestión documental por el que en enero pasado se pagaron 400 millones de pesos y ahora se quieren desembolsar más de 12 mil millones de pesos.

Este diario ya había advertido que en esa entidad se firmaron cerca de 1.179 contratos en los últimos meses y que ya había dimitido un alto funcionario que se negó a aprobar una millonaria contratación en pólizas y seguros. Por esos ruidos, incluso la actual cartera de Transporte pidió una auditoría especial de la Contraloría en la Aerocivil.

Pero el grueso de las alertas se concentra en contratos que serán firmados o perfeccionados en las próximas semanas por las Fuerzas Militares y de Policía. Uno de los de mayor cuantía es el del llamado Escudo Nacional Antidrones, por 6,3 billones de pesos, en el que ya hay firmas extranjeras interesadas –una de la India y otra lituana– para el suministro de componentes como láser e inhibidores.

Es claro que las organizaciones criminales, que crecieron a la sombra de la ‘paz total’, están utilizando enjambres de drones para asesinar a civiles y a miembros de la fuerza pública. Pero, a menos de 5 semanas del cambio de Gobierno, ese es uno de los asuntos que la administración entrante quiere revisar.

EL TIEMPO le preguntó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por esa contratación y por otras que inquietan y afirmó que todos los procesos que se están llevando son transparentes. Pero expresó que la mayoría gozan de reserva por ser temas de seguridad nacional: “Las necesidades (las adquisiciones y servicios) las definieron las fuerzas, las especificaciones técnicas las establecieron equipos estructuradores, el ordenador del gasto es el secretario general con un equipo robusto, multidisciplinario y transparente”.

En todo caso, también hay dudas sobre los contratos para la producción de los cañones de los fusiles Jaguar. Se trata de la nueva generación de armas que Indumil está fabricando y que en mayo pasado generó alerta luego de la explosión en una prueba de dos de los fusiles, lesionando a militares.

Lo que aseguran fuentes enteradas es que el contrato que adelanta la Industria Militar (Indumil) para la adquisición de las máquinas fabricantes de los cañones no tendría un estudio de mercado que lo respalde. Asimismo, que en esa misma entidad avanza un convenio con Invías para el ensamble de vehículos blindados, al que le habrían hecho varias observaciones.

Este fue firmado en diciembre pasado, tiene una vigencia de 5 años y, por ahora, una inversión de 60 mil millones de pesos. No obstante, se proyecta una producción progresiva en la medida en que se cuente con disponibilidad presupuestal.

EL TIEMPO le preguntó a Sánchez sobre el tema y expresó que Indumil, que depende de su cartera, es la que debe responder. Fuentes enteradas le dijeron a EL TIEMPO que también se pidió la revisión de contratos en el Ejército y en la Fuerza Aeroespacial (FAC) por cerca de 5 billones de pesos para compra de aeronaves –entre otras, los aviones Gripen- y carros blindados.

Y en la Armada, por 3 billones para adquisición de embarcaciones fluviales, fragatas, Plataforma Estratégica de Superficie (PES) y vigilancia costera; y en la Policía para adquisición de equipos tácticos y seguridad ciudadana. “Estamos totalmente listos para el empalme. Nuestro propósito superior es Colombia, y todo está previsto para que sea un proceso profesional, transparente y responsable.

A quienes llegan, les pedimos una cualidad fundamental: humildad”, expresó el ministro Sánchez sobre la transición entre el gobierno Petro y el de De La Espriella. En otro paquete de la lista por revisar está entre las prioridades Ecopetrol, la compañía más grande del país, en cuyo empalme no va a estar su cabeza, Ricardo Roa, quien termina el Gobierno con dos imputaciones ante la Fiscalía por tráfico de influencias y violación de topes electorales de la campaña Petro presidente 2022-2026.

Ya se anunció que en los primeros decretos que se emitirán a partir del 7 de agosto está uno en el que el nuevo gobierno citará a una asamblea extraordinaria para empezar a cambiar a varios miembros de su junta –delegados del gobierno Petro–, que calificadoras internacionales han señalado como corresponsables de las decisiones adversas que tienen a la compañía con cifras en rojo. Pero allí también hay alertas en contratación de tecnología que parecen tener una coincidencia con otro asunto que se está revisando en Colpensiones.

EL TIEMPO dio a conocer en octubre de 2025 irregularidades en un contrato de tecnología por más de 400 mil millones de pesos en Ocensa, una de las filiales de la estatal petrolera. Este se cayó luego de la intervención de la Procuraduría.

Y, meses después, se conoció que abrieron otro, con objeto similar en Cenit, otra de las poderosas compañías del grupo Ecopetrol. Lo que ahora se está pidiendo indagar es si hay algún tipo de coincidencias con procesos, también de tecnología, que se adelantan en Colpensiones, en la Cancillería y hasta en la Uspec.

Y el pasado primero de julio, la Unión Sindical Obrera (USO), pidió que se suspendieran de inmediato los contratos de mantenimiento y paradas de las plantas de Barrancabermeja y Cartagena, por 150 mil millones de pesos. Argumentan que el método de elección de contratistas introduce un cambio estructural y que es claro el interés de asignarlos de manera precipitada.

Asimismo, que el contrato vigente va hasta agosto de 2027. Por los lados de Colpensiones, después de negar señalamientos de irregularidades que hizo el senador Enrique Gómez Martínez dentro del contrato de tecnología -que se firmó en septiembre pasado, por 223 mil millones de pesos-, la entidad expresó que aplazaba temporalmente la migración de datos de los afiliados ante las inquietudes expresadas por diferentes actores.

En Colpensiones también se chequean varios nuevos sindicatos a los que se afiliaron actuales funcionarios para evitar sus despidos en la transición. La Fiduprevisora es otra de las entidades en la mira.

EL TIEMPO dio a conocer a mitad de semana que, en esta última entidad –que les maneja las chequeras a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y al Fondo de Adaptación– la Procuraduría frenó en seco un contrato por 33 mil millones de pesos para alquiler de computadores portátiles y de oficina. Asimismo, que se está investigando otra contratación en el Fomag por cerca de 50 mil millones de pesos, para agendamiento de citas médicas de maestros.

Este diario dio a conocer un demoledor informe de interventoría que dejó al descubierto irregularidades de fondo. Con ese antecedente, se revisa otro contrato en ciernes, por 5 mil millones de pesos, con el mismo objeto del primero.

Y en la antesala del empalme con el gobierno de Abelardo de la Espriella, se anunció la salida del vicepresidente del Fomag, Herman Bayona. Pero después, cuando despidieron al presidente de la Fiduprevisora, Diego Salcedo, se le dio de nuevo la bienvenida a Bayona.

En medio de esos movimientos, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo –cabeza del empalme–, anunció que se están rastreando otros desembolsos en la Fiduprevisora relacionados con alimentación escolar y asuntos agropecuarios. Estos suman más de 1,6 billones de pesos.

Por los lados de la UNP, encargada de la protección de los nuevos funcionarios, hay dos inquietudes de fondo. La primera también la puso sobre la mesa el vicepresidente electo Restrepo.

Este indicó que se expidió un decreto, el pasado 26 de junio, en el que se flexibilizaron las condiciones de ingreso para los cargos de oficiales de protección de la entidad. Y pidió frenar nombramientos con base en el decreto.

La otra duda la planteó el designado ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, quien expresó su preocupación porque la UNP estaría buscando vincular a 6 mil personas sin que el nuevo gobierno conozca perfiles; y que se le estaría dejando al gobierno Petro la seguridad de los funcionarios y dirigentes del siguiente periodo. Si bien el tema se va a revisar, Augusto Rodríguez, cabeza de la UNP hasta el próximo 7 de agosto, indicó que los cambios en los requisitos de ingreso son un “temor totalmente infundado” y que el gobierno De La Espriella empezaba desde el 7 de agosto y no podía adelantarse.

Ese mismo mensaje fue el que envió el presidente saliente Gustavo Petro, quien pidió que las sesiones de la transición se transmitan por televisión. Asimismo de la contratación, el otro punto que ha generado tensión en el proceso de empalme entre ambos gobiernos es el de los nombramientos.

Desde la semana pasada, en un primer corte de cuentas de los contratos de última hora, EL TIEMPO publicó varios nombramientos y traslados que está haciendo la Cancillería de fichas cercanas a la jefe de esa cartera, Rosa Villavicencio. Uno de estos es el de Elvira Sanabria, secretaria general de la Cancillería, designada cónsul en Nueva Loja (Ecuador).

También ubicaron en misiones diplomáticas a José Ros, jefe de gabinete; John Camargo, director de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería; y Uberney Marín, de la misma área, quien se irá a Venezuela. En el listado también aparecen Gloria Esperanza Acevedo, a quien el Consejo de Estado le anuló el nombramiento en Chile y ahora iría a Panamá; Wilmar Díaz Zapata, contratado en diciembre pasado como asesor de la Cancillería y nombrado en Barquisimeto (Venezuela).

También se estarían preparando designaciones en España, Sídney, Polonia, Alemania, Indonesia, Argelia, Hong Kong, Japón, Malasia, Ghana, Austria y la OCDE. En la Cancillería dijeron que esos nombramientos y traslados son parte de su discrecionalidad y que no se pueden paralizar por el empalme.

EL TIEMPO también dio a conocer en primicia el pasado jueves al menos una decena de decretos de designaciones de notarios en diferentes despachos del país, algunos en interinidad. Este diario ya había advertido el nombramiento de Adriana María Mejía Aguado, amiga de la primera dama Verónica Alcocer, en la notaría 35 de Bogotá; y del exsupersociedades, Billy Escobar en el despacho 47 del círculo de Bogotá.

Y en una nueva búsqueda se encontraron nombres conocidos como el de la exfuncionaria de Colpensiones, Sandra Lucía Hincapié Galindo. Se trata de la hija del presidente de Coljuegos, el petrista Marco Emilio Hincapié, directivo de la Colombia Humana, el partido del presidente saliente.

El 8 de mayo fue designada la ibaguereña Yeny Paola Garzón Reyes notaria 37 de Bogotá. La abogada, según fuentes de la propia Superintendencia, es cercana a Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud.

En la notaría cuarta de Cúcuta fue nombrado el 2 de junio en interinidad Demieman Patiño, quien se desempeñó como director territorial del Ministerio de Trabajo. El supernotariado, Ricardo Agudelo, expresó que los nombramientos obedecen a la necesidad de garantizar la continuidad y la debida prestación del servicio, motivados por la configuración de diversas causales de vacancia.

Y que a falta de una lista de elegibles, se hicieron los nombramientos. (Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO) Y a pesar de que Germán Ávila, ministro de Hacienda del gobierno Petro y encargado del empalme, ha manifestado que la información que se entregará es transparente y sustentada, el gobierno entrante ya anunció una investigación forense para despejar dudas y establecer una supuesta destrucción de información. UNIDAD INVESTIGATIVA u.investigativa@eltiempo.com @UinvestigativaET Síganos ahora en Facebook