La empresa estatal Petro-Perú acaba de ser sorprendida en una mentira contable que no admite matices. La estatal reportó en su Memoria Anual del 2025 una pérdida de US$468,3 millones.

La auditoría independiente de PwC Perú, aprobada por el propio directorio el 30 de junio, dio a conocer que la cifra real fue de US$601,4 millones: US$133,1 millones más de lo que la gerencia estaba dispuesta a confesar. No es un error de redondeo ni una diferencia técnica menor.

PwC fue explícita: encontró “inconsistencias importantes en algunos supuestos claves utilizados por la gerencia” de Petro-Perú, tanto para proyectar los flujos de efectivo futuros como para estimar el valor recuperable de su unidad de producción y comercialización. La auditora concluyó, sin rodeos, que la compañía “ha subestimado la pérdida por deterioro, la provisión por deterioro y el correspondiente activo por Impuesto a la Renta diferido por importes no cuantificados”.

Eso se traduce en una acusación grave: los números que la gerencia presentó a los peruanos como el estado financiero real de la empresa fueron, simple y llanamente, una versión maquillada de una crisis mucho más profunda. El detalle que debería alarmarnos aún más es el del capital de trabajo negativo, que llega a los US$2.296 millones.

PwC advirtió que estas circunstancias, junto con otras, generan “una incertidumbre material” sobre la capacidad de Petro-Perú de continuar operando como empresa en marcha. Es decir, la auditora puso en la mesa la posibilidad de que la petrolera estatal no sea viable.

Y, aun así, la gerencia decidió presentar una foto más favorable de lo que muestran los libros. A esto se suma que Petro-Perú no ha reconocido íntegramente sus contingencias, como la deuda de US$28 millones con los contratistas de Altamesa Energy por el lote 192, lo que impide a los propios auditores descartar incorrecciones adicionales por el lado de los pasivos.

Que una empresa del Estado maquille sus pérdidas no es un simple desliz técnico, es una falta de respeto a la ciudadanía que la financia y garantiza. Cada dólar oculto es información que se niega al Estado, a los ministros que deben decidir sobre su futuro y a millones de peruanos que, directa o indirectamente, sostienen esta empresa con impuestos y subsidios encubiertos.

La gerencia de Petro-Perú tiene la obligación legal de presentar estados financieros que muestren la verdad; en cambio, escogió ir por el camino turbio de proyectar una imagen de gestión menos catastrófica que la real. Petro-Perú no necesita más comunicados que minimicen su crisis.

Necesita una intervención seria, auditorías externas permanentes y consecuencias para quienes decidieron que ocultar la verdad era preferible a enfrentarla. Hacer pasar cifras falsas como verdaderas es inaceptable y en cualquier empresa privada los responsables serían despedidos.

En el caso de Petro-Perú, esta situación es una evidencia más de que la petrolera estatal no solo es un barril sin fondo, sino que ha sido manejada por funcionarios que de manera desvergonzada han intentado ocultar su manchada gestión.