La continuidad de Mercedes González y de Manuel Llamas al frente de la Guardia Civil ha abierto una brecha de difícil solución en la cúpula del Instituto Armado. La imputación de ambos por el caso de las 'cloacas' del PSOE no generó sorpresa.

La decisión del Gobierno y del Ministerio del Interior de mantener la confianza en ambos ha generado un enorme enfado y malestar en el sino de una Institución que permanece en 'shock' desde que se fueron conociendo los informes de la UCO sobre Leire Díez. «Es inadmisible» , expresa a ABC uno de los mandos del Cuerpo.La fractura entre el DAO y el resto de la cúpula de la Guardia Civil lleva meses abierta. Las presiones políticas eran latentes, pero los informes de la UCO por el caso Leire Díez confirmaron las sospechas.

El testimonio del jefe de la Policía Judicial Alfonso López Malo y del responsable de la UCO Rafael Yuste fueron reveladores y abrieron un nuevo cisma en el sino del Instituto Armado. Los mandos no acababan de entender cómo Llamas y González seguían en su puesto y pensaban que una imputación formal acabaría con ambos fuera de sus obligaciones.

Nada más lejos de la realidad.El anuncio de la citación de ambos como investigados no ha supuesto ninguna repercusión aparente en sus funciones. El apoyo de Interior y del Gobierno incrementó la desconfianza y el malestar en la cúpula del Instituto Armado. «Seguirán ejerciendo sus funciones como hasta ahora y mostrando la máxima colaboración con la justicia en todo lo que se les requiera», señalaron este jueves fuentes del área de Fernando Grande-Marlaska.Noticia relacionada general No No El juez del caso Leire imputa a la directora de la Guardia Civil y a su número dos y Marlaska ratifica su confianza Juanma Poderoso DíazNo solo reaccionó el Ministerio del Interior.

Desde el Gobierno de Pedro Sánchez se trasladó que tienen la «máxima tranquilidad» luego de la imputación de González. «Estamos convencidos de que Mercedes González dará las explicaciones pertinentes ante la Justicia, como ha venido haciendo desde el primer día, y ya demostró en su comparecencia en el Senado. Total normalidad y transparencia porque no hay nada que ocultar», defendieron fuentes de La Moncloa a ABC.La imputación de ambos ha abierto dentro de la Guardia Civil una de las crisis más importantes de su historia, ya que serán sus propios agentes los encargados de investigar a su DAO y a la directora general.

Una dicotomía que se presenta compleja, ya que el propio juez Pedraz sospecha que ambos se valieron de los expedientes reservados para presionar a los encargados de practicar las pesquisas sobre el PSOE y el entorno de Pedro Sánchez.Uno de los puntos más complejos de esta ecuación es que cuando un guardia civil resulta imputado por la Justicia se le abre un expediente reservado en base al régimen disciplinario . Se le aparta de sus funciones hasta que se llegue a una condena o absolución.

¿Qué ocurrirá con el DAO que es funcionario en activo? La lógica invita a pensar que Llamas tendría que correr la misma suerte que sus subordinados.

Uno de los mandos consultados por este medio se muestra tajante: «Es inadmisible tener un DAO imputado». «Si cesan cautelarmente a todos los miembros del Cuerpo según la ley de personal», resume.La normativa no es clara sobre este aspecto, pero siempre se ejecuta con cualquier agente. «La iniciación de un procedimiento penal contra miembros de la Guardia Civil no impedirá la incoación y tramitación de expedientes disciplinarios por los mismos hechos. No obstante, la resolución definitiva de dichos procedimientos sancionadores sólo podrá producirse cuando la dictada en el ámbito penal sea firme, vinculando la declaración de hechos probados», señala este reglamento.«Una situación insostenible»Asimismo, una de las medidas cautelares que se contempla es la suspensión de funciones. «Si la naturaleza y circunstancias de la falta exigen una acción inmediata para mantener la disciplina, evitar un posible perjuicio grave al servicio o a la buena imagen de la Institución, cualquier superior podrá ordenar que el presunto infractor se persone de manera inmediata en la Unidad, Centro u Organismo que constituya su destino y podrá, asimismo, disponer el cese de éste en sus funciones habituales por un plazo de hasta cuatro días, en espera de la posterior decisión del mando competente para acordar el inicio del oportuno procedimiento sancionador, a quien informará de modo inmediato de la decisión adoptada», detalla el régimen que fue aprobado en 2007 y firmado por el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero.Sin obligación de expedientar al DAOSin embargo, fuentes de la Guardia Civil sostienen sobre este aspecto que «no existe ninguna obligación reglamentaria que establezca la apertura de un expediente».

Una explicación que no ha hecho más que enfatizar el enfado y malestar interno. Los representantes de los trabajadores también han decidido alzar la voz para exigir dimisiones y depurar responsabilidades.

Desde AUGC se recuerda que ellos denunciaron estas maniobras contra la UCO en junio de 2025, «acudiendo a los tribunales cuando otros callaban». «Cualquier guardia civil investigado por hechos vinculados al servicio sufre consecuencias inmediatas en su carrera. La permanencia en el cargo de la directora general y del DAO es incompatible con el ejercicio del mando.

UGC exige la dimisión de la directora general y, al ministro del Interior, el cese inmediato del DAO. De no producirse, AUGC valorará todas las acciones legales a su alcance en defensa de la Guardia Civil y de quienes la integran», añaden desde esta entidad.Guardias civiles consideran que las imputaciones son la «gota que colma un vaso ya desbordado por la sombra de la sospecha»En la misma línea, Jucil sostiene que la «situación es insostenible» .

La asociación profesional considera que la imputación judicial de Mercedes González y la del Director Adjunto Operativo (DAO) son la «gota que colma un vaso ya desbordado por la sombra de la sospecha». Exigen a Fernando Grande-Marlaska que sea «consecuente con sus propias declaraciones en el Congreso y asuma de inmediato la responsabilidad política con su renuncia».Asimismo, las agrupaciones que representan a los mandos recuerdan que el Artículo 92 de la Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil establece que el procesamiento, inculpación o investigación por un delito puede derivar en una suspensión, y así le ocurre a todos los guardias civiles que son imputados incluso por actuaciones en acto de servicio. «No podemos entender que quienes aplican esos criterios sean inmunes a ellos cuando les afectan.

Dada la gravedad de los hechos, y sin perjuicio del respeto a la presunción de inocencia, tanto directora general como el DAO deberían presentar su dimisión o ser apartados, en coherencia con los mismos principios y criterios que estas autoridades vienen aplicando a los guardias civiles bajo su mando», exponen en un comunicado rubricado por ASESGC, UO y APC.Los miembros de esta plataforma han emitido un comunicado donde contraponen la «ejemplaridad de la UCO y de los guardias que se juegan la vida en la calle frente al descrédito judicial de los despachos políticos». En el último acto juntos de González y el DAO, en el que también estuvo Marlaska , se escucharon gritos de apoyo a los investigadores.

No se descarta que en los próximos días y eventos se vuelvan a vivir actos reivindicativos. Y es que muchos de estos mandos consideran finiquitado el periodo de Llamas al frente del Cuerpo.

Subrayan que haber evitado este primer envite no evitará su posible dimisión o renuncia en próximas fechas cuando avancen las diligencias que practican sus propios subordinados. La presión será máxima.