"La desobediencia civil pacífica ha sido y puede llegar a ser una medida necesaria y legítima para defender los derechos humanos": Catalina Ruiz-Navarro.Gustavo TorrijosEl martes, el excandidato presidencial y senador, Iván Cepeda, convocó a la “desobediencia civil pacífica” si Abelardo de la Espriella no renuncia a su problemática ciudadanía estadounidense, aclara si está trabajando con el gobierno de ese país, desiste de extraditar a Petro, y aclara su relación con el testaferro de Maduro, Alex Saab, entre otras exigencias. A pesar de que Cepeda ha hablado reiteradamente de una resistencia pacífica, muchas personas en el país están escandalizadas con el llamado a la desobediencia, equiparándolo casi con un llamado a la lucha armada.

No obstante, la desobediencia civil es una estrategia de larga data en los movimientos de derechos humanos. Consiste en una acción consciente y pública de incumplimiento de la ley en protesta por la injusticia.

Henry David Thoreau expresó al respecto que las personas tienen el deber moral de oponerse a leyes injustas y John Rawls hizo énfasis en su carácter público, por un lado, para que la protesta tuviera un impacto social, y llamó a que los manifestantes aceptaran las consecuencias que de la infracción para que el gesto fuera más poderoso. Para Habermas, la desobediencia civil es un síntoma de una democracia madura, en la que la ciudadanía es capaz de adoptar una postura crítica frente a las leyes y el gobierno, y el manejo (laxo o restrictivo) por parte del Estado es un termómetro de la cultura política.

Entre los ejemplos famosos de desobediencia civil están el de las sufragistas británicas que formaron la Women’s Social and Political Union, que organizaron protestas que iban desde tomarse el Parlamento hasta incendiar edificios públicos; el de Rosa Parks, la lideresa antirracista estadounidense que se negó a ceder su asiento en el bus en pleno segregacionismo de Jim Crow; o las más recientes protestas de Pussy Riot en Rusia. Pero en realidad la idea de la desobediencia civil está en la fundamentación de la protesta social como la entendemos hoy: puede ser “ilegal” que un grupo de manifestantes detenga el tráfico, o que vandalicen un cajero automático, pero estas reglas se rompen estratégicamente para comunicar unos valores y generar suficiente incomodidad para que actores con más poder, como el gobierno, decidan escuchar.

La desobediencia civil también está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cuyo preámbulo dice que es esencial que los derechos humanos “sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”, ya que “el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad”. Es decir, que la rebelión siempre debe poder ser una opción frente a la tiranía y que nuestro compromiso con los derechos humanos, con la humanidad, está por encima de las leyes y los gobiernos.

Uno puede estar o no de acuerdo con las razones de Cepeda para llamar a la desobediencia (sin duda es muy preocupante tener un presidente que ha jurado fidelidad y renunciado a cualquier lealtad a otra nación que no sea Estados Unidos), pero no puede ni decir que la desobediencia civil es ilegitima o acusarlo de violencia cuando está llamando a una resistencia pacífica. La desobediencia civil pacífica ha sido y puede llegar a ser una medida necesaria y legítima para defender los derechos humanos, y el manejo de la protesta en el próximo gobierno será la medida de sus garantías democráticas.