Cuando hace 20 años un tren descarriló justo antes de llegar a la estación de metro de Jesús, de Valencia, los familiares de los 43 muertos y 47 heridos que dejó la tragedia se asomaron a un precipicio político y judicial. Durante 14 años, las víctimas navegaron entre el desdén de los dirigentes políticos y la prolongación in aeternum de la causa que debía depurar las responsabilidades de la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

Atenazada por graves fallos, y después de tres archivos, la investigación culminó en 2020 con un acuerdo entre la Fiscalía y los ocho exdirectivos de FGV acusados. Cuatro salieron incólumes y el resto aceptó una pena de 22 meses de cárcel que les libró de entrar en prisión. “Fue agridulce.

Nos dejó una espinita clavada. No queríamos que se salieran de rositas”, valora Rosa Garrote, presidenta de la asociación de víctimas.

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