“El colorado (insulto irreproducible) de Santilli debería explicar cómo lleva el estilo de vida que tiene antes de ponerse a debatir sobre economía, de lo cual no sabe nada…”, decía en enero de 2023 Javier Milei en su cuenta de X, describiendo a Diego Santilli no solo como un neófito en economía, sino también como alguien que no puede explicar los modos, gastos y costumbres en su vida privada. En julio de ese mismo año, a través del mismo medio, fue aún más duro: “Diego Santilli, el candidato de los TikTok y el boludeo en una provincia gobernada por la inseguridad y los narcos.

El tipo que dice abiertamente que vive de su negocio y recibe sonrisas, no preguntas. No hay nadie que diga que no es un corrupto.

Es al que le pagaban la fiesta de cumpleaños con la tuya…”, despotricó entonces Milei contra el dirigente del Pro. El martes pasado, Diego Santilli asumió como jefe de Gabinete, reemplazando a Manuel Adorni, que renunció acosado por denuncias sobre enriquecimiento ilícito y por mentir reiteradas veces sobre la consolidación de su patrimonio y un repentino cambio en su “estilo de vida” en cuanto a los consumos, que no condicen con sus ingresos.

Lo curioso de todo esto es que Milei nunca se desdijo de su acusación sobre Santilli –“no hay nadie que diga que no es corrupto”- y lo elije para reemplazar a Adorni, de quien sostiene su inocencia. Luego del acto de asunción de Santilli, los tres terminaron abrazados.

Nuevamente, como lo hizo con Patricia Bullrich, que pasó de “asesinar chicos poniendo bombas en jardines de infantes” a ser su ministra de Seguridad o con el papa Francisco, que en pocos meses dejó de ser, según Milei, “el representante del maligno en la tierra” para convertirse en “el argentino más importante de la historia”, Milei descalificó y exoneró a las mismas personas sin mediar una razón, que no sea el interés político. Existen otros ejemplos que extenderían estas líneas a un punto de aburrimiento que solo confirmarían que Milei cambia de opinión elongando así su credibilidad hasta el extremo, como por ejemplo su cambio de postura sobre la solvencia de su ministro de Economía, Luis Caputo, de quien decía que “se fumó 15.000 millones de dólares de reserva irresponsablemente e ineficientemente y nos deja este despiole de Leliqs.

De los grandes desastres del Banco Central, lo hizo Caputo en dos o tres meses”. De aquello, pasó a ser el mejor de los ministros de la historia y tampoco se salva el flamante vocero presidencial, el economista Adrián Ravier, a quien Milei supo calificar de “carecer de velocidad mental” y ser “un imbécil total”.

Cambiar de opinión es saludable, pueden indicar una reflexión necesaria y a tiempo que aleja a las personas del fanatismo, pero cuando se manipula la palabra para descalificar la honorabilidad de las personas a conveniencia, tratándolos de “asesinos” o “corruptos”, es peligroso para sostener la credibilidad, mucho más si se trata de una autoridad política. Es que las palabras del presidente no suelen coincidir con sus acciones, su vehemencia le hace decir cosas -generalmente agravios- que luego no puede reafirmar con decisiones políticas y esto se convierte en un problema que también afecta la confianza pública sobre su figura.

Pocos, con pensamiento independiente, apostarían a que en un futuro no muy lejano, Milei no cambiará de postura, por ejemplo, respecto a Bullrich, Santilli, el mismo Caputo o cualquier otro dirigente. Como mínimo nos hace dudar sobre esta posibilidad.

Vivimos relativizando las contradicciones en la que habitan los políticos, como si esto fuera parte de su naturaleza. No solo pasa en nuestro país, sucede en todo el mundo.

Y se termina aceptando. “Si les decía lo que iba a hacer, no me hubieran votado”, expresó, sincerándose, Carlos Menem a principios de los 90, cuando su gestión mostraba estar muy lejos de su promesa llamada “revolución productiva”. Algo así podría adjudicársele a Milei con la dolarización y otros proyectos de los cuales hoy ni siquiera se habla.

Nos terminamos acostumbrando a que las promesas de campaña queden en frases convincentes que nunca se convierten en realidad. Sería injusto señalar solo a Milei por eso, todos lo han hecho.

El punto es que debería existir un límite, un nivel de tolerancia que debe poner la sociedad, porque muchas veces esos cambios desmedidos en la apreciación personal sobre otros actores políticos y sociales, en los que suele incurrir el Presidente, resultan por demás dañinos. En política las palabras son “hechos”, tienen su propia consistencia y no están divorciadas de la acción.

El pragmatismo muchas veces es necesario, pero acusar a distintas personas de cometer delitos sin recurrir a la justicia y luego -sin mediar una explicación lógicas- elegirlas para ocupar cargos relevantes, no es gratis, o no debería serlo, porque nos obliga a asumir que la firmeza moral no es tan importante para quien cambia abruptamente de opinión, incluso, denigrando su propia palabra. En estos tiempos, donde la era digital avanza más rápido que las regulaciones en ese campo y dónde las redes sociales se han convertido en el campo de batalla de la política, los archivos están a la mano de todos.

Dejaron de ser espacios físicos de acceso restringido para convertirse en datos que, según sus defensores, democratizaron el acceso a la información. Sería injusto no reconocer que esta nueva manera de acceder a la información instantánea también sirve para mantener viva la memoria.

Esto permite enriquecer la conversación pública. Gracias a la búsqueda sencilla e inmediata de estos pronunciamientos para incorporarlos al debate se pueden desnudar mentiras y contradicciones, porque tenemos todo el pasado habitando en cualquier dispositivo electrónico.

Las redes son tentadoras para la persona de a pie, pero debería ser un lugar más cuidado para los representantes públicos: no siempre es necesario hablar y denostar al otro para contentar seguidores. Un interesante ejercicio de libertad intelectual les puede permitir ser dueños de sus silencios, como también, responsables absoluto de sus dichos.

El presidente Milei es uno los defensores más acérrimos del uso de las redes sociales y la Inteligencia Artificial como herramientas políticas, recreando situaciones que nunca sucedieron, pero expresan una idea. Las utiliza para atacar y acusar sin pruebas cuando, paradójicamente, sus cambios lo convierten en la principal víctima de su alcance, ante la posibilidad que tiene cualquier ciudadano de desmentirlo y exponerlo rápidamente.

Quizás esto sea parte de la “emocionalidad importante” que lo caracteriza, según dichos de la senadora Bullrich. Un diputado de la Nación -Milei lo era cuando hizo las imputaciones aludidas- si decide acusar públicamente a un funcionario o empresario de corrupto, debería acompañar esas palabras con una denuncia en la justicia, la propia responsabilidad del cargo lo obliga.

Elisa Carrió fue un gran ejemplo de ese tipo de conducta, porque la integridad se sostiene y genera confianza pública cuando las palabras y las acciones dicen lo mismo. Claro que la responsabilidad, en especial en estos ejemplos mencionados, no es solo del Presidente, la comparte con aquellos que se lo permiten.

Como suele suceder con dirigentes políticos que asumen que un líder dominante necesita de colaboradores sumisos dispuestos a pagar un precio calladamente, porque en su balanza de valores obtener una cuota de poder pesa más que bajar la guardia y dejar pasar por alto aquellas imputaciones que buscaron con malicia someter su moral al escarnio público. En la política vernácula, mucho más en estos tiempos que corren, recibir un golpe y ofrecer la otra mejilla suele tener un precio.