En la recepción de la primera entrega de la cuenta anual 2025 por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la bancada de Morena se pronunció por garantizar la fiscalización en lugares controlados por el crimen organizado. Fue el diputado federal Arturo Roberto Hernández Tapia quien propuso que “se diseñen estrategias a fin de proteger en territorio a los auditores en zonas controladas por el crimen organizado, para que los correspondientes ejecutores del gasto no se queden exentos de la fiscalización”.

El legislador pidió a sus compañeros de la comisión de vigilancia y auditoría tomar medidas para que la ASF transparente en dónde se detectaron anomalías. Hernández Tapia también habló de la necesidad de que “se tomen mayores medidas, a fin de que no se violente el principio de presunción de inocencia de los sujetos fiscalizados, para que no sufran un daño político y moral por observaciones de auditorías que no han sido concluidas y que tienen la posibilidad de ser solventadas”.

Y alertó el parlamentario de Morena de la importancia de evitar que la revisión del ejercicio presupuestal y las observaciones que la ASF plantea sean utilizadas para vendettas políticas. Tres de las 21 denuncias penales que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó el viernes ante la FGR son por un presunto daño patrimonial al erario por 181 millones 179 mil 633.67 pesos que las autoridades del municipio mexiquense de Donato Guerra no aclararon en el ejercicio presupuestal de 2024.

La probable desviación de esos fondos en detrimento de la hacienda pública se encuentra documentada en tres pliegos de observaciones, expuestas en la auditoría forense número 900 de la cuenta pública del último año del sexenio anterior. El primer pliego plantea que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, por un monto de 77 millones 654 mil 403.00 pesos, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, “debido a que el municipio no proporcionó los registros contables y presupuestales ni la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, por lo que se desconoce el destino de las erogaciones financiadas con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Faismun) 2024”.

Por la misma omisión, el segundo pliego es por 34 millones 253 mil 989.39 pesos, más los rendimientos, en el caso del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun) 2024. Las irregularidades detectadas en la revisión de las participaciones federales a municipios 2024 suman 69 millones 271 mil 241.28 pesos, “debido a que el municipio no proporcionó los registros contables y presupuestales ni la documentación comprobatoria y justificativa del gasto”.

En el ejercicio del presupuesto de 2024, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) generó un probable daño por un importe de 103 millones 185 mil pesos y careció de un sistema de control interno adecuado para prevenir los riesgos, incumpliendo sus obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos del gasto federalizado. Esas son las consideraciones que se detallan en la auditoría 1476, de la que deriva una de las denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hace cuatro días ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La UABJO no remitió informes de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, tampoco envió los formatos sobre el destino del gasto, ni otros relacionados con el ejercicio de los recursos e indicadores del Fondo de Aportaciones Múltiples, entre otras omisiones. La auditoría contiene dos pliegos de observaciones; en uno se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 101 millones 932 mil 183.57 pesos por realizar pagos con los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales del ejercicio fiscal 2024 a dos proveedores y un contrato para la prestación de los servicios de subcontratación de personal, denominados como asesores académicos, administrativos y financieros, sin acreditarse que correspondieran a actividades de personal especializado.

El diputado federal Héctor Saúl Téllez (PAN) se pronunció por una fiscalización que permita conocer cómo está operando el gasto federalizado en Tamaulipas, Sonora, Baja California, Michoacán, Quintana Roo, Guerrero y, de manera especial, en Sinaloa. Expresó que este interés es porque son entidades con autoridades que han sido señaladas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como probables narcogobiernos.

Posteriormente, al fijar postura sobre el documento entregado por la ASF, el parlamentario expresó que esta primera entrega de la cuenta pública 2025 ofrece “un panorama sumamente limitado del proceso de fiscalización”. Argumentó el diputado Saúl Téllez que sus resultados se circunscribieron a la verificación de la distribución de las participaciones federales, “sin evaluar el destino, ejercicio o comprobación de los recursos públicos una vez ministrados”.

Destacó el legislador opositor que solo se dieron observaciones para Chiapas por un monto de un millón 403 mil 459 pesos. Explicó que tampoco existen elementos para evaluar el desempeño financiero de las dependencias federales. *mcam