El Partido Verde Ecologista de México utilizó la coyuntura de la denuncia penal pública interpuesta por María Felicia Jiménez Lavie en contra de su esposo, Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), por presuntos actos de violencia intrafamiliar, para urgir a la consolidación federal de órganos de procuración de justicia especializados en materia de género. La organización política remarcó la necesidad de robustecer las estructuras de las fiscalías locales para dotarlas de capacidades técnicas óptimas de investigación y erradicar la impunidad.

La acusación de la víctima cobró relevancia nacional luego de la difusión de un testimonio en video a través de plataformas digitales, lo cual detonó un pronunciamiento de respaldo solidario por parte de la Secretaría de las Mujeres. Asimismo, el caso generó la reacción de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien de manera tajante demandó a las autoridades judiciales correspondientes iniciar una investigación exhaustiva de los hechos con estricto apego al principio de legalidad, sin importar la relevancia pública del presunto agresor.

Ante este escenario, la dirigencia del Partido Verde recordó que el Congreso de la Unión aprobó a finales de 2024 una reforma legislativa diseñada por este instituto político, la cual mandata y promueve la creación de fiscalías especializadas en los 32 estados de la República. El propósito central de esta reforma es dotar a los ministerios públicos estatales de un esquema de profesionalización profunda para abordar conductas delictivas específicas que vulneran el tejido social, lo que a su vez agiliza el trámite procesal de las carpetas de investigación.

Finalmente, la bancada ecologista argumentó que la especialización del personal ministerial y la aplicación rigurosa de protocolos de actuación con perspectiva de género son herramientas jurídicas clave para erradicar los retrasos crónicos en los procesos judiciales. Frente a los crecientes casos de violencia intrafamiliar y agresiones por motivos de género, el partido concluyó que es indispensable que las instituciones cuenten con una infraestructura de protección inmediata a las víctimas, garantizando el acceso integral a la justicia y aplicando sanciones ejemplares a los responsables.