Durante años, nos hemos acostumbrado a escuchar, como si de un mantra irrefutable se tratase, las noticias que celebran el milagro económico panameño. Con un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB) de entre un 4.0% y un 5.0% anual, ostentamos cifras que superan con creces la media mundial del 3.0% y que eclipsan el modesto 2.0% de América Latina.

No obstante, bajo la superficie de estas estadísticas, surge una interrogante: ¿está el panameño de a pie experimentando realmente este bienestar? Si nuestra economía despega como un cohete, resulta evidente que la inmensa mayoría de los ciudadanos se ha quedado en tierra, observando el ascenso desde la precariedad.

La realidad es que no existe un solo Panamá, sino dos repúblicas paralelas que cohabitan el mismo territorio. Por una parte, prospera el lado del tránsito y los servicios globales: el Canal de Panamá, los puertos, el centro bancario internacional y la Zona Libre de Colón.

Por otro lado, sobrevive el Panamá de la economía interna. Aquí, en sectores como la agricultura, el comercio al por menor y la construcción, se aglomera la mayoría de la fuerza laboral del país.

No obstante, es un ecosistema condenado a la baja productividad, a salarios estancados y a un crecimiento real raquítico. El drama se vuelve aún más profundo al notar que prácticamente cinco de cada diez trabajadores en Panamá sobreviven en la economía informal.

Para esta inmensa masa ciudadana, los deslumbrantes récords del PIB no son más que una ilusión lejana estadística. La verdadera conexión entre ambas economías debería ser el empleo.

El hijo de un agricultor debería tener la libertad y la preparación para terminar trabajando en el centro bancario. A esto se suma la ceguera selectiva de un modelo que confunde la macroeconomía con la vida real.

Mientras los informes oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) presumen de una inflación general estadísticamente moderada (que en 2025 cerró incluso en -0.2% y para inicios de 2026 acumula cerca del 2.2%), el panameño común mide su economía con la vara implacable del gasto diario. Lo que golpea el bolsillo son los aumentos asfixiantes en sectores clave: repuntes recientes del 3.5% en transporte impulsados por el combustible, alzas del 4.3% en electricidad y energía, y el encarecimiento constante de alimentos frescos.

Estos altos costos devoran con rapidez cualquier ajuste salarial y castigan severamente el poder adquisitivo, neutralizando la más mínima sensación de bienestar. Esta dinámica no es accidental; es el motor de nuestra desigualdad.

No es casualidad que Panamá figure de manera crónica entre los países con peor distribución de ingresos del mundo (con un índice de Gini que se sitúa en la actualidad alrededor de 50.6, posicionando a Panamá como el segundo país con mayor desigualdad de ingresos en América Latina). La riqueza generada por este crecimiento se queda retenida en las capas más altas de la sociedad y se concentra casi exclusivamente en la región metropolitana, ensanchando una brecha histórica y dolorosa con las clases populares, las provincias del interior y las comarcas.

Toda esta arquitectura de exclusión se sostiene gracias a un pilar innegable: la corrupción institucionalizada y el amiguismo. No se trata únicamente de políticos saqueando fondos públicos de manera aislada, sino de un sistema estructural donde el poder estatal se utiliza para otorgar licitaciones a dedo, crear barreras de entrada que protegen a los monopolios amigos y destruir la libre competencia.

La corrupción actúa como el impuesto más regresivo y cruel de todos, castigando al emprendedor que intenta surgir por mérito propio y asfixiando cualquier posibilidad real de movilidad social. Al igual que ocurre con nuestra política, donde el poder se concentra en grupos privilegiados, nuestro modelo económico ha normalizado la exclusión.

Entonces, cabe preguntarse: ¿podemos realmente afirmar que el país está creciendo cuando dejamos a la mayoría de su gente fuera de la ecuación? Un crecimiento centralizado que no se traduce en libertad económica, oportunidades y desarrollo humano no es más que un espejismo estadístico, diseñado para tranquilizar a unos pocos mientras condena al resto a sobrevivir en las sombras del progreso.

La autora es amiga de la Fundación Libertad.