Una plataforma que ofrece transacciones en criptomonedas, llamada Plusspay, estaría vinculada al Tren de Aragua, según dio a conocer hace poco más de una semana El Mostrador.Es más, el dueño de la empresa, el venezolano José Manuel Ríos Guaidó, habría estado ligado a los sujetos detenidos de la Operación Tokio, a quienes se imputa un pozo cercano a los $75 mil millones de dinero que se lavó entre 2022 y 2025, proveniente de mercados ilícitos.La compañía se encontraba inscrita en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros de la Ley Fintech, pero no contaba aún con la autorización definitiva.Y este viernes la CMF comunicó que canceló la inscripción de Inversiones Plusservice Spa dado que la compañía no presentó oportunamente la información actualizada exigida por la NCG N°502 para efectuar una actividad dentro del plazo previsto en el artículo 13 de la ley fintech.Así, dicha empresa dejará “de estar amparadas en la habilitación transitoria que la ley fintech concedió para operar mientras se procesaba su inscripción en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros y se otorgaba la correspondiente autorización prevista en el artículo 7° de la Ley. Por tanto, no podrán continuar prestando los servicios financieros comprendidos en el artículo 2° de la Ley N° 21.521″, explicó el regulador mediante un comunicado.La resolución exenta que ejecuta el acuerdo del consejo de la CMF para cancelar la referida inscripción, explica que Inversiones Plusservice Spa se inscribió en el referido registro el 2 de enero de 2024 y, posteriormente, solicitó la autorización de prestación de servicios el 22 de enero de 2025.“Que, habiéndose constatado que a la fecha la entidad no ha acompañado los antecedentes, que den cuenta que se ajustó, dentro de los plazos establecidos, a las exigencias de adecuación al nuevo régimen regulatorio aplicable a las sociedades inscritas en el Registro Prestadores de Servicios Financieros, previstas en la Ley N°21.521 y en la Norma de Carácter General N°502, y habiéndose excedido el plazo de doce meses previsto en el inciso primero del artículo 13 de la Ley N°21.521 para cumplir lo ordenado en dicha disposición, se han configurado los presupuestos que habilitan la cancelación de la inscripción", afirma la resolución.La CMF también reportó la cancelación de inscripción de otras entidades registradas para prestar servicios fintech distintos a la asesoría de inversión, y que no proporcionaron la información actualizada exigida por la NCG N°502; o no solicitaron autorización para efectuar una actividad dentro del plazo previsto en el artículo 13 de la ley fintech.

Estas son luinvest SpA y Pixeltec SpA. Ellas tampoco podrán seguir prestando servicios financieros.¿Cuál es la diferencia entre estar inscrito o autorizado?

En 2023 se publicó la Ley Fintech que busca regular a esta industria, y que afirma que solo podrían realizar esta actividad quienes cuenten con el visto bueno de la CMF. Este visto bueno se compone de dos partes.

Primero, una inscripción genérica en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros administrado por la CMF, que es principalmente un análisis desde el punto de vista jurídico y legal. El segundo trámite es una autorización para poder prestar uno o más servicios, que corresponde a un análisis más profundo y operativo.La Ley Fintech se preocupó de resguardar a aquellas empresas que estaban desarrollando esta actividad con anterioridad a la publicación de la ley, y permitió que siguieran operando y prestando servicios hasta que la CMF les diera la autorización definitiva, siempre y cuando se inscribieran previamente en el referido Registro.

Por eso, se dio plazo hasta el febrero de 2025 para hacer la solicitud de inscripción, y luego podían seguir tramitando en paralelo la autorización definitiva.Entre 2024 y 2025 la CMF recibió 445 solicitudes de inscripción en el marco de la Ley Fintech. Al acierre del año pasado se registraban 67 entidades inscritas, 129 solicitudes no lograron la inscripción, mientras que 249 continuaban en proceso, según comunicó la CMF en su última cuenta pública.En tanto, al cierre del año pasado la CMF había recibido 282 solicitudes de autorización para prestar los servicios que establece la Ley Fintech.

Las entidades autorizadas al cierre del año pasado eran 58, nueve estuvieron eximidos de autorización, hubo 39 solicitudes que no lograron la autorización, y 176 continuaban en proceso.