Con el respaldo de la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE), un grupo de enfermeras jubiladas del Hospital de Clínicas acudió este viernes al Palacio de Justicia para reunirse con el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el ministro Gustavo Santander. Las afectadas exigieron una investigación conjunta y una auditoría urgente ante lo que califican como una implacable “mafia de los pagarés”, que las despoja de hasta el 50% de sus haberes mensuales.

Mirna Gallardo, presidenta de la APE, explicó que el esquema pudo ser finalmente desnudado gracias a un informe de la Comisión Permanente del Congreso Nacional. No obstante, advirtió que la impunidad persiste porque el Poder Judicial venía tramitando las denuncias como “casos aislados”, permitiendo que los sospechosos sigan operando.

Según la denuncia, el origen del esquema se remonta a la extinta Asociación Mutual del Hospital de Clínicas (Amuclin). Cuando la mutual operaba en el viejo edificio del hospital, hacía firmar pagarés dobles a los funcionarios que solicitaban pequeños créditos para comprar provistas, carne o enseres del hogar.

Luego de la desaparición de Amuclin, la entonces abogada de la entidad, Lourdes Aranda, presuntamente se quedó con los documentos en blanco y con firmas dobles para iniciar juicios ejecutivos de descuento salarial. “Esta señora Lourdes Aranda hace una cesión de derechos a Fabio Molinas, quien es oficial de justicia, y este inicia otro descuento a las mismas personas por los mismos pagarés. Luego, también le cede los derechos a Julia Mabel Rojas, una docente que es esposa de Fabio Molinas.

Este trío iniciaba las demandas a las víctimas”, explicó Gallardo. El esquema se valía de una presunta complicidad o negligencia judicial: las notificaciones de las demandas se enviaban deliberadamente al Hospital de Clínicas cuando las afectadas ya eran jubiladas, impidiéndoles ejercer su derecho a la defensa oportuna.

El perjuicio por cada enfermera oscila entre los G. 50 millones y G. 100 millones, sumas siderales considerando que la mayoría percibe el salario mínimo o montos cercanos a los G. 3.000.000. “Hace diez años que se me descuenta y voy por G. 100 millones. Ya soy jubilada hace cuatro años y sigue el descuento.

Nunca me entregaron ningún pagaré ni sé de cuánto es mi deuda inicial, ni un papel higiénico me dieron. De un salario de G. 3.200.000, me sacan G. 1.500.000”, lamentó, Margarita Portillo, quien alertó que la abogada Aranda ya estaría buscando activar una nueva demanda en su contra.

Por su parte, Luciana Bernadet Torres denunció que le descuentan casi G. 2.000.000 de sus G. 3.000.000 de sueldo por una supuesta deuda que jamás contrajo. “Yo nunca tuve pagaré, nunca firmé. Es más, yo le decía a mis compañeros que no firmen nada.

Aparecen pagarés con montos absurdos como G. 3.429.000. ¿Quién te presta dinero con decimales?

Supuestamente presté hace 10 años y recién en 2023, sin previo aviso, me ejecutan”, cuestionó. Torres denunció que la abogada Lourdes Aranda interpuso un pedido para privarla del servicio de la Defensa Pública, situación que ahora está en manos de la Cuarta Sala del Tribunal de Apelación (integrada por los camaristas Miguel Ángel Rodas, Enrique Monjes y Giuseppe Fossati), a quienes la APE exige celeridad.

La titular de la APE remarcó que el esquema cuenta evidentemente con “protección” dentro del sistema judicial, dado que Fabio Molinas sigue ejerciendo como oficial de justicia y los descuentos automáticos no paran. Varios de estos expedientes se encuentran en la actualidad paralizados en el juzgado a cargo del juez Diego Martín Acosta Conde.

Gallardo comunicó que el presidente de la Corte se comprometió a ordenar de forma inmediata una auditoría integral y conjunta de todas las causas vinculadas a Amuclin y al citado trío de demandantes. Las víctimas exigen que, una vez constatadas las irregularidades, los antecedentes sean remitidos al Ministerio Público para una persecución penal y que se ordene la devolución total del dinero robado.