El 7° Juzgado de Garantía de Santiago ordenó la prisión preventiva para dos presuntos integrantes de una asociación criminal dedicada al tráfico de migrantes.Jean Chery Dormeus y Ezechiel Rome, hombres, mayores de edad de nacionalidad haitiana, con situación migratoria regular en el país, fueron formalizados por la Fiscalía Centro Norte por los delitos de asociación criminal para el tráfico ilícito de migrantes y lavado de activos.El juez Freddy Cubillos estimó que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y que esta era la única cautelar que permite satisfacer un adecuado proceso.La causa se originó en antecedentes de una operación de Interpol.Según la investigación, por medio de las agencias Mundo Pam y Caneneen, los imputados se dedicaban a promover y facilitar la entrada a Chile de niños haitianos, a través de pasos inhabilitados y cobrando grandes sumas de dinero a sus padres y familiares.Cobraban cerca de 3 millones de pesos por viaje y habrían conseguido ganancias por 800 millones.La red que investigó el Ministerio Público organizaba viajes que salían desde Haití, pasando por República Dominicana hasta llegar a Chile.Entre los hechos que comunicó fiscal regional de la Fiscalía Centro Norte, Francisco Jacir, se hizo presente que en 2024, cuando la estructura había asumido el traslado de menores de edad, parte de ellos fueron detenidos, por lo que, en un caso, un menor de edad haitiano quedó ocho meses en una residencia en República DominicanaEl menor, posteriormente, fue deportado de Haití, mientras su padre estaba en Chile y hasta la fecha no se logra la reunificación familiar.Jacir insistió en que los imputados se “aprovecharon de la urgente necesidad de reunificar familiar” de las víctimas. Los sujetos fueron formalizados por ocho hechos y el Ministerio Público solicitó su prisión preventiva, a lo que el tribunal accedió y fijó un plazo de investigación de 90 días.

Se establece que hay antecedentes fundados de la participación de los imputados en los hechos formalizadosAl resolver, el juez consideró que la Fiscalía dio cuenta de la existencia de un grupo organizado con funciones claras, que captaba a personas para que pagaran por el traslado irregular de menores y que se constataron operaciones entre tres países con participación de sujetos que trasladan a esos niños por esos paísesLos sujetos operaron por al menos dos años con una clara distribución de funciones y brazos operativosHay otros cuatro sujetos individualizados que formarían parte de la estructura. Están fuera de Chile y son ciudadanos haitianos y dominicanos.