Los más alarmistas, como Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) -el sindicato con mayor cantidad de profesores agremiados-, advierten que hay 15.000 docentes con títulos falsos, que accedieron a rubros y están en las aulas de escuelas públicas. La fiscala Teresa Sosa Laconich, que tuvo a su cargo una primera denuncia sobre diplomas apócrifos en Ciencias de la Educación, expresa que hay un esquema de estafa que abarcaría 1.500 casos solo en cuatro departamentos: Caaguazú, Alto Paraná, San Pedro y Concepción.

La agente tiene a 14 maestros imputados hasta la fecha por esta mafia de los títulos que no son auténticos, donde hay de todo. Están las personas que compran directamente sus cartones por sumas estimadas entre G. 6 millones a G.25 millones, según comunicó el mismo ministro de Educación, Luis Ramírez, mientras en otros casos, los alumnos, en su buena fe estudiaron cuatro años de carrera, pero resultó que lo hicieron en institutos "fantasma", que no estaban habilitados por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), por lo que los títulos que recibieron también podrían ser anulados.

El ministro de Educación, Luis Ramírez, denunció públicamente, el lunes 15 de junio, la existencia de 250 diplomas no auténticos, que podrían subir a 550. Los implicados no pudieron probar con ningún documento que efectivamente cursaron las carreras que se atribuyen en los papeles.

Del total de 250, la Asesoría Jurídica del MEC presentó el viernes 19 de junio una denuncia penal sobre 145 casos. La educación superior paraguaya quedó en evidencia cuando la falsificación de títulos llegó hasta el Congreso Nacional, donde se formó una comisión especial para investigar esta trama.

El ex senador Hernán Rivas, una de las figuras más protegidas por el cartismo, debió renunciar a su banca debido a una investigación de la Justicia por su supuesto título “mau” de abogado. El cartón fue emitido por la Universidad Sudamericana y registrado por el MEC.

También generan sospechas los diplomas del diputado cartista Yamil Esgaib, supuestamente Licenciado en Administración de Empresas y su hijo, el concejal Nasser Esgaib, igualmente cartista y ambos recibidos de la Universidad Sudamericana. Padre e hijo fueron denunciados por terminar, aparentemente, sus carreras en tiempo récord.

Se habrían recibido en apenas tres años de carrera. Al ser consultado por medios de comunicación, en reiteradas ocasiones sobre si podría mostrar su cartón de egreso, el diputado Esgaib respondió “cuando se me antoje”.

Este jueves, la comisión especial del Congreso para investigar los casos de los títulos falsos tuvo una primera sesión, con el ministro Ramírez, que explicó la trama detrás del caso de los cartones de docentes. Raúl Aguilera, ex ministro de Educación y ex presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), asegura que la educación superior paraguaya enfrenta una “crisis de legitimidad” sin precedentes recientes.

Plantea 13 medidas urgentes y de corto plazo para sanear el corrupto sistema de falsificación, que, según explica, pueden realizarse de manera independiente a los procesos penales en curso. El experto indica que, como primera acción, el MEC debe potenciar, actualizar y visibilizar su plataforma de datos abiertos con registro de títulos de acceso público. “Debe, en un plazo máximo de 30 días, garantizar que la plataforma refleje en forma completa y actualizada la totalidad de los títulos registrados en los tres niveles del sistema, pregrado, grado y posgrado.

Que todo funcionario público, toda la ciudadanía conozca esta herramienta”, agrega. Aguilera sostiene que el MEC debería, asimismo, suspender de manera cautelar, el registro de nuevos títulos provenientes de todas las instituciones formalmente investigadas por el Ministerio Público, hasta tanto se defina su situación procesal o las instituciones demuestren que los programas cuestionados cuentan con respaldo académico verificable. “Luego se debe iniciar una auditoría masiva y sistemática de todos los títulos registrados en los últimos 10 años por las instituciones denunciadas, cruzando los datos de registro con los sistemas de información académica de cada institución”, alega.

Otro punto debería ser, según el ex ministro, la firma de un convenio interinstitucional con el Ministerio Público, Viceministerio de Capital Humano del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Aneaes. El plazo máximo para que se confirme este acuerdo debe ser de 15 días.

La idea es que estas instituciones implementen un cruzamiento de datos abiertos para verificar los diplomas. Al igual que una cantidad numerosa de expertos locales, investigadores y científicos, Aguilera también lanzó dardos hacia la gestión actual del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones).

La institución, que ahora tiene como presidente al ministro Luis Ramírez y como vicepresidente a Hermenegildo Cohene, rector de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), es ampliamente cuestionada por motivos como ejercer de “jueces y parte” al estar controlado por rectores de universidades, que tienen que controlarse a sí mismos. Según Aguilera, la situación actual puso en evidencia que los criterios actuales de habilitación de programas por parte del Cones son “insuficientes” para garantizar que una institución habilitada, cuenta con la capacidad académica, la infraestructura y el cuerpo docente idóneo para desarrollar un programa de calidad. “Muchos de los títulos irregulares detectados, provienen de instituciones formalmente habilitadas que, en la práctica, operan sin los requisitos mínimos declarados”, añadió sobre el punto.

Aguilera sugiere al Consejo reformular en dos meses sus criterios para la habilitación de programas universitarios. Nancy Ovelar, representante de Paraguay ante la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), lamenta que el futuro del desarrollo del país está en juego ante el esquema de la venta de documentos universitarios. “Yo creo que cada título vendido es una traición a la Patria, sobre todo también es una injusticia para todos los que estudian, se esfuerzan y con honestidad y capacitación buscan salir adelante”, afirma la embajadora.

Ovelar, ex viceministra de Educación, expresa que se corrompen las bases sobre las cuales se construye la nación. “Desde Unesco justamente se plantea una perspectiva de transparencia y calidad académica, que son fundamentales para que un país aspire a desarrollarse, con docentes que presenten conocimientos y competencias reales, no humo”, manifiesta. La embajadora Ovelar pide igualmente fortalecer los controles institucionales para evitar más daños, ya que “esto daña profundamente la imagen del país”. “Sancionar, suspender y tomar todas las medidas legales hacia los responsables, con absoluta transparencia.

Creo que también es importante iniciar acciones como verificación en tiempo real de los títulos de grado y de posgrado”, refiere. Remarca que la sociedad debe reaccionar, de modo a que nadie más se atreva a cometer este fraude, comprando o vendiendo los documentos de educación superior. “La respuesta debe ser contundente y que no quede en el famoso oparei”, solicita la representante de Paraguay ante la Unesco.