La iniciativa legislativa, presentada originalmente por el diputado colorado Yamil Esgaib, plantea declarar la emergencia sanitaria, farmacéutica y edilicia en el IPS por un plazo de 12 meses. El argumento principal es el desabastecimiento crítico de 154 medicamentos esenciales y las graves fallas de infraestructura en el Hospital Central, donde apenas funcionan de forma intermitente 14 de sus 20 ascensores.

A pesar del escenario de crisis, el exdirector de Contrataciones Públicas Pablo Seitz enfatizó que el sistema actual de compras públicas cuenta con los mecanismos necesarios para responder con velocidad sin necesidad de alterar el marco legal ni saltarse los controles preventivos. “No creo que la creación de un sistema de compras por vía de la emergencia sea la solución al problema real. Es sentarse, analizar primero el problema, buscar las alternativas de las herramientas disponibles y ahí sobre eso trabajar”, aseveró el experto.

Entre las alternativas ya contempladas en la Ley N° 7.021/2022 de Contrataciones Públicas, Seitz destacó: Al ser consultado sobre el impacto de la propuesta que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, Seitz fue claro acerca de los riesgos financieros y de gestión: “A medida que se reduzcan esos plazos, que se reduzca la transparencia, aumenta el riesgo de que el comprador público no cuente con la mejor oferta disponible en el mercado”. Aclaró que el peligro no pasa únicamente por hechos de corrupción o malversación, sino por no asegurar las mejores condiciones comerciales. “La mejor compra posible no es la más barata, es la que mejor cubra las necesidades públicas”, recordó.

En otro orden, Seitz calificó de “muy prudente” la postura del actual titular del IPS, Isaías Fretes, quien recomendó postergar el tratamiento del proyecto en el Senado debido a las dudas sobre cómo garantizar la transparencia de los fondos. El exdirector de la DNCP concluyó que una mayor discrecionalidad se traduce directamente en una mayor responsabilidad legal y penal para los miembros del Consejo de Administración del IPS.

Por ello, recomendó al Congreso identificar si el problema de fondo de la previsional es financiero (lo que requeriría una modificación presupuestaria) o de gestión de procesos, antes de abrir una ventana a excepciones que debiliten el control del dinero de los asegurados.