La derrota que sufrió el gobierno en el Tribunal Constitucional (TC) sobre el proyecto Escuelas Protegidas, una de las iniciativas emblemáticas impulsadas por la administración del Presidente José Antonio Kast, sigue generando debate, a la espera de los argumentos del veredicto.En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera el abogado Pablo Sandoval, quien defendió el requerimiento de los diputados de oposición ante el tribunal, se refirió a los alcances que podría tener la decisión.Una vez conocido los argumentos de los jueces se podrá dimensionar el alcance político y jurídico de un reves, que golpea directamente una de las apuestas legislativas más relevantes de esta administración.Así Sandoval remarcó que el fallo por Escuelas Protegidas podría afectar a otro de los proyectos relevantes de La Moneda: el Registro Único de Vándalos e Incivilidades.“Es posible que pueda tener algún efecto, en la medida que la argumentación del TC se refiera, por ejemplo, a la naturaleza jurídica de la gratuidad, a las relaciones con el derecho a la educación, con el deber de progresividad que existe en materia de derechos sociales en tratados internacionales”, expuso el abogado.Así Sandoval explicó que: “El Estado chileno tiene que ir avanzando y nunca retrocediendo, y cuando se toman medidas que son regresivas -no tengo dudas que en este caso es una medida regresiva, en el sentido que ya no va a estar disponible este acceso al derecho a la educación para muchas personas- tiene que justificarse muy bien su necesidad, su idoneidad”.Así el abogado explicó el porqué el TC probablemente se decidió por frenar la pérdida de gratuidad en el caso del proyecto de Escuelas Protegidas. “Si es una sanción tiene que pasar por un juzgamiento, eso es un principio fundamental del debido proceso, no hay sanción válida sin juzgamiento y en el caso de la propuesta del gobierno lo que había era una inhabilidad absoluta, automática, en el caso de que una persona fuera condenada y que solamente se podía discutir en el caso de adolescentes, pero en el caso de adultos, es decir, una persona de 19 años que cometiío estos delitos, por cinco años no iba a poder tener gratuidad".Asimismo, el profesional cuestionó la alternativa que se está barajando en el oficialismo para, por ejemplo, a través de una reforma constitucional permitir la revisión de las mochilas de los estudiantes.“Es una forma de redoblar la apuesta... Yo diría que en esto hay suficientes argumentos para defender la idea de que la revisión forzosa de mochilas no es una medida necesaria e idónea para avanzar en los problemas que tiene el sistema educativo.

Entonces va a ser difícil quizás que el gobierno demuestre que forzar al estudiante a revisar la mochila tiene estos beneficios”, remarcó.En tanto, Sandoval también fue consultado respecto de los cuestionamientos que en el pasado hizo la ahora oposición al Tribunal Constitucional y su decisión actual de recurrir a él.“Uno no puede desconocer que es la Constitución que tenemos, que entrega una serie de herramientas que creo que son completamente válidas de utilizar y sobre todo, establece un marco de derechos fundamentales para todas las personas, sobre todo en este caso para niños, niños y adolescentes que son de fundamental protección. Y la discusión que se puso sobre la mesa tenía muchos fundamentos jurídicos”, indicó.