RÍO GALLEGOS.— La Fiscalía de Estado de Santa Cruz presentó una denuncia penal contra los efectivos policiales y demás personas que hayan participado de los hechos ocurridos el pasado 23 de junio en la Casa de Gobierno provincial, en el marco de las protestas salariales que mantiene un sector de la fuerza de seguridad. La presentación –a la que tuvo acceso La Opinión Austral– fue realizada por la fiscal de Estado, Natalia Linardi, quien solicitó a la Justicia que investigue la posible comisión de los delitos de atentado contra la autoridad, violación de domicilio y coacción, previstos en los artículos 237, 150 y 149 bis del Código Penal.

Fiscal de Estado de Santa Cruz, Natalia Linardi. Según consta en la denuncia, los hechos se produjeron alrededor de las 11 de la mañana de este martes 23, cuando un grupo de manifestantes ocuparon los jardines y accesos de la sede gubernamental, impidiendo el ingreso y egreso por el portón principal y obstaculizando la circulación de vehículos oficiales.

En el escrito, la Fiscalía sostiene que la protesta excedió los límites del derecho constitucional a peticionar y que la ocupación de los espacios de acceso a Casa de Gobierno habría afectado el normal funcionamiento de la administración pública. Asimismo, remarca que los involucrados serían, en su mayoría, efectivos policiales en actividad o retirados, circunstancia que -a criterio del organismo- reviste especial gravedad institucional.

La manifestación vulneró el portón que separa la vereda con el interior del patio de Casa de Gobierno. (FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL). La denuncia también señala que la manifestación generó una situación de vulnerabilidad para trabajadores y funcionarios que desarrollan tareas en el edificio, asimismo de interferir en el desempeño de funciones públicas esenciales.

Junto con la presentación penal, la Fiscalía de Estado solicitó una medida cautelar urgente para garantizar la seguridad perimetral de Casa de Gobierno, asegurar el libre acceso y egreso del personal y evitar nuevas interrupciones en el funcionamiento de la sede gubernamental. Como parte de la documentación acompañada, se incorporaron informes remitidos por la Secretaría General de la Gobernación y un acta de constatación notarial realizada durante la jornada del conflicto, en la que se dejaron asentadas las condiciones observadas en el lugar.

La denuncia presentada por la Fiscalía de Estado ante la justicia. Ahora será la Justicia la encargada de determinar las responsabilidades que pudieran corresponder y establecer si los hechos denunciados constituyen delitos penales, en el marco de la investigación que se inicie a partir de la presentación efectuada por la Fiscalía de Estado.

Cabe recordar que en hechos similares ocurridos por reclamo de policías, uno de ellos en el año 2020 en la provincia de Buenos Aires, la justicia ha sido clara respecto que son funcionarios armados y las fuerzas de seguridad tienen restricciones especiales para ejercer medidas de fuerza o reclamos colectivos. En esa oportunidad, efectivos de la fuerza se manifestaron en los alrededores de la Quinta presidencial de Olivos.

Ante esto, las fiscalías investigaron esa hipótesis respecto de algunos participantes y de determinadas conductas ocurridas durante los reclamos.