Esta jornada, la Contraloría General de la República publicó el esperado informe final de la investigación que puso en alerta sobre presuntas irregularidades en vuelos con niños provenientes de Haití bajo el programa de reunificación familiar en vuelos chárterLa jornada de ayer, y en un punto de prensa, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, junto al director general de la Policía de Investigaciones (PDI) Eduardo Cerna, dieron a conocer que los 64 niños que se mantenían inubicables según el preinforme.Ahora, y según se detalla en el informe final de la investigación, Contraloría denuncia que ha detectado un “desorden mayor y bajo nivel de coordinación entre las instituciones a cargo del Programa de Reunificación Familiar”.En esto, indican, se identificó incumplimientos a la normativa en el otorgamiento de permisos de reunificación familiar. Entre ellos, detallan, “certificados vencidos o no legalizados y la ausencia de documentos obligatorios, así como la emisión de un memorándum que, sin contar con atribuciones para ello, disminuyó los requisitos y condiciones aplicables al procedimiento y a los documentos que la ley y el reglamento fijan como indispensables para el ingreso al país”.

A ellos, añaden, se suman irregularidades en el control de vuelos, particularmente chárter, donde se detectó la falta de presentación del listado de pasajeros exigido por la normativa por parte de una aerolínea, sin que se les haya aplicado oportunamente la sanción respectiva por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig). También desde la Contraloría apuntan a que existe una ausencia de verificación suficiente de los adultos responsables de los menores y otras inconsistencias en la información, lo que impide asegurar un control adecuado del ingreso al país.Sumado a esto, el informe evidencia una serie de incumplimientos relevantes en el SERMIG, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez, asociados principalmente a “debilidades de control interno, falta de coordinación institucional y deficiencias en la gestión de procesos migratorios”.Asimismo, añade,se constata una falta de coordinación interinstitucional entre dichos organismos en el resguardo de los niños, niñas y adolescentes, lo que implicó ausencia de protocolos comunes, deficiencias en el intercambio de información y respuestas tardías ante situaciones de riesgo, afectando el seguimiento efectivo de los menores para asegurar su protección.

Sobre el Sermig, apuntan, “presenta debilidades significativas en sus controles”. En esto, se detalla la falta de verificación de datos autorreportados por los solicitantes, la ausencia de protocolos para situaciones críticas (como el fallecimiento del vínculo familiar), y la aprobación de permisos sin contar oportunamente con antecedentes esenciales, como el Informe Policial.

Asimismo, se detectaron deficiencias en la calidad de la información, incluyendo registros incompletos, duplicados o erróneos.En cuanto a la PDI, el informe de Contraloría también cuiestiona que no cuenta con manuales generales, formales y completos de control migratorio, contando solo con instructivos parciales. Asimismo, sostienen, también se observaron errores en registros, como digitación incorrecta de pasaportes, discrepancias en la información migratoria respecto del Sermig y debilidades en la fiscalización de extranjeros en situación irregular.“Se advierte una débil estructura de control interno y gestión, evidenciada en la falta de segregación de funciones, la ausencia de procedimientos formales en la asignación de solicitudes y carencias en la definición de roles en los sistemas informáticos institucionales”, añaden en el comunicado.

Debido a las deficiencias detectadas, Contraloría instruyó sumarios administrativos en los tres servicios auditados para determinar eventuales responsabilidades funcionarias.Junto con esto, también ordenó implementar sistemas de seguimiento activo de los niños, niñas y adolescentes por parte de la Subsecretaría de la Niñez y las oficinas locales de la Niñez, para verificar que no se hayan vulnerado sus derechos. Asimismo, se realizará un examen de cuentas autónomo, por la falta de aplicación de sanciones pecuniarias a una aerolínea que ingresó al país sin cumplir la normativa.

También, sumado a esto, indican que se instruyó un procedimiento disciplinario por vulneración del deber de reserva del pre informe debido a su filtración a la prensa, y tratamiento indebido de información sensible, “incluyendo datos de los niños, niñas y adolescentes”, junto con el envío de los antecedentes de dicha filtración al Ministerio Público.