El Congreso de Veracruz vivió una jornada de confrontación política luego de aprobarse dos dictámenes para la venta, mediante subasta pública, de 346 vehículos oficiales, entre ellos 40 unidades de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) y 306 vehículos asignados a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Legisladores de oposición denunciaron que ambos procesos presentan avalúos irrisorios, omisiones técnicas, irregularidades administrativas y riesgos para la seguridad pública.

Los legisladores acusaron vicios de origen y opacidad por parte del gobierno de Rocío Nahle, ya que, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, entregan informes, pero no a todos los legisladores ni como lo solicitan. La primera polémica estalló cuando la diputada Ana Rosa Valdez, del PRI, cuestionó el dictamen que autoriza la venta de 40 vehículos catalogados como desecho ferroso.

Desde tribuna acusó que el documento “repite los mismos vicios” del aprobado semanas atrás para la baja de 94 unidades oficiales y reclamó que no se le han entregado las fotografías ni el dictamen técnico que acreditan el estado real de los bienes. “El gobierno solo administra los bienes de sus representados, no son de su propiedad”, advirtió. Valdez denunció asimismo inconsistencias en el origen del expediente, al señalar que el dictamen técnico fue emitido por la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), pese a tratarse de activos de Salud.

Aseveró que el procedimiento está “amañado” y exigió que se exhibieran los documentos para poder emitir su voto, lo que no sucedió. El Pleno también aprobó un segundo dictamen para subastar 306 vehículos de la Secretaría de Seguridad Pública, entre ellos 12 unidades blindadas y ocho camionetas Suburban modelo 2013, lo que detonó un nuevo enfrentamiento.

La diputada Monserrat Ortega denunció que los precios fijados por la Comisión de Hacienda representan un “remate” del patrimonio estatal. Según expuso, mientras en el mercado secundario una Suburban blindada puede alcanzar valores de entre 700 mil y 2.7 millones de pesos, el dictamen propone venderlas en apenas 36 mil pesos. “Estamos hablando de precios totalmente irrisorios.

Solamente el medallón frontal blindado cuesta más de 50 mil pesos; los puros vidrios valen más que toda la camioneta”, ironizó. Ortega indicó que el dictamen técnico no especifica el nivel de blindaje de las unidades, un dato indispensable para justificar su depreciación.

También criticó el criterio utilizado por los peritos valuadores, quienes —según expresó— consideran que los vehículos pierden el 100 % de su valor después de cinco años de uso. La legisladora reiteró la denuncia de un enredo administrativo: aunque se trata de una baja de activos de la SSP, el dictamen técnico fue emitido por la Secretaría de Educación de Veracruz, una intervención que calificó como “inusual” y carente de sustento normativo.

Pero su advertencia más fuerte apuntó a un posible riesgo para la seguridad pública. Ortega afirmó que el dictamen no establece lineamientos para repintar o quitar insignias a las unidades antes de su venta, pese a que muchas aún portan siglas, escudos y colores oficiales de la SSP.

Las bancadas de Morena defendieron ambos dictámenes, al argumentar que las unidades presentan daños irreversibles, están totalmente depreciadas y generan costos de resguardo. Aseguraron que la venta permitirá recuperar recursos para gastos contingentes y proyectos de inversión.

La oposición, no obstante, sostiene que los avalúos “no cuadran”, que los expedientes presentan omisiones y que los precios aprobados constituyen un “remate” del patrimonio público. Al final, la aplanadora mayoritaria de Morena y sus aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo pusieron fin a la discusión al votar a favor del dictamen, pero dejaron la duda sobre el trato dado a las unidades y el precio en el que fueron tasadas.