Cada vez más instituciones públicas, como el Registro Nacional, el ICE, los bancos y otras entidades, cierran sus oficinas de atención al usuario o reducen el servicio presencial e instan a las personas a realizar sus gestiones por medio de un correo electrónico o a través de plataformas digitales.Si bien la modernización de los servicios es positiva, no se debe dejar de lado a quienes tienen mayores dificultades para utilizar estas herramientas. Muchos adultos mayores se ven obligados a entregar datos personales, contraseñas o información sensible a familiares, vecinos o terceros para que les ayuden a completar los trámites debido a su imposibilidad de hacerlo por su cuenta.

Esta situación aumenta el riesgo de fraudes, robos de identidad y otros delitos informáticos.La inclusión digital no debe significar la exclusión de quienes no dominan la tecnología. Por ello, es necesario que las instituciones públicas mantengan en funcionamiento oficinas de atención presencial, aunque sea de forma exclusiva o preferente para la población adulta mayor.

De esa manera, se protegería su seguridad, privacidad y derecho a recibir un servicio digno y accesible.jaimemoreram@gmail.comJaime Morera Monge es ingeniero.