La visita realizada a Crucitas por la presidenta de la República y otros altos funcionarios del Estado dejó una imagen preocupante para cualquier costarricense que valore la seguridad como uno de los pilares fundamentales de una democracia.No me refiero solo a la explosión que se escuchó en el lugar. Esa investigación corresponderá a las autoridades.

Me refiero a algo más grave: la sensación de vulnerabilidad que dejaron las imágenes observadas por miles de costarricenses en los distintos videos difundidos por medios de comunicación y periodistas presentes en la actividad.Durante poco más de cuatro años, los costarricenses hemos escuchado al gobierno insistir en que la seguridad nacional está bajo control. Se anuncian operativos, reuniones de coordinación, estrategias contra el crimen organizado, despliegues policiales y acciones de inteligencia.

Constantemente, se nos transmite el mensaje de que las instituciones están preparadas para enfrentar amenazas cada vez más complejas.No obstante, las imágenes de Crucitas parecen contar una historia distinta.Lo que se observó fue una actividad en la que periodistas, funcionarios, diputados, personal de seguridad y otras personas compartían espacios muy próximos entre sí. La percepción que transmiten los videos es la de una escasa sectorización, una limitada separación entre grupos y una organización que, al menos desde la óptica del ciudadano común, genera más preguntas que respuestas.Y esas preguntas son inevitables.Si Crucitas es considerada una de las zonas más sensibles del país, si la visita presidencial implicó un importante despliegue policial y de recursos públicos, si incluso existía vigilancia aérea y presencia de cuerpos especializados, ¿cómo es posible que una explosión ocurra en las inmediaciones de una actividad de tan alto perfil?Más aún: ¿por qué las imágenes posteriores no transmiten la sensación de control absoluto que debería caracterizar una operación de protección presidencial?No se trata de cuestionar el trabajo de un oficial en particular.

Tampoco de descalificar a quienes estaban en el lugar. Se trata de analizar el resultado.Y el resultado es que miles de costarricenses observaron una situación que proyectó incertidumbre, desorden y vulnerabilidad alrededor de la máxima autoridad política de la República.La seguridad presidencial representa el nivel más alto de protección que puede brindar el Estado costarricense.

Si ese nivel de protección genera dudas, entonces resulta inevitable preguntarse qué ocurre con la seguridad del resto de la población.Porque aquí es donde aparece la verdadera contradicción.Mientras el discurso oficial insiste en que la seguridad del país avanza por buen camino, las cifras de criminalidad siguen preocupando a la ciudadanía. Mientras se habla de control, los costarricenses ven diariamente noticias sobre homicidios, narcotráfico, extorsiones y violencia.

Y ahora, asimismo, observan cómo una actividad presidencial en una zona de alto riesgo termina marcada por una explosión y por imágenes que generan más inquietud que tranquilidad.La seguridad no puede medirse únicamente por conferencias de prensa, estadísticas seleccionadas o declaraciones políticas. La seguridad se mide por la capacidad real de prevenir amenazas, controlar escenarios críticos y proteger eficazmente a las personas.Lo ocurrido en Crucitas debería dar paso a una profunda reflexión institucional.

No para buscar culpables apresuradamente, sino para determinar qué falló, qué debe corregirse y qué lecciones deja este episodio.Porque cuando la propia Presidencia de la República se ve envuelta en una situación que evidencia vulnerabilidades, ya no estamos hablando solo de la seguridad de la mandataria. Estamos hablando de la seguridad de todos.Y si ni siquiera alrededor de la Presidencia de la República, protegida por el mayor despliegue de recursos y capacidades de seguridad del Estado, existe la certeza de control que el país espera, entonces la pregunta se vuelve inevitable: ¿Quién está realmente seguro en Costa Rica?Porque cuando la seguridad de la máxima autoridad política del país genera dudas, ya no estamos frente a un problema presidencial, sino frente a un problema nacional.romacruz05@gmail.comRodolfo Manuel Cruz Morales, hoy funcionario jubilado, es exoficial de Seguridad Presidencial del Ministerio de la Presidencia y exoficial del Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica.