Las comunidades de Galicia, Asturias y Castilla y León han sellado la Declaración de Compostela, un frente común para reclamar la supresión definitiva de los peajes en la AP-9 y la AP-66. Esta alianza institucional y empresarial se apoya en el dictamen de la Comisión Europea que concluyó que las ampliaciones de los contratos hasta 2048 y 2050 incumplieron la normativa comunitaria en materia de contratación pública.

Ante lo que califican como una "situación de discriminación territorial inaceptable", los firmantes han solicitado una reunión urgente con la Vicepresidencia de la Comisión para que el procedimiento avance hasta sus últimas consecuencias y se ponga fin a una situación que consideran que lastra la competitividad del noroeste peninsular desde hace décadas.¿Qué reclama la Declaración de Compostela ante la Comisión Europea?La Declaración de Compostela es un manifiesto institucional y empresarial firmado por los gobiernos de Galicia, Asturias y Castilla y León que reclama a la Unión Europea una resolución definitiva del procedimiento de infracción abierto contra España por las prórrogas de las autopistas AP-9 y AP-66. Los firmantes exigen que la Comisión Europea impulse cuanto antes la conclusión del expediente INFR(2021)4052 para que el dictamen emitido en 2025 se asuma jurídicamente por el Estado español ante una amenaza real de sanciones que lo obligue a actuar y poner fin a los peajes.

Asimismo, las tres comunidades han solicitado una reunión presencial con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Stéphane Séjourné, para trasladarle directamente la discriminación territorial que supone mantener estas vías de pago.Finalmente, el documento busca establecer una interlocución permanente con Bruselas para defender los intereses económicos y sociales del noroeste peninsular frente a lo que consideran una injusticia histórica.¿Cuánto cuestan estos peajes al noroeste peninsular?El coste de los peajes en estas infraestructuras supone una barrera económica que penaliza gravemente la movilidad y la competitividad de las empresas de la zona. En el caso de la AP-9, recorrer el trayecto completo de ida entre Ferrol y Tui asciende a 28 euros, mientras que el desplazamiento entre las ciudades de La Coruña y Vigo tiene un coste de 21,40 euros.

Con estas tarifas, la autopista gallega se sitúa como una de las más caras de España. Por su parte, el impacto del peaje de la AP-66 es especialmente notorio en el sector del transporte profesional, donde un camión puede llegar a pagar más de 10.900 euros al año solamente por cruzar entre Asturias y Castilla y León a través de la autopista.El origen del conflicto: las prórrogas del año 2000La raíz de esta controversia, calificada por los firmantes como el "pecado original", se encuentra en las prórrogas de las concesiones que el Gobierno de José María Aznar aprobó en el año 2000.

Mediante estas decisiones, los contratos de explotación se alargaron de forma extraordinaria hasta el año 2048 para la AP-9 y hasta 2050 para la AP-66, a pesar de que su finalización estaba prevista para fechas mucho más cercanas. La Comisión Europea dictaminó que estas ampliaciones fueron ilegales al realizarse sin una licitación pública previa, lo que vulneró la normativa comunitaria de transparencia y libre concurrencia en la contratación.

Según la jurisprudencia de la Unión Europea, cualquier modificación sustancial de un contrato original, como es el caso de ampliar su duración en casi tres décadas, exige un nuevo proceso de adjudicación abierto a otras compañías. De esta forma, el incumplimiento del Derecho de la Unión es el que ha motivado el actual frente común de las autonomías para forzar la anulación de las concesiones y la liberación definitiva de los peajes.