Desde que facilitase su investidura en 2023, Junts ha demostrado en más de una ocasión su imprevisibilidad como socio del Gobierno y las votaciones parlamentarias han supuesto un auténtico quebradero de cabeza para un PSOE que nunca podía dar por hecho el apoyo de los posconvergentes hasta el momento de la convalidación de las iniciativas en el Congreso. La hostilidad de la formación de Carles Puigdemont con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, con el que rompió relaciones en octubre de 2025, es hoy más palmaria que nunca, y en los últimos meses han votado contra el mismo en varias ocasiones y han llegado a pedir de manera formal la convocatoria de elecciones.Precisamente, esta semana ha sido en la que Junts ha materializado su pérdida de confianza definitiva en Sánchez.

Este martes, junto al PP, los posconvergentes presentaron una enmienda a una moción de los populares en el Congreso en la que pedía oficialmente a Sánchez la disolución de las Cortes Generales y el adelanto de elecciones. Los posconvergentes presentaron el texto "dada la situación de extrema debilidad política y parlamentaria del Gobierno español y su incapacidad de salir de la situación de bloqueo en la que se encuentra después de que Junts per Catalunya rompiera las relaciones con PSOE y Sumar por sus incumplimientos reiterados".Finalmente, la Mesa del Congreso, presidida por la socialista Francina Armengol, vetó las enmiendas de ambos partidos argumentando que invadían competencias de la Presidencia del Gobierno, aunque la moción del PP acabó votándose y saliendo adelante con los apoyos de PP, Vox, Junts y la abstención de PNV.

Así, la mayoría de la Cámara Baja ratificó "la situación de extrema debilidad del Gobierno" y expresó su rechazo a una legislatura que dan por "muerta". Con respecto a los nacionalistas vascos, llevan tres semanas pidiendo elecciones, desde que estallasen los últimos escándalos que afectan al PSOE y en una coyuntura en la que consideran la legislatura "acabada" por la retirada de apoyos a Sánchez.

No obstante, tan solo lo manifiestan de viva voz, pero continúan suscribiendo iniciativas presentadas por el Gobierno y tampoco se apuntan a movimientos como los que ha realizado Junts esta semana ni secundarían una hipotética moción de censura que en todo caso, los posconvergentes tampoco valoran.No es la primera vez este año que Junts se posiciona en contra del Ejecutivo, al que solo ha ofrecido su apoyo en contadísimas ocasiones y siempre con condiciones. En enero, los posconvergentes también se unieron a PP y Vox para votar en contra del escudo social a consecuencia de la guerra en Irán que incluía la moratoria antidesahucios, el bono social de electricidad o la revalorización de las pensiones, entre otros asuntos.

Entonces, el Gobierno extrajo del decreto la revalorización y volvió a someterlo a votación un mes después. De nuevo, los tres partidos lo tumbaron por la presencia de la moratoria, a pesar de que se introdujo en la norma una modificación a petición del PNV para excluir de la prohibición de desahucio a los propietarios con una sola vivienda en alquiler.

En ninguno de los casos los nacionalistas vascos retiraron su apoyo.El Gobierno renunció entonces a la moratoria antidesahucios y en marzo logró sacar adelante el decreto anticrisis con el apoyo de Junts, que, eso sí, arrancó su compromiso de trasponer la directiva europea 2020/285, que permite eximir del IVA a los autónomos con una facturación anual inferior a 85.000 euros. En cualquier caso, el Ejecutivo todavía no ha aplicado esta medida, lo que ha contribuido a aumentar el enfado de Junts en las últimas semanas.

Por otro lado, Junts también se posicionó en contra del Gobierno cuando con sus votos ayudó a aprobar en abril la proposición de ley de suelo del PP, que el PNV criticó aunque finalmente acabara absteniéndose. La norma, ahora en tramitación parlamentaria, plantea entre otros cambios acelerar los procedimientos de desarrollo urbanístico y permitir que empresas, bancos y fondos de inversión puedan recurrir a juicios rápidos para recuperar viviendas okupadas, así como derogar varios preceptos de la ley de vivienda de 2023, impulsada por el Ejecutivo.

También en materia de vivienda los posconvergentes rechazaron en el mismo mes la convalidación del decreto de la prórroga de los alquileres impulsado por Sumar en el seno del Gobierno. La formación de Carles Puigdemont, en cualquier caso, se abrió a apoyar una futurible propuesta que incluyese algunas reivindicaciones como deducciones fiscales a propietarios y que a cambio el PSOE aplicase de una vez la exención del IVA a los autónomos.

Con el decaimiento de las medidas del escudo social el próximo 30 de junio, el Gobierno deberá poner a prueba una vez más el apoyo de Junts con la convalidación de un nuevo decreto que ya ha anunciado que va a aprobar en el Consejo de Ministros del 29 de junio y que está previsto que se vote la última semana del mes. A esto se une el mayor examen al que tiene previsto someterse el Ejecutivo: la presentación de unos Presupuestos que ya ha prometido en otras ocasiones y no ha acabado llevando al Congreso de los Diputados.

En noviembre de 2025, todavía con María Jesús Montero como ministra de Hacienda, el Ejecutivo presentó la senda de déficit, paso previo para llevar a la Cámara Baja las Cuentas de 2026. El Gobierno no consiguió sacarla adelante.

Junts también unió sus votos a PP, Vox y UPN; mientras el PNV dio su sí al proyecto.