La velocidad con la que el fenómeno El Niño en curso está evolucionando es, en sí misma, una señal de alarma. En el transcurso de apenas dos a tres semanas, el Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) ha elevado en dos oportunidades la clasificación del fenómeno: primero de “débil” a “moderado”, y ahora —en su más reciente revisión— a “fuerte” para el período junio-setiembre, con una probabilidad del 48% de mantenerse en esa magnitud hacia el verano 2026-2027.

Todo ello en contraste con las advertencias que ya venían formulando organismos internacionales —como la Organización Meteorológica Mundial— y especialistas climáticos, quienes anticipaban un evento de mayor envergadura desde principios de este año.Independientemente del debate de tiempos y clasificaciones, lo que no es especulación es el impacto concreto que dicho fenómeno ya viene generando en la agroindustria peruana en lo que va del año. Según reportes de Adex y distintos medios especializados, el mango viene registrando pérdidas de producción de entre 10% y 15%, mientras que la palta —con el 50% de su producción concentrada en la costa norte— ya presenta efectos visibles de estrés térmico.

Por su lado, el arándano —primer producto de agroexportación peruana que depende mucho de la acumulación de horas de frío en otoño e invierno— enfrenta un escenario de creciente incertidumbre ante un otoño más cálido de lo normal. A lo anterior se suma el efecto en el espárrago y los cítricos como cultivos de exportación también expuestos.

Agroindustriales de primer nivel ya han declarado públicamente su cautela, así como proyecciones de potenciales caídas de producción de entre 15% y 20% en sus operaciones para los cultivos más afectados.En este contexto resulta relevante recordar que en operaciones de financiamiento y contratos comerciales complejos (como contratos de compraventa de producción futura —offtake/forward—, entre otros) en la agroindustria peruana, es frecuente —y estándar en el caso particular de financiamientos— que se negocie e incluya la denominada “cláusula del fenómeno El Niño”, en virtud de la cual ante una declaración formal por parte del Enfen de la existencia de un fenómeno de este tipo, el productor agroindustrial —en su calidad de deudor o vendedor— tendrá el derecho a activar reprogramaciones, postergaciones, ajustes o suspensiones temporales del cumplimiento de determinadas obligaciones contractuales, típicamente las cuotas de amortización en operaciones de financiamiento, o los plazos y volúmenes de entrega en contratos comerciales.Esta cláusula opera como una suerte de fuerza mayor objetiva y calibrada: a diferencia de la figura genérica del Código Civil —que suele generar disputas sobre la imprevisibilidad del evento—, aquí, por el contrario, el trigger suele ser la declaración oficial del Enfen, junto con factores adicionales como requisitos sobre la gravedad del fenómeno declarado (por ejemplo, que como mínimo se trate de un fenómeno calificado por ENFEN como “fuerte”), y/o el efecto del mismo en la operación particular de la empresa afectada.Ahora bien, como es lógico, la activación de esta cláusula no es gratuita: la decisión de activarla típicamente implicará el pago de una comisión, penalidad y/o modificación de términos (tasa de interés, por ejemplo) durante el período de postergación y/o en general, asimismo de restricciones adicionales al accionar de la empresa (como la prohibición de distribuir dividendos durante el período). La decisión de invocarla, por tanto, no es ligera.Aquí es donde reside el dilema relevante para los CFO —y, en algunos casos, los responsables comerciales— de empresas agroindustriales en el Perú, en el escenario actual: con una declaración oficial y ahora una calificación de “fuerte” para el período junio-setiembre, el trigger contractual puede estar formalmente cumplido en muchos contratos —pero el costo de activación es real, la ventana de decisión es estrecha, y la incertidumbre sobre la magnitud final del fenómeno hacia fin de año no ha desaparecido.

Más allá de la dificultad que todo esto genera de cara al planeamiento de las operaciones agroindustriales en el año, estas se encontrarán en la difícil posición de tener que decidir si activan o no la cláusula —incurriendo en el costo asociado y restricciones pactadas— antes de saber con mayor claridad cómo evolucionará el fenómeno hacia este verano. Una opción que siempre conviene considerar es acercarse proactivamente al acreedor o contraparte para explorar una dispensa (waiver) o ajuste negociado, antes de llegar al trigger formal: una conversación temprana puede ser mucho más constructiva que una activación bajo presión.En cualquier caso, todo lo anterior va de la mano con una necesaria revisión de los términos de cada cláusula en particular, especialmente de los requisitos pactados para activarla, las consecuencias de ello (costo, restricciones, etc.) y plazos asociados.

El fenómeno El Niño no afecta de forma uniforme: un evento de magnitud “fuerte” a nivel general puede tener impactos muy distintos según el cultivo y la zona. Una cláusula con requisitos adicionales sobre el efecto concreto en la operación puede ser más difícil de activar de lo que parece.En este escenario, la recomendación práctica es concreta: todo CFO o responsable comercial de una empresa agroindustrial peruana debería poder responder hoy a estas preguntas sobre las cláusulas del fenómeno El Niño en sus contratos materiales: ¿cuál es exactamente mi trigger para activarla?

¿Se cumple en el escenario actual o en uno razonablemente previsible? ¿Cuál es mi costo real de activarla?

¿Y cuáles son mis plazos y requisitos para invocarla antes de la próxima fecha de pago o entrega?Quien no tenga respuestas claras, tiene tareas pendientes por atender. *El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.