El Tribunal Supremo ha concedido una indemnización de 2,5 millones de euros al ciudadano marroquí Ahmed Tommouhi, un hombre que pasó 15 años en la cárcel al ser confundido con un violador y al que ahora el Estado deberá compensar por este error judicial.El Tribunal Supremo anuló en 2023 la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que condenó en 1992 a 24 años de prisión por dos delitos de violación y dos faltas de lesiones a Ahmed Tommouhi, al estimar informes periciales que mostraron que el semen encontrado en una prenda íntima de una mujer agredida no se correspondía con los marcadores del condenado.Luego de este error judicial, el hombre, que fue puesto en libertad condicional el 18 de septiembre de 2006 de la prisión de Can Brians (Barcelona) luego de cumplir más de las tres cuartas partes de su condena, pidió al Estado una indemnización, que el Ministerio de Justicia denegó y que ahora el Supremo concede.La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo confirma así la responsabilidad patrimonial del Estado español en este caso. La Sala considera que el error judicial cometido con esta persona fue inequívoco y cualificado, ya que el tribunal que le condenó no valoró, a pesar de que fue admitida y formaba parte de la causa, una prueba pericial biológica, cuyo resultado era incompatible con la autoría de las violaciones atribuidas a Ahmed.El tribunal concluye que "ese error fue determinante de que el recurrente permaneciera privado de libertad durante un periodo extraordinariamente prolongado -aproximadamente 18 años- en ejecución de una condena que ha quedado sin efecto por declararse su inocencia, lo que constituye una afectación de máxima intensidad del derecho fundamental a la libertad personal".

El Supremo revoca así la última sentencia de la Audiencia Nacional que confirmó la decisión del Ministerio de Justicia de no indemnizarle. La cantidad de años que pasó en prisión, según la sala, "sitúa el caso en un plano de excepcional gravedad".

"La prolongación de la privación de libertad determina una intensificación progresiva del sufrimiento moral, de la pérdida de oportunidades vitales y del impacto en la personalidad del afectado, que excede con mucho los parámetros ordinarios de los supuestos de prisión indebida de corta o media duración", mencionan para explicar la cuantía de la indemnización. Ahmed, por su parte, reclamaba 3.645.000 euros.En otro orden, la Sala rechaza la petición de que se declare la culpa grave de los magistrados que dictaron la sentencia penal condenatoria, al considerar que excede del objeto del procedimiento.El caso de AhmedLos problemas para este hombre empezaron en 1991, cuando se produjeron varias violaciones en las provincias de Barcelona y Tarragona.

Él y su compatriota Abderrazak M. fueron encarcelados. No obstante, un informe de la Guardia Civil de 1993 aseguraba que no existían indicios de que ambos hombres se conocieran.

A Tommouhi le acusaban en un principio de 17 delitos, pero le acabaron condenando a más de 100 años de cárcel por cuatro violaciones y un robo. No obstante, las únicas pruebas contra él fueron los supuestos "reconocimientos" por parte de las víctimas.Abderrazak M., que también remarcó siempre su inocencia y no aceptó una indemnización de 18 millones de pesetas por parte del Estado luego de la anulación de su sentencia por parte del TS, murió de un infarto en la cárcel en el año 2000.

En 1995, la Policía detuvo a otro hombre, Antonio G.C., muy parecido físicamente a Tommouhi, por varias violaciones muy similares a las de 1991. Asimismo, la Guardia Civil pudo demostrar que una de las cuatro que se imputaban a Tommouhi fue cometida por Antonio G.C., gracias a las pruebas del ADN.

No obstante, de las otras tres no se conservaban tejidos o restos biológicos analizables, por lo que a Tommouhi todavía le imputaban tres agresiones sexuales.Estuvo 15 años en la cárcel a la espera de un indulto que nunca llegó, que el Tribunal Supremo había recomendado y que el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, había solicitado en 1999. Ni el Ejecutivo del PP ni el del PSOE se atrevieron a concederlo a un condenado por cuatro violaciones, aunque los socialistas lo habían reclamado cuando estaban en la oposición.

En junio de 2000, el propio Supremo denegó a la defensa la autorización necesaria para presentar un recurso de revisión al considerar que las dudas sobre la participación de Tommouhi que podían suscitar las nuevas pruebas no eran "suficientes" para establecer "de forma inequívoca y terminante la inocencia del condenado".