Hace siete semanas, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York sacudió la política mexicana al presentar cargos formales de narcotráfico y conspiración electoral contra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y sus colaboradores. Desde que estalló el escándalo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha intentado mitigar el impacto diplomático, desestimando la solidez de las acusaciones y liberando a Donald Trump de ser el autor intelectual de las mismas.

Al rechazar las solicitudes de detención urgente con fines de extradición, la mandataria ha minimizado reiteradamente el caso bajo el argumento de que “no es Estados Unidos quien los acusa, sino una oficina del Departamento de Justicia”. Reducir la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) a una simple instancia burocrática es un error conceptual mayúsculo.

En Estados Unidos existen exactamente 93 fiscalías federales distribuidas en 94 distritos a lo largo y ancho de sus estados y territorios. Lejos de ser dependencias menores o desconectadas del poder político, los fiscales federales que encabezan estos distritos son nominados por el presidente de los Estados Unidos y ratificados por el Senado.

El SDNY es, históricamente, el distrito judicial más poderoso, temido y prestigioso de ese país, encargado de procesar casos que impactan de forma directa la seguridad nacional y la política exterior de la Casa Blanca. Quien firmó la acusación que se hizo pública el miércoles 29 de abril contra Rocha Moya y su red de funcionarios fue el fiscal federal Jay Clayton.

Éste no es un burócrata anónimo; es un abogado de altísimo perfil egresado de la Universidad de Pensilvania que cobró gran celebridad en Wall Street como presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) durante el primer mandato de Donald Trump, cargo en el que se destacó por proteger a pequeños inversionistas y ejercer mano dura contra las criptomonedas. Bajo su gestión como fiscal en Nueva York –a partir de abril de 2025–, Clayton no sólo desmanteló redes locales de fentanilo en Manhattan, sino también supervisó los casos internacionales de narcoterrorismo contra Nicolás Maduro y el exgeneral Hugo El Pollo Carvajal.

La confianza de la Casa Blanca en Clayton es tan grande que hace unos días Trump lo nominó para convertirse en el nuevo titular de la Dirección Nacional de Inteligencia, un ascenso que lo colocará al mando de todo el aparato de espionaje estadunidense. Para sustituirlo en la estratégica trinchera judicial neoyorquina, Trump ya anunció la postulación de James McDonald.

Éste es otro jurista de élite: graduado con honores de Harvard y la Universidad de Virginia, fue asistente del presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Roberts; trabajó en la asesoría jurídica de la Casa Blanca bajo el presidente George W. Bush, y fungió entre 2017 y 2020 como director de cumplimiento de la CFTC, la agencia que supervisa los mercados de derivados financieros.

Como socio del influyente bufete Sullivan & Cromwell, ha formado parte del equipo legal personal del propio Trump. Con este panorama, seguir promoviendo desde el oficialismo mexicano la idea de que el presidente Trump está al margen de la acusación contra los 10 de Sinaloa es una lectura incorrecta.

Hacer como que no existe la articulación de este golpe judicial es un arriesgado acto de ceguera voluntaria. La fiscalía neoyorquina no opera en el vacío institucional; sus líderes son piezas clave del tablero político del Ejecutivo estadunidense, y cada movimiento responde a una planeación geopolítica de largo alcance.

Al promover a Clayton a la cúpula de la inteligencia e impulsar a su abogado de confianza, James McDonald, para heredar los expedientes de la Fiscalía de Nueva York, Trump demuestra que está sumamente pendiente de este proceso. El cerco judicial sobre el gobierno de Sinaloa no es el trámite aislado de una oficina administrativa menor, sino una política de Estado, coordinada desde la cumbre del poder en Washington.