En una nueva jornada que confirma el asedio sobre funcionarios de municipios, el alcalde suplente de Cuautla, Morelos, Salvador Molina Martínez, denunció una amenaza de muerte y Rodrigo Betancourt Ruiz, aspirante a la alcaldía de Jiquipilas, Chiapas, fue secuestrado y luego rescatado. Molina presentó la queja ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto (Fidai) luego de que un mensaje escrito con siglas delictivas y amenazas directas de muerte fue abandonado en la casa de su hija.

La advertencia del grupo criminal es tajante: Molina Martínez tiene un plazo de tres días para renunciar a la titularidad de la alcaldía —la cual debe asumir debido a que el edil constitucional, Jesús Corona Damián, se encuentra bajo proceso penal— o de lo contrario atentarán contra las vidas de su hija y de su hermana. A pesar del temor fundado, Molina Martínez expresó su disposición de asumir el encargo una vez que lo determine el Congreso local, mientras espera que las autoridades le otorguen medidas de resguardo.

De forma casi simultánea, en Jiquipilas, Chiapas, la alerta máxima se encendió luego de el secuestro de Rodrigo Betancourt Ruiz, aspirante a la alcaldía de esa localidad e hijo de Jorge Betancourt Esponda, delegado de la Conagua en Guerrero y exoperador político en el estado. Betancourt Ruiz fue emboscado en el ejido Baja California por cinco sujetos armados a bordo de una camioneta Discovery blanca y una motocicleta, quienes lo arrastraron hacia una zona de maleza.

Un despliegue relámpago y coordinado entre el Ejército mexicano, la Guardia Nacional, la Armada y policías locales logró rescatar al aspirante y a una acompañante, identificada como Mariana, hora y media después en el parque central del ejido. El éxito del rescate evitó una tragedia en una región que las autoridades reconocen bajo el control absoluto del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La racha letal contra munícipes cobró su víctima más reciente el pasado fin de semana en la región mixteca. El sábado por la mañana, un comando armado burló la escolta de la policía municipal y asesinó a tiros a Joel Ángel Bravo Martínez, de 53 años, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, justo a las puertas de su domicilio.

Con el homicidio de Bravo Martínez, la numeralia del horror de los primeros dos años del gobierno actual ya acumula 11 alcaldes asesinados en el país. Este panorama, lejos de ser aislado, responde a una estrategia delictiva para controlar los recursos y la seguridad de las comunidades, según advirtió María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común.

Alertó que, de cara al próximo proceso electoral de 2027, la violencia contra la política local se recrudecerá de forma brutal debido al colapso de las instituciones.