“En todas las acciones de salvaguardia tienen que estar las comunidades”, aseveró Carolina Buenrostro Pérez, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, durante las XVII Jornadas de Jóvenes Americanistas; esa idea recorrió las mesas del encuentro como un llamado a repensar quién decide qué se protege y cómo. Entre murales, libros sellados al fuego y rituales que buscan no perder su sentido más allá del turismo, investigadores de distintas disciplinas pusieron sobre la mesa el patrimonio como terreno común, plural y en disputa.

En El Colegio Nacional, Buenrostro explicó que la firma de convenciones internacionales no es un acto simbólico que se queda en el papel: “Se firma una convención, pero la convención no sólo se queda en el documento: hay que aplicarla, hay que hacerla viable, hay que hacer políticas públicas”.En su análisis de 11 expedientes inscritos entre 2009 y 2023 ante la UNESCO, detectó una tensión persistente: la convención exige la participación comunitaria y el consentimiento libre, previo e informado, pero en la práctica “vemos poca representatividad de la comunidad”. Un caso ilustrativo es el de la Pirecua: “la comunidad purépecha, en Michoacán firmó el consentimiento con 20 personas”, una cifra que, según la investigadora, no representa la amplitud real de quienes forman parte de esa cultura; ahora hay quienes piden retirar la candidatura de la lista de la UNESCO.Buenrostro distingue tres tipos de comunidades que aparecen en los expedientes: comunidades definidas por suscripción étnica, comunidades de práctica y comunidades circunscritas.

Cada una imprime lógicas distintas a las candidaturas.“Las comunidades de práctica son abiertas y flexibles; las circunscritas tienen transmisión por linaje, por ejemplo, en la Talavera o la charrería”. Pero alerta sobre el uso político y turístico que suelen tener estos procesos: “En todas las gubernamentales aparece la Secretaría de Turismo.

El discurso gira en torno a la identidad y una construcción de comunidad que muchas veces homogeniza y desvirtúa la diversidad cultural”.No todo es idealización ni despojo. Buenrostro reconoce excepciones donde la participación fue real y fructífera. “Los voladores ya tienen formas de organización.

Desde el siglo XX están organizados en consejos. A partir de esta candidatura han logrado muchas cosas: están en la nómina de Veracruz, tienen seguro social, seguros de vida.

Incluso ganaron indemnizaciones cuando una cervecera usó su imagen sin permiso”.Para la investigadora, la clave está en que la participación comunitaria deje de ser un discurso y se convierta en procesos que respeten y promuevan los derechos culturales, sin excluir a otros actores implicados en la salvaguardia.La tensión entre memoria comunitaria y difusión pública reapareció en la ponencia de Joana Carvajal González (Universidad de Antioquia), que trazó un primer acercamiento al patrimonio vivo desde el muralismo en México. Carvajal partió de su experiencia en Colombia y buscó contrastarla con prácticas mexicanas: “Me interesaba ver cuál era el patrimonio que podría interesar a esta práctica y luego entender qué sucede con él”, explicó.

Indicó que los murales, asimismo de narrar conflictos y memorias, se vuelven puntos de interés para las visitas guiadas y el turismo cultural, lo que obliga a preguntarse cómo conservar el sentido político y comunitario del arte urbano frente a su mercantilización.Desde la historia del libro, Hugo Daniel López Hernández (UNAM) ofreció otra cara del patrimonio: la dispersión y las huellas materiales. El investigador y candidato a doctor, rastrea las marcas de propiedad, las procedencias que los libros han acumulado y que permiten reconstruir historias de posesión y pérdida. “Las procedencias son testimonios materiales que se encuentran en los libros antiguos, anotaciones, exlibris, sellos, marcas de fuego”, expresó, y recordó la singularidad histórica de prácticas como sellar con fuego los volúmenes en conventos novohispanos.

Estas marcas, remarcó, permiten reconstruir la vida pública de las colecciones: “Un libro nos cuenta quién lo tuvo, qué valor le dio y por qué se dispersó.”Las tres miradas convergen en una lección práctica: el patrimonio no es un objeto estático ni una etiqueta que se coloca desde arriba. Es un entramado de voces, poder e intereses.

Las jornadas en El Colegio Nacional confirmaron que proteger el patrimonio implica negociar tensiones.López lo ejemplificó desde las bibliotecas: “La Biblioteca Nacional tiene 150 mil libros antiguos que necesitan describirse de manera mucho más exhaustiva”.Previamente a esta mesa, participó Alba Sofía Espinosa Leal, doctorante del Colegio de México, con su ponencia “Cal, territorio y patrimonio: redes de abastecimiento entre Tlapanaloya y la Ciudad de México en el siglo XVI”.Las mesas continuarán en El Colegio Nacional este viernes 3 de julio, en Donceles 104, en el Centro Histórico. PCL