FEDERACIÓN.— La economía de Santa Cruz enfrenta la contracción de su entramado empresarial y comercial más profunda de las últimas décadas. Según un informe de la Federación Económica de Santa Cruz (FESC), entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, la provincia sufrió la pérdida neta de 227 empresas empleadoras.

Lejos de estabilizarse, la tendencia evidenció una aceleración alarmante durante el inicio de 2026, ya que febrero documentó la caída mensual de 46 firmas en territorio santacruceño, ubicando a la jurisdicción como la tercera provincia con peor variación a nivel nacional en ese período. Alertaron que el escenario “no es un dato aislado ni una percepción: es una tendencia sostenida que se viene acelerando”.

Derrumbe comercial A través del relevamiento, la entidad mercantil estimó que en la actualidad el ritmo de desaparición de unidades económicas promedia entre 1,5 y 2 cierres diarios. Este derrumbe macroeconómico tiene su correlato directo en el plano municipal: en Río Gallegos se registró el cese de actividad de más de 150 comercios durante el año 2025, y en lo que va de 2026 la capital provincial mantiene un promedio constante de un local comercial cerrado por día.

Esto evidencia el impacto directo de la crisis en los cascos urbanos, en sintonía con la pérdida de más de 97.000 empresas en todo el país entre enero de 2024 y marzo de 2025. No obstante, los datos recopilados demuestran que la estadística oficial disponible es apenas la punta del iceberg de un fenómeno mucho mayor.

Los registros formales capturan únicamente el comportamiento de las “empresas empleadoras” con personal en relación de dependencia, segmento que representa tan solo entre el 12% y el 13% del universo económico total de Santa Cruz. Reglamentación de la Ley N° 3996 de Emergencia Comercial, Industrial y PyME, a través del Decreto Provincial N° 0453.

El 87% restante de las unidades productivas provinciales está conformado por una masa de entre 25.000 y 28.000 trabajadores independientes, monotributistas y autónomos que quedan completamente fuera del radar de las mediciones oficiales de cierre. Esta distorsión implica que se está mi­diendo exclusivamente al sector corporativo con mayor capacidad de resistencia y espalda financiera para absorber pérdidas. “Estamos midiendo el segmento más chico y más resistente de la economía santacruceña: el que tiene espalda para sostener empleados.

Si ese segmento pierde una empresa cada tres días, es muy probable que la situación del comercio de barrio, el monotributista y el cuentapropista sea igual o peor”, explicaron desde la Federación. Desempleo El desmantelamiento de las estructuras pymes impactó de forma directa sobre los puestos de trabajo, al punto de que el empleo privado registrado en Santa Cruz experimentó una contracción del 16% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, cayendo de 60.623 a 50.954 operarios.

Este indicador posiciona a la provincia con el peor desempeño en materia laboral de toda la República Argentina. La marcada brecha porcentual entre la caída de empresas y el desplome del empleo devela que las firmas locales que lograron sobrevivir se vieron obligadas a reestructurar sus costos mediante reducciones masivas de sus plantillas de personal.

Las causas estructurales de este freno productivo responden a factores de arrastre identificados por la entidad: la “paralización de la obra pública nacional —incluidas las represas sobre el río Santa Cruz—”, el “retiro de YPF de las áreas convencionales, con arrastre sobre contratistas y pymes de servicios”, y el “derrumbe sostenido del consumo interno”. (FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL). Asistencia En materia de herramientas de alivio, la provincia cuenta con la Ley N.º 3996 de Emergencia Comercial, Industrial y PyME, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 e instrumentada por el Decreto Provincial N.º 0453, la cual suspende ejecuciones fiscales locales y habilita planes de regularización de deudas.

No obstante, la “protección resulta insuficiente si no se logra una articulación federal, ya que buena parte del estrés financiero proviene de organismos nacionales, en particular de ARCA, cuyas ejecuciones y embargos no quedan automáticamente suspendidos por una norma provincial”. Ante esto, la FESC reclamó formalmente que el Gobierno nacional extienda los mismos beneficios a nivel federal para que “la protección sea real y no quede a mitad de camino”.

Comisión de Seguimiento Por último, la normativa local exige una definición urgente respecto a su implementación interna, debido a que la propia ley prevé la creación de una Comisión de Seguimiento de la Emergencia Comercial integrada por ministerios, la ASIP, bloques legislativos, el Sindicato de Empleados de Comercio y el sector empresario. Este cuerpo técnico todavía no fue efectivamente constituido por el Gobierno provincial, privando a la ley de la instancia de monitoreo operativa que establece.

La Federación advirtió, asimismo, que más allá del marco normativo vigente, la situación de fondo del sector sigue siendo crítica, registrando niveles de estrés financiero “peores que los registrados durante la pandemia”. Por lo tanto, exigieron su conformación inmediata para que se traduzca de una vez por todas el ordenamiento normativo en “alivio concreto para las empresas”.