SANTA FE.— La investigación judicial en torno a la causa bautizada públicamente como “Propofest” sumó una resolución determinante. La Sala V de la Cámara del Crimen confirmó de forma mayoritaria el procesamiento de los médicos anestesistas Delfina "Fini" Lanusse y Hernán Boveri, imputados por el robo eutilización ilegal de medicamentos de uso estrictamente profesional.

Con esta medida, ambos profesionales de la salud continuarán formalmente procesados mientras el expediente penal sigue su curso. El dictamen llevó las firmas de los camaristas Ignacio Rodríguez Varela y Mariano Scotto, junto con la disidencia del juez Rodolfo Pociello Argerich.

El documento emitido por la Cámara remarcó que los testimonios y los elementos probatorios reunidos hasta el momento en la causa “permiten tener por acreditado el vínculo amoroso de los imputados y su consumo de propofol” , echando por tierra los planteos iniciales de las defensas. Acceso institucional y manipulación de sustancias El entramado delictivo quedó al descubierto luego de una serie de auditorías y denuncias cruzadas.

Si bien el juez Pociello Argerich argumentó en su disidencia que los testimonios no lograban probar de forma directa que todos los lotes de medicamentos sustraídos provinieran de las estanterías del Hospital Italiano , los demás magistrados ponderaron como un elemento clave la declaración testimonial de una colega de Lanusse. Esta testigo expuso detalladamente ante los investigadores las circunstancias bajo las cuales un grupo de amigas y colegas médicas de la imputada decidieron romper el silencio y poner los hechos en conocimiento de las máximas autoridades de la institución de salud.

Los integrantes del tribunal recordaron que la comercialización y venta al público general de sustancias anestésicas como el “propofol” se encuentra estrictamente prohibida por las regulaciones sanitarias vigentes. Al desempeñarse como médicos residentes y anestesistas dentro del Hospital Italiano, tanto Lanusse como Boveri poseían una posición de privilegio: tenían acceso diario y directo al fármaco, gozaban de la facultad de solicitarlo en la farmacia interna de la institución y podían disponer de él sin levantar sospechas iniciales.

El fallo acreditó de forma fehaciente que, en simultáneo con el consumo personal que realizaban, los procesados “tuvieron oportunidad cierta de manipularla en ocasión de su trabajo pues les era dispensada y confiada para realizar su labor”. La estrategia de los imputados La alarmante causa judicial cobró estado público luego de el trágico fallecimiento del anestesiólogo Alejandro Salazar , quien se desempeñaba en el Hospital Rivadavia y fue hallado sin vida en el interior de su departamento particular a raíz de una sobredosis de sustancias.

Fue en ese marco de investigación derivado que las miradas de los pesquisas se posaron sobre las actividades de Lanusse y Boveri, quienes terminaron imputados por robo de fentanilo y propofol y fueron formalmente citados a prestar declaración indagatoria. Durante la instancia de las indagatorias ante los magistrados, los profesionales médicos adoptaron estrategias procesales bien diferenciadas: Hernán Boveri: El anestesista optó por ampararse en sus derechos constitucionales y se negó a prestar declaración ante el tribunal.

Delfina "Fini" Lanusse: La médica residente decidió realizar un descargo de manera verbal —que luego lo ratificaría por escrito— en el cual hizo alusión a complejas cuestiones de índole personal e intentó posicionarse bajo el rol de víctima. El tribunal evaluó que dicho descargo careció de elementos sustanciales o evidencias que modificaran el eje central de las acusaciones del expediente.