La empresa vasca Tubos Reunidos recibió en 2021 una inyección del Estado de 112,8 millones de euros, destinados a apoyar a la compañía durante los difíciles tiempos de la pandemia. Como otros realizados en ese momento, este rescate —en puridad, un préstamo a condiciones beneficiosas—, realizado por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, dependiente de la pública SEPI, está bajo sospecha y es objeto de una investigación ante la Audiencia Nacional.

En un informe del 6 de mayo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala que el grupo formado por Leire Díez, la supuesta fontanera del PSOE, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso medió para que se produjese este préstamo y, más tarde, en la gestión de su devolución. Por ello cobraron un total de 247.459 euros: 114.959 por haber logrado la concesión y otros 132.500 por las gestiones posteriores para la empresa, que cobró Fernández personalmente como asesor.

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