RÍO GALLEGOS.— El bloque oficialista de “Por Santa Cruz” en la Cámara de Diputados podría continuar este martes con el análisis del Proyecto de Ley N° 257/2026 de Crédito Público, que contempla la autorización de un endeudamiento provincial de hasta USD 600 millones destinado a inversión en obra pública y desarrollo productivo. Según pudo saber La Opinión Austral, el oficialismo podría volver a pedir en la comisión de Asuntos Constitucionales el proyecto para su tratamiento.

Allí tiene mayoría y hasta podría volver a tener despacho para ser tratado en la sesión ordinaria de este jueves, si es que así lo requieren. Cabe recordar que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Provincial viene de sufrir un fuerte revés en la sesión extraordinaria realizada poco más de una semana atrás, cuando “Por Santa Cruz” no pudo reunir los dos tercios necesarios para aprobarlo, mayoría mínima que necesita para sancionar una iniciativa que contiene un pedido de préstamo en moneda extranjera.

En la sesión extraordinaria del 26 de junio fue rechazado el proyecto. (FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL). El Gobierno de Santa Cruz impulsa en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca autorizar al Poder Ejecutivo a acceder a financiamiento por hasta 600 millones de dólares para ejecutar obras de infraestructura, fortalecer áreas estratégicas de la economía provincial y mejorar el perfil financiero del Estado.

La iniciativa, enviada por la administración provincial y en la actualidad bajo análisis legislativo, plantea la posibilidad de obtener recursos mediante distintas herramientas financieras, entre ellas la emisión de títulos públicos o la toma de créditos con organismos nacionales e internacionales. El plazo previsto para la devolución de esos fondos podría extenderse hasta 15 años, según las condiciones que finalmente se acuerden.

De acuerdo con los fundamentos difundidos por el Gobierno, el objetivo es destinar los recursos a proyectos considerados estratégicos para el desarrollo de Santa Cruz, especialmente en materia de infraestructura, energía, servicios y obras vinculadas al crecimiento productivo. Asimismo, se contempla la posibilidad de utilizar parte de esos fondos para la reestructuración o refinanciación de compromisos financieros existentes.

Uno de los puntos centrales del debate gira en torno a las garantías que respaldarían la operación. El proyecto prevé afectar recursos provenientes de las regalías hidrocarburíferas y mineras, asimismo de otros ingresos provinciales que podrían ser utilizados para garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas.

El proyecto requiere una mayoría especial para su aprobación en la Legislatura, por lo que el oficialismo deberá alcanzar consensos con sectores de la oposición. Precisamente, las discusiones parlamentarias se han concentrado en el nivel de endeudamiento propuesto, el destino específico de los fondos y las garantías comprometidas por la provincia.