Bajo una severa crisis económica y social agravada por las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump, el régimen cubano aprobó un plan de 176 medidas “urgentes” para ampliar la presencia del capital privado y atraer inversión extranjera, en lo que se perfila como el mayor giro desde que la Revolución tomó el poder en los años sesenta. “La realidad nos impone cambios urgentes y necesarios. Y cuando la vida del pueblo se vuelve tan dura, el primer deber del Partido Comunista y del gobierno revolucionario no es explicar mejor la crisis, sino cambiar lo que haya que cambiar”, expresó el presidente Miguel Díaz-Canel.

El Partido Comunista, único movimiento político permitido en la isla, no participa en elecciones sino que, de acuerdo con la Constitución, orienta al resto de los poderes. Fue el Partido quien dio el visto bueno a las medidas, que luego recibieron la aprobación del parlamento.

El primer ministro, Manuel Marrero, explicó que el régimen se dispone a sincerar los precios de la economía y a implementar gradualmente un sistema de subsidios focalizados a las personas más necesitadas, a través de un “fondo de protección social” considerado condición previa para las transformaciones. La moneda, atrapada entre una tasa oficial irreal fijada por el Banco Central y otra más ajustada al mercado en la economía informal, tampoco escapa al ajuste.

Marrero anunció que por primera vez se implementará un sistema de subasta de divisas y que habrá devaluaciones sucesivas para reducir la brecha cambiaria. Advirtió asimismo que “las empresas que no soporten la devaluación serán liquidadas”.

En otro giro relevante que deja atrás conceptos que por décadas defendió la revolución “se descentraliza para el sector empresarial la definición de sus propias escalas salariales” que a partir de ahora “dependerán de la capacidad económica y financiera de las empresas”. Las reformas incluyen la apertura del sector financiero mediante la creación de bancos privados y el desarrollo del microcrédito.

También se flexibilizan las restricciones para pagos en divisas. En paralelo, se autoriza a los cubanos residentes en el exterior a invertir en la isla y se amplían los espacios de participación de la inversión extranjera, incluso con la compra de acciones en empresas estatales.

Asimismo, se prevé entregar el usufructo de tierras a empresas mixtas o privadas. Marrero destacó que “hemos decidido proponer transformaciones de impacto estratégico en el modelo económico y social de la nación, sin que ello implique renunciar a la preservación de las principales conquistas de la Revolución”.

El muro de sanciones Decidido a forzar cambios políticos y económicos en Cuba, Estados Unidos colocó al régimen de La Habana bajo una presión inédita que la está dejando sin margen de maniobra. Luego de la caída de Maduro, la isla perdió el petróleo a bajo precio que enviaba Venezuela, y la amenaza del gobierno de Trump de imponer aranceles a quienes le vendan crudo la ha dejado con un severo déficit de combustible que multiplica los apagones.

En paralelo, las sanciones financieras contra el Grupo de Administración Empresarial, SA (Gaesa) han significado un golpe demoledor. Este conglomerado, en manos de los militares, controla hasta el 40% del PIB, interviene en los sectores más lucrativos como el turismo y concentra las importaciones y exportaciones.

Si bien desde los tiempos del embargo las medidas de Washington han condicionado las relaciones de Cuba con otros países, la sanción a Gaesa introdujo un cambio decisivo: por primera vez, las empresas extranjeras que operan en la isla enfrentan el riesgo de perder acceso al sistema financiero estadounidense. El resultado es un éxodo empresarial.

La canadiense Sherritt, socia en níquel, cobalto y gas, cesó operaciones, al igual que operadores hoteleros como Meliá y Blue Diamond. Visa y MasterCard cortaron sus servicios.

El deterioro, que aún no refleja del todo el impacto, es evidente. El turismo, una de las principales fuentes de divisas, se derrumbó y el número de visitantes se redujo un 56% en los primeros cuatro meses del año.

El peso cubano se deprecia velozmente en el mercado informal y, si el gobierno recurre a la emisión de dinero para cubrir el déficit fiscal, la inflación podría dispararse. El régimen cubano ha superado crisis severas como la que siguió al derrumbe de la Unión Soviética y a ciclos de mayor presión de Estados Unidos, pero el deterioro actual, sumado a la decadencia de la infraestructura, la emigración de los jóvenes que deja una población envejecida y la ineficiencia del Estado, configura un entorno que va más allá de una recesión severa.

Modelo en jaque ¿Puede el régimen cubano enfrentar esta crisis con medidas como las que ha planteado? Pavel Vidal, economista y exanalista de la División de Política Monetaria del Banco Central de Cuba, advierte en un análisis publicado en El Toque que “en el contexto geopolítico actual, ninguna reforma interna podrá producir resultados significativos si no viene acompañada de una negociación con Estados Unidos que permita levantar el cerco energético y flexibilizar las sanciones”.

El inconveniente es que una negociación con Washington implicaría cambios en el orden político que hasta ahora el régimen ha obviado en lo absoluto. La negativa de La Habana a ofrecer concesiones sustanciales no responde solo a terquedad ideológica, sino a la rigidez de la fragmentación del poder.

La autoridad se reparte entre cuatro núcleos: la familia Castro, Gaesa, los servicios de inteligencia y el aparato del Partido Comunista. En este rompecabezas analistas consideran que Gaesa busca preservar su dominio económico, los servicios de seguridad mantener sus vínculos con Moscú y Pekín, el Partido evitar una apertura política y Castro considera cualquier salida como una amenaza existencial a su legado.

El investigador asociado del Instituto Quincy en Washington, Lee Schlenker, indicó a Associated Press que “habrá que ver cómo se desarrollan realmente las reformas, cómo se implementan y aplican; si se politizarán, si se aplicarán de forma selectiva o si, verdaderamente, todos los actores económicos serán tratados bajo las mismas condiciones”. “Sólo tendrán un efecto real si se complementan con el levantamiento gradual de las prohibiciones y sanciones estadounidenses”, indicó Schlenker. Pavel Vidal resalta que “la experiencia previa genera dudas razonables: en otros momentos se han anunciado reformas que luego no se aplicaron, se aplicaron parcialmente o fueron revertidas cuando comenzaron a producir efectos no deseados para el control político y administrativo”.

Por esa razón, añade, existe el riesgo de que este sea “otro intento de anunciar transformaciones para ganar tiempo, sin asumir plenamente las implicaciones políticas e institucionales de una reforma económica profunda”.