RÍO GALLEGOS.— En el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, ubicado sobre la Avenida Kirchner de Río Gallegos, se está escribiendo la página más dolorosa, compleja y necesaria de nuestra historia naval contemporánea. Este lunes 22 de junio de 2026, la pequeña sala de audiencias abrirá sus puertas para dar inicio a los alegatos finales de un juicio histórico: el proceso penal por el hundimiento del submarino ARA San Juan y la pérdida de sus 44 tripulantes, aquellos marinos que hoy custodian nuestro Mar Argentino en una patrulla eterna.

Durante 29 extenuantes jornadas de debate, el tribunal integrado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto, Luis Alberto Giménez y Guillermo Adolfo Quadrini ha escuchado testimonios técnicos demoledores, cruces desgarradores y defensas corporativas que intentan esquivar la condena. En el banquillo de los acusados se sientan cuatro ex altos mandos de la Armada Argentina: Luis López Mazzeo, Claudio Villamide, Héctor Alonso y Hugo Correa, quienes enfrentan cargos por estrago culposo agravado por el resultado de muerte, incumplimiento de deberes de funcionario público y omisión de deberes de oficio.

El tribunal: Luis Giménez, Guillermo Quadrini, Mario Reynaldi y Enrique Baronetto. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL). La distancia geográfica entre el epicentro del juicio en el sur y Mar del Plata -el hogar de la mayoría de las familias y el asiento natural del submarino- amenazaba con sepultar este proceso en el olvido mediático.

Fue allí donde cobró una dimensión histórica con la cobertura exclusiva y sistemática realizada por La Opinión Austral y LU12 AM680, durante casi 30 jornadas de juicio. ¿Una tragedia evitable?

Las pericias ventiladas en el debate oral expusieron la desidia detrás de la válvula E-19, un ciclo de mantenimiento vencido por dieciocho meses y la precaria realidad de una fuerza que mandaba a sus hombres a simular que navegaban. En la foto, la jueza Marta Yáñez, en el 2018 en el astillero Tandanor, con la válvula Eco 19 del ARA Santa Cruz, similar a la del ARA San Juan.

La reconstrucción técnica que se ventiló en la sala de audiencias, apoyada por las pericias del ex director de Material de la Armada, David Fabián Burden, es espeluznante y echa luz sobre la física del desastre. Todo inició en medio de un temporal feroz en el Atlántico Sur, cuando el submarino operaba con su sistema de snorkel abierto para renovar el aire interior y recargar sus baterías.

El agua de mar ingresó a través de la tubería de ventilación debido a la falta de estanqueidad de la válvula E-19, un desperfecto que el comandante Pedro Fernández ya había reportado en julio de 2017 durante una patrulla previa. Capitán de fragata Pedro Martín Fernández: el comandante del ARA San Juan tenía 45 años y había nacido en San Miguel de Tucumán.

Aquel ingreso de agua salada escurrió implacable hasta el tanque de baterías número tres de proa, desatando un cortocircuito violento y un proceso de hidrólisis acelerada que acumuló unos 23 metros cúbicos de hidrógeno. Bastó una sola chispa para provocar una deflagración interna equivalente a diez kilogramos de de TNT, incapacitando instantáneamente a toda la tripulación.

Sin gobierno, la nave perdió el control de la profundidad y se precipitó hacia el abismo de la fosa marina, sufriendo una implosión aplastante a más de 900 metros de profundidad. La abogada de las familias de los tripulantes del ARA San Juan, Dra.

Valeria Carreras, entrevistada por La Opinión Austral. (FOTO: Juan Palacios/La Opinión Austral). Esta cadena catastrófica, según demostró la querella liderada por la abogada Valeria Carreras, se habría evitado si los jefes navales en tierra no hubieran despachado la nave con su ciclo de mantenimiento vencido por dieciocho meses y sin la certificación obligatoria de sus escotillas.

Informes de inspecciones navales y actas internas del Consejo de la Armada de marzo de 2017 ya advertían sobre el estado crítico de la unidad y solicitaban su ingreso urgente a dique seco. No obstante, la orden desde la jerarquía militar en tierra fue continuar con la misión.

Julio Zárate, Lucas Colla, Gastón Pruzan, María Garmendia, Lorena Arias y Luis Tagliapietra. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL Las declaraciones de las familias realizadas durante los últimos días de juicio expusieron que los submarinistas transmitían un malestar generalizado y que la consigna implícita era que había que figurar que navegaban, desnudando las falencias estructurales de lo que algunos familiares definieron con dolor como una Armada desarmada.

El dolor a la distancia y el reclamo de justicia Los familiares exigen un veredicto ejemplar que rescate la memoria del olvido y cure una herida abierta en el corazón de la Patria. La tragedia humana detrás de las fórmulas de ingeniería naval se sintió con crudeza en cada testimonio bajo la ley de víctimas.

Lucía Zunda y Lusi Tagliapetra pasaron por LU12 AM680 luego de la última audiencia. FOTO: NICOLÁS WOZNIAK/LA OPINIÓN AUSTRAL Con una dolorosa entereza, las madres y esposas de los tripulantes expusieron el desamparo al que fueron sometidas.

La radicación del juicio en Río Gallegos, señalada por el querellante Luis Tagliapietra como una maniobra de conveniencia territorial o desvío de competencia para alejar la causa de su centro natural en Mar del Plata, obligó a las familias a seguir las audiencias por una fría pantalla de Zoom. Catalogados con desgarro por las querellas como los nadies del proceso, la gran mayoría de los familiares no contaban con los recursos económicos para costear pasajes de avión ni hospedajes en una Patagonia prohibitiva.

En ese desierto, La Opinión Austral dio lugar, por ejemplo, a Lucía Zunda, hermana de una de las víctimas, habló en LU12 AM680 y expresó una frase que rápidamente fue replicada por el resto de los familiares: “Ellos no salieron a morir, salieron a trabajar”. Claudio Villamide y sus abogados Juan Pablo Vigliero y Magalí Crespo.

FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL Las defensas de los imputados, encabezadas por el ex comandante Claudio Villamide -quien ya fue destituido administrativamente por un Consejo de Guerra en 2021-, ensayaron justificaciones técnicas complejas. Sostuvieron que la responsabilidad en el mar es exclusiva del comandante a bordo y que el hundimiento fue un accidente imprevisible dentro del riesgo permitido de la profesión militar, comparando el suceso con un siniestro de la marina canadiense ocurrido en 2004.

No obstante, el fiscal Franco Pruzán iniciará este lunes la etapa de alegatos con la firme convicción de que existió una flagrante violación al deber de cuidado por parte de los mandos apostados en tierra. Luego de la exposición de la fiscalía, llegará el turno de las querellas representadas por Valeria Carreras, Lorena Arias y Luis Tagliapietra, seguidas por las defensas, esperando que las últimas palabras de los acusados se escuchen en los primeros días de julio antes de que el tribunal dicte su veredicto definitivo luego de el receso invernal.

La última foto de la tripulación del ARA San Juan.