El caso Begoña Gómez ya está en manos de la Audiencia Provincial de Madrid. Este sábado el juez Juan Carlos Peinado decidió abrir juicio oral con jurado popular a la mujer del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, una decisión que no es recurrible por las defensas y por la Fiscalía, pero que sí puede anularse en la práctica si el Tribunal superior revoca ahora alguna de las decisiones que ha tomado el magistrado y que le han llevado a dar este último paso.

Así, lo cierto es que la pelota está ahora en la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid. Este Tribunal tiene pendientes resolver varios recursos.

Uno de ellos es, precisamente, contra la decisión de Peinado de transformar la causa cuando acordó que sería un jurado popular de nueve ciudadanos anónimos el encargado de decidir el destino de Begoña Gómez, así como de los otros dos imputados, su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés. Contra la decisión del jurado popular han presentado alegaciones no solo las defensas, sino también la Fiscalía, que ha denunciado los continuos excesos del juez.

De hecho, lo cierto es que el propio Tribunal ya le anuló a Peinado en febrero de 2026 la primera de las resoluciones que emitió para transformar la causa en un proceso con jurado popular. En aquella ocasión, la Audiencia Provincial le reprochó que este dictamen evidenciaba una "falta de fundamentación" sobre las imputaciones que realizaba a los acusados y le reprochó no haber hecho "ni siquiera un esfuerzo argumentativo".

Pese a ello, Peinado volvió a dar este paso en marzo, decisión que está recurrida y que es la que está pendiente de resolverse ahora. Otra de las decisiones más polémicas del juez Peinado han sido las medidas cautelares que ha tomado contra Gómez y contra su asesora como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado.

El entorno de la pareja de Pedro Sánchez ya ha anunciado que también presentara alegaciones contra esta medida, por lo que será otro de los temas a resolver por la Audiencia de Madrid. De igual manera, este Tribunal tendrá que pronunciarse sobre las alegaciones de los tres procesados contra la decisión del magistrado de acordar su procesamiento y las de la Fiscalía, que pide que se archive el caso.

Estos recursos son clave, puesto que serán fundamentales para determinar si Gómez es finalmente juzgada por los delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Sobre ello, ahora pueden darse varias opciones.

Por un lado, los jueces podrán archivar la causa por falta de indicios. Por otro, podrán avalar el procesamiento de Peinado, dar luz verde al juicio, y fijar una fecha para su inicio.

Hay asimismo otra tercera vía, que es que el Tribunal Superior devuelva la causa a la fase de instrucción para que se practiquen más diligencias. A la espera de que ver qué sucede, lo cierto es que el tiempo corre, puesto que Peinado se jubila en septiembre.

La defensa de Gómez alega "conjeturas y presunciones"En sus alegaciones, la defensa de Gómez, ejercida por el exministro de Justicia Antonio Camacho, ha interpuesto varios escritos en los que pide precisamente que se anulen varias decisiones de Peinado alegando que el juez basa la causa en "conjeturas y presunciones" contra ella y que "tan endeble valoración de los elementos constitutivos del delito" solo tiene la intención de llevarla ante un jurado. "No es solo la falta de toda motivación, sino también la arbitraria e injustificada elección del cauce procesal elegido lo que produce, en este caso, una manifiesta ablación del derecho fundamental al juez predeterminado por la ley", asegura el letrado de Gómez.

Peinado, en cambio, argumenta que ve indicios para que Gómez sea juzgada, asegurando que se aprovechó de su condición de esposa de Pedro Sánchez para favorecer sus propios negocios. Asimismo, el juez avala que los hechos deben ser juzgados por un jurado popular porque habría "conexividad" entre cada uno de los delitos.Con todo, el abogado de Gómez solicitó asimismo en mayo al magistrado que, antes de seguir con el procedimiento para enviarla al banquillo, esperase a que la Audiencia de Madrid se pronunciase sobre todos los recursos: "La estimación de cualquiera de los recursos pendientes obligaría a retrotraer las actuaciones a un momento anterior al que en la actualidad se encuentra el procedimiento, con el consiguiente dispendio de tiempo y medios judiciales que ello comportaría, así como el perjuicio que dicha situación ocasionaría a todas las partes personadas".

Pese a ello, lo cierto es que Peinado ha seguido adelante con la instrucción y, luego de la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes en los juzgados de Plaza de Castilla, este sábado tomó así ya la decisión de la apertura del juicio. Decisiones de la Audiencia ProvincialEn los casi dos años y medio que ha durado la instrucción de Peinado la Audiencia de Madrid ha avalado a Peinado para seguir con sus pesquisas, pero lo cierto es que también ha ido restringiendo algunos de sus movimientos.

Entre otros, este Tribunal le prohibió continuar con sus iniciativas para investigar el rescate de Air Europa. Asimismo, vale señalar que en esta causa solo han sido procesados finalmente tres personas, puesto que la Audiencia anuló varias de las imputaciones que efectuó Peinado: la de Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense; la de Juan José Güemes, directivo del Instituto de Empresa (IE) y la de Francisco Martín Aguirre, delegado de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, la Audiencia también tumbó el registro que Peinado ordenó en la casa del empresario Barrabés cuanto éste se encontraba ingresado en el hospital por una enfermedad grave y revocó la intención del magistrado de abrir un segundo juicio contra Gómez por malversación. Cabe recordar, asimismo, que Peinado también solicitó la imputación del actual ministro de Justicia, Félix Bolaños, decisión que fue rechazada por el Tribunal Supremo.

En esta causa el magistrado ha investigado un presunto tráfico de influencias de Gómez a favor de Barrabés; la gestión de Gómez en la cátedra y en los dos másteres que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid; la presunta apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del 'software' de dicha cátedra, y el nombramiento de Cristina Álvarez como su asesora en el Palacio de la Moncloa.De llegar finalmente a un juicio, las acusaciones populares lideradas por la organización Hazte Oír piden una condena de 24 años de prisión para la mujer de Pedro Sánchez, mientras que solicitan 22 años para Cristina Álvarez y seis años para Barrabés.