SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA.— El padrastro condenado por abusar sexualmente de su hijastra asumió una postura de “víctima” en la investigación que llevó a cabo la Fiscalía. Esto se pudo observar en la pericia psicológica que le hicieron los peritos del Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF).

Esta medida de prueba había sido solicitada por la fiscal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino. En el informe que emitieron los especialistas, también destacaron que el hombre carece de empatía. “No se evidencia angustia.

Emerge de la entrevista un posicionamiento de víctima. Se evidencia tendencias agresivas.

Hay alteraciones psicológicas en el ámbito del control de su ira. En lo emocional, carece de sentimiento de angustia, empatía, ansiedad.

Presencia de restricción emocional, inhabilidad para expresar emociones”, señalaron en el informe pericial. En otro orden, remarcaron que tiene “inadecuadas estrategias para solucionar problemas de forma sana” y “presenta indicadores de no adherirse a las normas sociales y al incumplimiento de la ley”. “En el momento de la evaluación psicológica, mostró un discurso florido de justificaciones, utilizando elementos a su favor desde una posición de víctima, privilegiando sus deseos y necesidades por encima de la realidad”, concluyeron los peritos.

Durante el juicio por jurados, los testimonios de los especialistas complicaron al padrastro. El último viernes, el jurado popular declaró culpable al hombre que estaba sospechado de ultrajar a una niña de cinco años de edad, quien era la hija de su pareja.

Lo condenó por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda. Esto sucedió en la segunda y última jornada del debate, que se desarrolló en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial, en la ciudad Capital.

El jurado consideró que el hombre abusó sexualmente de la niña, en un hecho ocurrido en enero de 2024, en una localidad del interior provincial. Durante el juicio, declararon diferentes testigos que intervinieron durante el proceso judicial.

La declaración de los psicólogos y de otros profesionales de la salud permitió que el jurado comprenda el daño que había sufrido la víctima. La causa llegó a juicio luego de una amplia investigación que realizaron el fiscal de Instrucción N° 5, Hugo Costilla, y la fiscal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino.

En el debate, el juez director fue Luis Guillamondegui. El Ministerio Público Fiscal (MPF) estuvo representado por el fiscal de Cámara, Augusto Barros, y la asesora de menores, Sandra López Gardel.

En la querella, estuvieron los abogados Pedro Vélez y Alan Álvarez. En tanto, en la defensa hicieron lo propio los letrados Juan Pablo Morales y Gabriela Andrea Reinoso.

Luego de el veredicto del jurado popular, se programó para el próximo martes la realización de la audiencia de cesura de pena para el condenado. En la ocasión, se definirá el monto de la pena que deberá cumplir el hombre -en la cárcel- por el abuso cometido.

Ese acto procesal se hará en la OGA, desde las 12. En la oportunidad, las partes expresarán cuántos años de prisión pretenden para el padrastro.

Luego, el juez Guillamondegui será quien determinará la pena para el hombre. La expectativa de pena es de 8 a 20 años de prisión efectiva.

El sentenciado había llegado a juicio con prisión preventiva, bajo la modalidad domiciliaria. Ante esta situación, la querella evalúa solicitar que le revoquen la domiciliaria y que la cumpla efectivamente en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) de Miraflores, Capayán.

ASI El abuso sexual en la infancia (ASI) es una de las formas de violencia más extrema que niños, niñas y adolescentes pueden sufrir. No obstante, el dato más importante que advierten los profesionales en esta temática es que en la gran mayoría de los casos se trata de abusos sexuales intrafamiliares: padre, abuelo, hermano, tío o primo son los principales sospechosos.

El victimario realiza un abuso de poder. A través de diversos mecanismos de manipulación y amenaza, quien abusa genera en la víctima un sentimiento de culpa y vergüenza.

Es por ese motivo que quienes lo sufren pueden tardar mucho tiempo, incluso años, hasta que pueden poner en palabras lo que les sucedió. Al respecto, especialistas en esta temática advierten que la familia “puede ser un territorio favorable” para maltratar y abusar de chicos y chicas.

Suelen ser silenciados por sus propios agresores, mediante distintas estrategias. El agresor sexual se vale del miedo, la culpa y la manipulación.

De esta manera, promueve la impunidad en estos actos de violencia. Los abusos sexuales contra chicos y chicas son delitos de acción pública.

En 2018, luego de una modificación en el artículo 72 del Código Penal Argentino (CPA) se convierten en carácter de orden público los delitos sexuales contra chicos y chicas. La acción ante la Justicia podrá ser iniciada por cualquier persona y el Estado, a través de los fiscales, estará obligado a llevar adelante las investigaciones correspondientes.

Es decir, se elimina el requisito de la denuncia de los representantes legales de los chicos como condición para proceder.