SAN JUAN.— La controversia judicial que enfrenta a la fiscal coordinadora de Delitos Contra la Propiedad, Claudia Salica, y al juez de Garantías Diego Sanz sumó un nuevo capítulo y ya quedó en manos de una instancia superior. Según pudo saber DIARIO DE CUYO, luego de que la representante del Ministerio Público Fiscal recusara al magistrado durante una audiencia y este rechazara apartarse del expediente, la fiscal impugnó esa decisión y ahora será otro juez quien deba resolver el planteo.

La disputa se originó luego de la publicación que hizo este diario sobre una audiencia vinculada a una causa contra una banda de robarruedas, en la que dos imputados buscaban acceder a una salida alternativa mediante una reparación integral. Allí, Sanz ordenó que las víctimas fueran citadas para comparecer de manera presencial o virtual antes de resolver el pedido, pese a que Fiscalía sostenía que los damnificados ya habían manifestado por escrito su consentimiento para avanzar con el acuerdo.

Esa decisión provocó un fuerte cruce entre ambas partes. Salica entendió que la exigencia no tenía respaldo legal y planteó la recusación del magistrado, mecanismo previsto por la ley para solicitar el apartamiento de un juez cuando alguna de las partes considera que su imparcialidad podría verse comprometida.

No obstante, Sanz rechazó el planteo y continuó interviniendo en el expediente. Lejos de quedar allí, la controversia avanzó un escalón más.

La fiscal impugnó la negativa del juez y ahora será un magistrado superior quien analice los argumentos de ambas partes y determine si corresponde o no el apartamiento de Sanz. Mientras tanto, el conflicto trascendió el expediente puntual y abrió un debate institucional dentro del sistema judicial sanjuanino.

El respaldo de los fiscales El primero en pronunciarse fue el Consejo de Fiscalías y Asesorías de San Juan (CONFIAS), que emitió un duro comunicado respaldando la postura de Salica. Desde el organismo cuestionaron que algunos jueces exijan requisitos que, según sostienen, no están previstos en la Ley 1851-O ni en ninguna otra norma procesal vigente.

Para los fiscales, obligar a las víctimas a presentarse en audiencias cuando ya expresaron de manera libre y voluntaria su conformidad por escrito constituye una forma de \"revictimización institucional\", ya que las expone nuevamente a situaciones vinculadas con el hecho delictivo sin que exista una obligación legal para ello. Asimismo, remarcaron que los magistrados no pueden incorporar exigencias que no fueron contempladas por el legislador y defendieron el criterio aplicado por el Ministerio Público Fiscal en este tipo de procedimientos.

La respuesta del Colegio de Magistrados La reacción no tardó en llegar. El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de San Juan, presidido por Pablo Farina, difundió un comunicado institucional en defensa de la actuación de Sanz y del rol que cumplen los jueces dentro del sistema acusatorio.

Desde la entidad recordaron que todos los planteos realizados por las partes deben debatirse y resolverse dentro de las audiencias previstas por la ley y remarcaron que corresponde a los jueces garantizar los derechos de todos los sujetos procesales, incluidas las víctimas. En ese sentido, sostuvieron que citar a las personas afectadas por un delito cuando se analiza una posible finalización del proceso penal constituye una facultad legítima del juez y una forma de resguardar su derecho a ser escuchadas.

El Colegio también hizo un llamado a preservar el respeto institucional y advirtió que las diferencias jurídicas deben resolverse dentro de los mecanismos procesales establecidos, evitando cuestionamientos públicos que puedan afectar la investidura judicial. Una decisión que marcará precedente Con la impugnación presentada por Salica, la discusión dejó de ser únicamente doctrinaria y ahora tendrá una respuesta concreta de un tribunal superior.

La resolución no solo definirá si Diego Sanz continúa interviniendo en la causa de los robarruedas, sino que también podría sentar un criterio sobre el alcance de la participación de las víctimas en los acuerdos de reparación integral y sobre los límites de actuación de jueces y fiscales dentro del sistema acusatorio sanjuanino. Por ahora, el expediente quedó en una etapa de revisión y todas las miradas están puestas en la decisión que adopte el magistrado encargado de resolver una de las disputas institucionales más resonantes de los últimos tiempos en los tribunales de San Juan.