El fiscal Gerardo Pollicita profundizó la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con una serie de medidas que alcanzan a la familia del funcionario, sus antecedentes laborales, al universo de las plataformas de criptomonedas. Apuntan también a verificar las primeras explicaciones públicas que ofreció el jefe de Gabinete sobre su drástico crecimiento patrimonial, durante la entrevista con el periodista José Del Rio, en LN+, luego de presentar su largamente anunciada declaración jurada.

Entre las medidas, Pollicita solicitó al canal el envío de una copia sin editar de aquella entrevista, en la que Adorni explicó que la principal modificación que introdujo en su declaración jurada fue la incorporación de más de US$500.000 que había atesorado en criptomonedas. Expresó que US$200.000 fue el capital que invirtió en Bitcoin y otros US$300.000 las ganancias que obtuvo.

Ese ingreso quedó reflejado en una rectificación realizada sobre su declaración jurada de 2023, en la que incorporó una “venta de activos” por un total de US$565.000, una cifra que le permitió al funcionario restituir el balance entre sus ingresos y egresos. En la entrevista, Adorni remarcó que obtuvo ganancias por US$300.000 luego de operar con Bitcoin a partir de los años 2013 y 2014.

Por eso, el fiscal le pidió a la Comisión Nacional de Valores que informe qué plataformas, exchanges, billeteras, custodios, intermediarios y proveedores de servicios de activos virtuales operaron en el país desde 2012.Las medidas que ordenó el fiscal Pollicita alcanzan también a dos countries. A la administración del Golf Club Indio Cua −donde Adorni alquiló una casa y luego compró otra− le solicitó los registros de ingreso y egreso entre noviembre de 2024 y agosto de 2025.A la administración del barrio privado Fincas de Iraola 2, en La Plata, le pidió que informe si Silvia Pais, madre de Adorni, reside en la actualidad allí.

La medida se dispuso a partir de una noticia que la situaba viviendo dentro de ese barrio. El fiscal quiere saber si esto es así y bajo qué términos se concretó la supuesta mudanza: pidió datos sobre montos pactados, modalidad de pago y eventuales pagos por adelantado.El fiscal también solicitó información al juzgado de Daniel Rafecas, donde tramita la causa en la que está investigado Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, también por presunto enriquecimiento ilícito.

Pollicita busca determinar si existe algún tipo de vinculación entre ambos casos.Al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en tanto, el fiscal le pidió información sobre eventuales vínculos laborales del funcionario con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores, una institución educativa privada sin fines de lucro.Noticia en desarrollo