El presidente de la República, Santiago Peña, anunció este miércoles que recibió formalmente el informe técnico y las recomendaciones del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), documento clave para determinar el próximo reajuste del sueldo básico en el sector privado. A través de sus redes sociales, el jefe de Estado subrayó la complejidad de esta decisión, la cual se encuentra bajo una evaluación exhaustiva por parte del Poder Ejecutivo. “Estamos evaluando detalladamente las posturas de todos los sectores para tomar una decisión responsable y equilibrada sobre el salario mínimo, priorizando el bienestar de los trabajadores y la estabilidad de nuestra economía”, aseveró el mandatario luego de su reunión con la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde.

El debate sobre el nuevo salario mínimo ocurre en un escenario marcado por la falta de consenso dentro de la propia Conasam. Mientras los representantes de los trabajadores han argumentado que el costo de vida ha superado los ajustes realizados en años anteriores, el sector empleador ha insistido en que el reajuste debe limitarse estrictamente a la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), conforme a los mecanismos establecidos en la normativa laboral vigente.

Históricamente, el sistema de ajuste salarial en Paraguay se ha regido por lo dispuesto en el Código del Trabajo (Ley N.º 5764/16), que establece la revisión anual en función de la inflación oficial reportada por el Banco Central del Paraguay (BCP). En los últimos años, el Ejecutivo ha aplicado ajustes anuales que buscaron compensar la pérdida del poder adquisitivo sin desequilibrar la macroeconomía.

Por ejemplo, en julio de 2025, el salario mínimo legal se ajustó un 3,6% (equivalente a G. 100.739), alcanzando los G. 2.899.048 vigentes hasta la fecha. Ante la ausencia de un acuerdo unánime en el seno de la Conasam este año, la responsabilidad de fijar el nuevo porcentaje mediante decreto presidencial recae exclusivamente sobre la figura del presidente de la República, quien deberá dirimir entre las distintas posturas para anunciar el monto que entrará en vigor próximamente.