El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha contactado por carta en las últimas horas con todas las comunidades y ciudades autónomas para ofrecerles la firma de convenios de colaboración en materia de transporte. El motivo es la entrada en vigor de los nuevos requisitos para obtener la tarjeta personal de transporte (TTP) que limitan a los empadronados en Madrid la posibilidad de acceder a los abonos mensuales y otros títulos subvencionados y estarían dejando fuera de estos precios a unas 200.000 personas, de acuerdo con las estimaciones oficiales.

Con estas comunicaciones, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso busca replicar los acuerdos que tiene desde hace años con sus 'vecinas' Castilla-La Mancha y Castilla y León, administraciones que ya están sufragando los costes asociados a los abonos de los residentes que se desplazan a la región a estudiar o trabajar. "El Consorcio invita expresamente a las restantes comunidades a estudiar la suscripción de acuerdos similares", han señalado sobre el contenido de la misiva desde la Consejería de Transportes, fuentes que han añadido estos convenios "se fundamentan en un principio de cooperación y corresponsabilidad financiera entre administraciones".

"Se plantea, con carácter prioritario, facilitar el acceso de los jóvenes al abono transporte en condiciones equiparables a las de los usuarios empadronados en la región", han detallado desde el departamento que dirige Jorge Rodrigo, pero lo cierto es que en los convenios podrían tener cabida otros colectivos.Asimismo de estudiantes, podrían extenderse las subvenciones desde las comunidades de origen a trabajadores desplazados o a usuarios con determinadas circunstancias personales, como puede formar parte de una familia numerosa. Así lo ha precisado el consejero madrileño de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este miércoles, en la que ha explicado que cada convenio fijaría qué títulos de transporte financiarían las comunidades de origen, un detalle que tendría que cerrarse entre los gobiernos firmantes del pacto.El convenio entre la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, que podría utilizarse como modelo para otros territorios, es un ejemplo de amplitud de colectivos.

El texto vigente especifica que se cubrirán los títulos de personas de hasta 26 años (el abono joven) y también los del resto de usuarios (normales) en los periodos de validez mensual y anual. De acuerdo con los datos facilitados por el Consorcio, el año pasado la Administración castellano-manchega le transfirió en torno a 8,5 millones de euros para facilitar los desplazamientos de cerca de 51.000 usuarios.

De momento, no ha trascendido que ninguna comunidad autónoma haya contestado a la carta del Consorcio madrileño, aunque García Martín ha trasladado que esta semana, luego de conocerse el requisito de residencia, algún territorio sí que contactó con Madrid interesándose en la rúbrica de un convenio para sus ciudadanos. Esos acuerdos, en cualquier caso, tardarían varios meses en entrar en vigor y no sólo porque la posibilidad de articularlos acabe de ofrecerse.

También porque el trámite administrativo y burocrático que llevan asociado obliga a que los textos, con carácter posterior a la negociación gubernativa, pasen por los parlamentos de las dos comunidades que lo rubrican para que adquieran plena validez, una exigencia que dilata los plazos. Dadas las alturas del curso actual, con la Asamblea de Madrid a punto de finalizar el periodo de sesiones —este jueves es el último pleno— y teniendo en cuenta que el siguiente no comenzará hasta la segunda mitad de septiembre, no parece posible que esos potenciales convenios que el Gobierno de Díaz Ayuso propone firmar vayan a estar operativos para el comienzo del próximo curso académico.

Este es un momento clave, porque muchos estudiantes de otras provincias llegarán a Madrid para comenzar sus estudios y si se mantienen empadronados en sus lugares origen, que es lo habitual porque entre otras cosas de ello dependen algunas becas, no podrán sacarse el abono joven de transporte. Un "parche", según la oposiciónLa carta enviada por el Consorcio a las diferentes autonomías no ha satisfecho las reclamaciones de la oposición madrileña, que se han mostrado muy críticas con el requisito de empadronamiento desde que transcendió el pasado viernes.

"Ayuso está intentando solucionar un problema que ellos mismos han creado, que es haber dejado sin abono a miles de estudiantes cuando lo único que querían era dejar sin abono a las personas migrantes", ha valorado Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea y líder de la oposición a Díaz Ayuso. La diputada progresista ha calificado de "parche" el último movimiento del Ejecutivo madrileño, mientras que la portavoz socialista, Mar Espinar, ha opinado que se está articulando un cambio de criterio con prisa.

"Ha decidido colar una vez más por la puerta de atrás una medida discriminatoria que ahora intenta rectificar a toda prisa, eso sí, olvidándose una vez más de los inmigrantes", ha esgrimido la diputada, que ha insistido en que el PSOE reclama que la Comunidad elimine de forma inmediata el requisito que activó el pasado lunes.