En lo que va de este año, los procesos penales que apuntaban contra el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se fueron cerrando uno a uno luego de que el Ministerio Público y los tribunales concluyeran que no existía responsabilidad penal atribuible a la autoridad regional. En marzo, la Fiscalía Regional Oriente cerró la investigación por supuestos coachings con fines políticos que fueron contratados por el Gore y reprochados por la Contraloría, y comunicó su decisión de no perseverar en la causa.

La determinación, como comunicó este medio en su momento, fue tomada por la fiscal regional Lorena Parra y el fiscal Cristóbal Salazar luego de ejecutar las diligencias correspondientes para indagar y descartar la eventual existencia de hechos constitutivos de delitos.Pero luego, Orrego también libró con total éxito las imputaciones que lo vinculaban al caso ProCultura. A inicios de junio -luego del traslado de la causa a Santiago y rechazado su sobreseimiento por parte de la Corte de Santiago-, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó el sobreseimiento definitivo del exmilitante DC.

De esta forma, Orrego fue ratificando las declaraciones que había entregado desde la apertura de dichas indagatorias y que lo posicionaban como inocente. Como ha repetido una y otra vez, jamás ha incurrido en actos reñidos con la probidad y la normas.Pese a ello, su continuidad en el cargo no está del todo asegurada, pues aún está pendiente el requerimiento que presentaron consejeros regionales (cores) republicanos de la UDI ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para removerlo del puesto por supuestas faltas a la probidad.

Eso sí, el proceso está pronto a culminar. Como pudo conocer este medio, durante la jornada del martes 16 de junio el presidente de dicha instancia, el ministro Arturo Prado, y los ministros Adelita Ravanales y Gabriel Ascencio, resolvieron poner en tabla la causa.

Esto, luego de que ya hace varias semanas concluyera la etapa probatoria. De esta forma, se fijó la vista del requerimiento para el viernes 7 de agosto, a partir de las 15.00 horas.

Al respecto, el abogado que representa a los requirentes, Álvaro Ferrer, comentó a La Tercera que esperan expectante la futura resolución, ya que a juicio de ellos existen pruebas suficientes para avanzar en la destitución del gobernador. “El Tricel escuchará los alegatos finales y resolverá si el gobernador Claudio Orrego incurrió en notable abandono de deberes y faltas a la probidad. Para ello, los demás éxitos judiciales obtenidos por el gobernador son irrelevantes", expresó el abogado.

En el mismo sentido, agregó: “El Tricel resolverá conforme al mérito de este proceso, en el cual existe prueba abundante y categórica. En buena hora, los tribunales y la ciudadanía comprenden que los cargos públicos existen únicamente para el servicio común y no para el beneficio personal”.En la acción de los consejeros se reprocha a Orrego temas como contrataciones directas con vínculos personales, supuestos traspasos cuestionados a fundaciones, asimismo de un presunto uso de recursos institucionales para beneficio electoral.

Todo ello, a la luz de antecedentes que se ventilaron durante los procedimientos penales mencionados. Como recalcan los cores de oposición del Consejo Metropolitano, una cosa es que no haya delito en los hechos denunciados e investigados, y otra distinta que no hayan faltas administrativas que se puedan sancionarse con la máxima rigurosidad.

Uno de los puntos por los que a Orrego se le cuestiona, es por una contratación de servicio de coaching por $ 31.366.179 a la empresa Vera y Asociados S.A. vía trato directo. Si bien se atribuyó la asesoría a “línea de apoyo a la gestión institucional”, la Contraloría planteó que tenía contenido político electoral.El organismo liderado por Dorothy Pérez, rechazó la solicitud de reconcideración ingresada por la defensa del gobernador, reafirmando sus observaciones respecto de irregularidades en esa contratación.

Esto, vía un documento de 20 páginas donde se hizo hincapié en una serie de faltas.