El diputado Betserai Richards, de la bancada Seguimos, llegó a la Asamblea Nacional con un proyecto de ley en la mano pero estuvo a punto de presenciar su archivo. No obstante, en el camino el viento sopló a su favor.

El presidente José Raúl Mulino sancionó la norma que obliga a los centros de salud públicos a extender sus horarios de atención. La historia detrás de esa sanción incluye un veto presidencial, y una aprobación por insistencia, facultad que tiene la Asamblea Nacional.

La Ley 528 establece que al menos dos centros de salud por región sanitaria deben atender de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., incluyendo fines de semana. En algunas instalaciones hospitalarias, el horario puede extenderse hasta las 10:00 p.m. según la demanda de la población.

El Ministerio de Salud (Minsa) tendrá facultad para reglamentar qué centros deben operar por región, pero si supera el mínimo de dos, el Ministerio de Economía y Finanzas está obligado por ley a aprobar el presupuesto para que se ejecute. Richards, diputado del circuito 8-6, en Panamá Este, cuenta que la idea de la ley es producto de episodios que vivió en su infancia.

Se recuerda de niño, formando fila a las 4:00 a.m. en un centro de salud con sus padres, para asegurar un turno para pediatría, una vacuna, o cualquier otro servicio. El proyecto fue presentado en el primer año legislativo (30 de junio de 2024 y 30 junio de 2025) pero nunca se debatió.

En el segundo periodo, la Comisión de Salud lo acogió, alcanzó consenso con las autoridades del Minsa y luego pasó los tres debates. El Minsa, dice el diputado, puso una sola condición: “que la ley no se convirtiera en una camisa de fuerza” que obligara a abrir instalaciones sin población suficiente.

Pese a eso, cuando llegó al Palacio de Las Garzas, el presidente Mulino lo vetó. “Una objeción por inconveniente, no por inconstitucional”, precisa Richards. Entonces la Asamblea la volvió a aprobar esta vez por insistencia.

El Ministerio de Salud ya opera algunos centros con horario extendido. Un ejemplo de esto es el Minsa Capsi de Las Garzas, en Panamá Este, que abre los fines de semana, aunque solo hasta las 3 p.m.

El ministro Fernando Boyd Galindo, añade Richards, usó ese ejemplo para argumentar que la ley era innecesaria. Pero Richards se opone a esta premisa. “Si el próximo ministro en el 2029 llega y dice que no quiere que ese centro abra en horario extendido, la ley ya existe.

La ley mandata claramente que se deben abrir por región de salud por lo menos dos centros de salud”, sustenta. El pasado lunes, Manuel Zambrano, viceministro de Salud, recordó que ya existen centros de salud que operan con horario extendido.

Con la nueva ley, afirma, se tendrán que tomar en cuenta las demandas de la población. “Poco a poco vamos a ir cumpliendo con lo que la ley nos ordena”, añadió. También se refirió a los costos. “Esperamos que las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas otorguen los presupuestos suficientes para poder cumplir con estas demandas.

A la final, nosotros somos los que cargamos el problema de pagar. No hemos podido cumplir con los internos, con los funcionarios que trabajan”, sustentó.

Richard reaccionó al respecto. “Comprendo que ellos piensen así porque no necesitan, pero yo no lo voy a aceptar”, anunció. Entonces recordó el gasto millonario en consultoría, los millones invertidos en alquiler de vehículos para altos funcionarios, la remodelación de la cocina de la Presidencia de la República, $14 millones para un hospital de mascotas, $7 millones para la villa diplomática. “Aquí hablamos de millones como si fueran centavos”, expresó.

Richards aspira a volver a ser uno de los integrantes de la Comisión de Salud a partir del próximo 1 de julio. Su plan, explicó, es instalar una mesa de trabajo con el Minsa para redactar el reglamento que active la ley.

Sin reglamento, dice, el Estado caminaría “a ciegas” sobre qué centros abrir y cuáles no.