SANTA ROSA.— Ante un salón colmado, inició en el tercer piso de la Universidad Nacional de La Pampa la audiencia pública para analizar el proyecto inmobiliario sobre el acuífero Toay-Santa Rosa-Anguil-Catriló propuesto por el Fideicomiso Santa Rosa Rugby.Previo a dar la palabra a los expositores, el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, habló ante el auditorio y remarcó que el debate “incomoda”, pero la ciudad lo “necesita dar”. Defendió la realización de una audiencia pública porque “las decisiones importantes tienen que construirse con información, participación y con la mayor cantidad posible de voces técnicas y de ciudadanos”.Insistió en que “el agua de Santa Rosa es una prioridad absoluta para todos”.

Ello quedó plasmado en el Código Urbano Ambiental de 2023, el cual indica que en las audiencias deben intervenir los organismos provinciales competentes. “Santa Rosa hizo su parte, ya discutió qué tipo de ciudad queríamos y hacia dónde queríamos crecer. Ahora falta que la Provincia haga la suya”, apuntó.Hizo hincapié en que “el recurso subterráneo pertenece constitucionalmente a la órbita provincial”.

Entonces es la Secretaría de Recursos Hídricos la que “debe encargarse de gestionar este recurso” y aseveró que “gestionar un recurso no puede ni debe ser no hacer nada con él. Tampoco para gestionar alcanza con dictar resoluciones simples, pretendiendo transferir a los municipios las responsabilidades y hacerlo sin la transferencia de los recursos económicos necesarios”.Críticas a Provincia.Ante la mirada atenta del secretario de Recursos Hídricos, José Gobbi, el intendente Di Nápoli criticó que la Provincia “no cuenta con un relevamiento hidrogeológico integral y actualizado de los acuíferos”.

Por eso le pidió al funcionario que asuma el compromiso, que financien y produzcan ese estudio “de manera urgente” para decidir, con base científica, qué hacer. “Ese conocimiento tiene que ser un bien público”, subrayó. Afirmó que hay proyectos que “no avanzan” en Santa Rosa por “falta de definiciones y, meses después, terminan instalados en localidades vecinas, sobre el mismo acuífero, sin que la autoridad provincial ponga ninguna objeción.

Entonces, ¿quién paga ese desorden y esa inacción? Lo paga Santa Rosa.

Hay inversiones y trabajo que la ciudad deja pasar, actividad comercial que no se instala, vecinos y vecinas que terminan viajando desde lejos para ganarse la vida cuando podrían hacerlo cerca de sus hogares”.Di Nápoli pidió “que no se apruebe cualquier cosa”, pero exigió “reglas claras e información actualizada”. Remarcó que cuidar el agua “no puede ser decir que ‘no’ a todo y mirar para otro lado.

Cuidar el agua es estudiar, definir qué obras se necesitan y dar certezas”. No obstante insistió en que “no hay apuro” para debatir el tema porque “la decisión que tome este Concejo va a tener consecuencias durante décadas”.

El intendente también apuntó contra el ex jefe comunal, Leandro Altolaguirre, quien hoy integra la ONG Alihuen y rechaza el proyecto del fideicomiso. “Las decisiones serias tampoco pueden tomarse con la hipocresía de decir una cosa cuando se está en el cargo del Ejecutivo municipal y cuando toca estar en oposición calzarse el traje de falso ambientalismo. Así lo hizo un exintendente que, cuando tuvo que decidir, envió un proyecto de instalación de una estación de servicio sobre el mismo acuífero y ahora se opone a cualquier tipo de emprendimiento”.Respuesta.El primer orador de la jornada de ayer fue el secretario de Recursos Hídricos, José Gobbi.

Adelantó que iba a “desilusionar” a los presentes porque no iba a opinar. “No puedo emitir una opinión en este momento acerca del proyecto porque la normativa provincial requiere un proceso administrativo técnico legal para su análisis y todavía ese proyecto no ha sido elevado por los canales administrativos correspondientes, en este caso la Secretaría de Recursos Hídricos”, se excusó.Asimismo coincidió con el intendente sobre la necesidad de un “debate serio” acerca del uso del agua y la ocupación del espacio sobre aquellas áreas estratégicas. En segundo lugar expresó que “hay que respetar los marcos normativos existentes” y por último remarcó que “hay que desdramatizar la discusión y basarnos en criterios técnicos”.“Para sacarle dramatismo al proceso hay que analizarlo con cabeza fría.

Si hay condiciones para una aprobación, se tomará con los requerimientos y las condiciones que establezca la normativa pertinente. Si hay que hacer los ajustes, se los hará”, recomendó y remarcó que puede existir en el futuro una audiencia pública del proyecto en el marco de la Ley Ambiental Provincial.