En un nuevo capítulo de los juicios contra los Bolsonaros, que empezaron con la tentativa de Golpe de Estado pocos días antes de que Lula da Silva asumiera el poder, hoy es Eduardo, el hijo del expresidente, el que enfrenta la justicia.La mayoría de los magistrados de un panel de la Corte Suprema de Brasil votaron el martes a favor de condenar a Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, por buscar la interferencia de Estados Unidos en el juicio por el complot golpista de su padre el año pasado.Los magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF) iniciaron este martes el juicio que podría condenar al destituido diputado Eduardo Bolsonaro por coaccionar a magistrados, y orquestar sanciones con el gobierno de Estados Unidos contra el poder judicial brasileño. El exdiputado está acusado de intentar interferir en el proceso del golpe de Estado que culminó con la condena de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.Este juicio llega en un momento complicado en las relaciones Lula-Trump: ambos acaban de sacarse la foto en la cumbre del G7, pero el estadounidense está amenazando con nuevas tarifas y criticando al judicial brasileño.El hijo del expresidente Jair Bolsonaro está acusado de coacción durante un proceso judicial e intento de abolir el Estado de derecho democrático.

La acusación presentada por la Fiscalía General apunta a un intento de presionar al Supremo Tribunal Federal (STF) para impedir la condena de su padre en el caso del intento de golpe de Estado. Jair Bolsonaro, padre del acusado, fue condenado a más de 27 años de prisión y en la actualidad cumple su condena.Personas cercanas a Alexandre de Moraes, magistrado sancionado por Trump, creen que se obtendrá la mayoría en la Primera Sala para condenar al exdiputado.

Sin la participación del magistrado Luiz Fux, existe la posibilidad de un veredicto unánime, con los votos de los magistrados Cristiano Zanin, Flávio Dino y Cármen Lúcia, los otros integrantes del tribunal.Al acusar a Eduardo, la Fiscalía General declaró que este, alegando persecución política por parte del Tribunal Supremo, movilizó contactos en Estados Unidos para obtener sanciones personales contra ministros, como la suspensión de visas y la aplicación de la Ley Magnitsky, y sanciones económicas para Brasil, como el “tarifazo” aplicado por Donald Trump en 2025. La Ley Magnitsky permite a Estados Unidos condenar a ciudadanos extranjeros por corrupción, y Marco Rubio sugirió utilizarla contra Alexandre de Moraes, por su rol en la condena del expresidente Bolsonaro.

Las sanciones contra de Moraes terminaron siendo retiradas en diciembre de 2025.La defensa del exdiputado argumenta que Moraes debería ser declarado inelegible para juzgar el caso por falta de imparcialidad y que la Fiscalía General “confunde la acción política con el poder de coacción” al referirse a las acciones de Eduardo Bolsonaro en Estados Unidos. Asimismo, sostienen que no existen pruebas de delito alguno por parte del acusado, cuyas declaraciones estaban amparadas por la inmunidad parlamentaria y la libertad de expresión.La condena podría generar un nuevo desafío para el liderazgo del presidente de la Corte Suprema, Edson Fachin, al abrir un nuevo punto de fricción entre Brasil y Estados Unidos.

Fachin se ha quejado de “presiones externas” de otros países que limitan el ejercicio de la función del tribunal.El Primer Panel del Tribunal Supremo Federal (TSF) está integrado por los magistrados Flávio Dino, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin, asimismo de Moraes. Este mismo grupo condenó a Bolsonaro a 27 años de prisión.

Según comunicó O Globo, se espera que los magistrados utilicen el juicio para enviar un mensaje sobre las actividades de miembros de la familia del expresidente Jair Bolsonaro en Estados Unidos, en connivencia con la administración de Donald Trump.Dado que no ha contratado a su propio abogado, Eduardo será defendido por la Defensoría Pública brasileña. La agencia solicitará un aplazamiento de la sesión hasta que el panel esté completo nuevamente: el Primer Panel ha estado incompleto desde la salida del magistrado Luiz Fux.

No obstante, se prevé que la solicitud sea denegada.En la misma sesión de ese juicio, Moraes enfatizó, sin mencionar a Eduardo Bolsonaro, que a lo largo del proceso en el que el exjefe del poder ejecutivo era acusado, “se observó la existencia de una conducta deliberada y consciente por parte de una verdadera organización criminal”. “Inició a actuar de manera cobarde y traicionera con el objetivo de intentar coaccionar al Poder Judicial y someter el funcionamiento de la Corte al escrutinio de otro Estado extranjero”, indicó el magistrado.El juicio se ve enmarcado por nuevas tensiones entre ambos países. Las discrepancias entre Brasil y Estados Unidos se han intensificado luego de la conclusión del gobierno estadounidense de una investigación comercial y su propuesta de imponer aranceles del 25% a los productos brasileños.Según un informe de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, Brasil ha adoptado prácticas consideradas “irrazonables” que perjudicarían a las empresas estadounidenses, incluyendo las normas sobre Pix (un sistema de pagos instantáneos brasileño), las políticas ambientales, la lucha contra la corrupción y la protección de la propiedad intelectual.

La medida aún no ha entrado en vigor y se encuentra en proceso de consulta pública antes de la decisión final, prevista para julio.Esto ocurre justo en el momento de la cumbre del G7, en Evian les Bains, Francia, donde Brasil fue invitado y por lo cual Lula da Silva está presente. Este martes, Lula y Trump posaron para la foto general, pero según indicaron los medios brasileños, no se habrían saludado mutuamente.La justicia brasileña no solo lidia con las presiones estadounidenses, sino también con la justicia italiana.

Esto, ya que el mes pasado la Corte de Casación italiana se negó a extraditar a la ex diputada Carla Zambelli, que se encuentra en el país europeo después de contratar a un hacker para emitir una orden de arresto falsa contra Alexandre de Moraes, luego de que este último condenara a la cárcel a Jair Bolsonaro. El magistrado brasileño Edson Fachin mostró su preocupación al respecto, y afirmó que la exdiputados contaba con todas las garantías judiciales para enfrentar sus acusaciones.

Fachin aseveró que la Corte Suprema actuó de forma independiente e imparcial al juzgar el caso. Asimismo, el presidente de la STF recalcó que se le garantizó a la exdiputada el debido proceso y el derecho a una defensa plena.“En este caso, la Fiscalía General presentó cargos por los delitos de acceso no autorizado a un sistema informático y falsificación de documentos.

Los cargos fueron aceptados por unanimidad por la Primera Sala, que ratificó las decisiones del magistrado único, el eminente relator, el ministro Alexandre de Moraes”, agregó.