Una importante intervención encabezada por el Ministerio Público desarticuló un esquema dedicado a la comercialización de medicamentos sin registros sanitarios ni respaldo legal. El fiscal Osvaldo Zaracho, titular de la Unidad Especializada N° 3 en Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual y el Contrabando de Alto Paraná, lideró tres allanamientos este lunes 15 de junio, luego de una investigación que pone en foco la salud pública y la propiedad intelectual.

Los operativos, autorizados por la jueza penal de garantías Teresita Cazal, contaron con el despliegue de personal del Departamento de Convenios y Acuerdos de Cooperación Policial Internacional y técnicos de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa). En la primera intervención, realizada en una vivienda de Hernandarias, la comitiva incautó insumos de alta peligrosidad, entre ellos: Posteriormente, la comitiva se trasladó a la clínica Bionova, ubicada en el barrio Boquerón de Ciudad del Este.

Allí se hallaron diversos kits destinados a tratamientos de inmunidad, hipertrofia muscular, alopecia androgenética, menopausia y estética. Entre las sustancias confiscadas destacan vitamina C, vitamina D3, DMSO al 99,9 %, MSM y cloruro de sodio, asimismo de bolsas con medicamentos halladas en la vía pública frente al local.

Un tercer allanamiento en otra residencia de la capital del Alto Paraná resultó negativo. El caso se originó el pasado 9 de junio, cuando fue detenido un joven de 21 años en la intersección de las avenidas Monseñor Rodríguez y Del Lago.

En aquella ocasión, fueron confiscados 720 frascos del producto T.G. 15 (Tirzepatida), el cual carecía de cualquier documentación legal que acreditara su origen. El detenido fue imputado formalmente por presunta violación de derechos de marcas, en virtud de lo dispuesto en la Ley n.° 3440/08.

El fiscal Zaracho confirmó que, con el objetivo de profundizar las diligencias, solicitará informes técnicos y periciales a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), a Dinavisa y al Ministerio de Salud. Estas instituciones deberán determinar el alcance del daño sanitario y la trazabilidad de los productos incautados, fundamentales para avanzar en la causa contra los responsables de este esquema de contrabando y falsificación.