La comisión revisora que discute la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, sesionó la mañana de martes para escuchar la defensa del exsecretario de Estado, que es representado por el abogado Patricio Zapata. Con una extensión de una hora y 20 minutos, el defensor llevó a cabo su presentación, donde parte de sus argumentos se centraron en rechazar haber provocado un deterioro de las cuentas fiscales y asegurando que los acusadores construyen un escenario “catastrofista” sin sustento jurídico. “Aquí los honorables diputados acusadores no han logrado encontrar ni una sola norma que establezca con mínima precisión un deber o una prohibición.

Con buena voluntad, uno podría pensar, quizá, en una de esas, que de alguna de las normas que citan podría alguien extraer algún tipo de deber genérico. Vamos a ver cuáles son esas normas, las normas que se invocan.

Pero no hay nada en la acusación que logre identificar una regla jurídica”, explicó el abogado. En esa línea, Zapata explicó que piden se acoja la cuestión previa porque “más allá de los esfuerzos y del derecho de los diputados acusadores, no alcanzan, no logran en el escrito cumplir con lo que podríamos llamar el mínimo para que la Cámara en su conjunto pueda pronunciarse de manera correcta y apropiada”.“La cuestión previa no es una leguleyada.

Está prevista en nuestra legislación para efectos de evitar que se entre a una discusión de fondo si es que el escrito no satisface ciertos mínimos de consistencia, de lógica interna. No acuso falta de lógica, sino que de lógica interna de los argumentos”, añadió el abogado.“El problema principal de la acusación, voy a explicar un poco más por qué pedimos que se considere la cuestión previa, es que no logra explicar la conexión entre ciertos actos u omisiones y la infracción de normas constitucionales o legales.

Por supuesto, no basta con decir que el ministro fue ministro; bajo la gestión del ministro se dieron a conocer ciertos informes, estos informes tienen tales y cuales características y citar después normas, normas constitucionales y normas legales. La clave está en conectar estas dos cuestiones”, mencionó Zapata.Asimismo, el defensor recalcó en su presentación que la acusación constitucional es un mecanismo excepcional, de carácter jurídico y no meramente político, cuyas causales son taxativas y deben interpretarse de manera restrictiva. “La acusación abunda en fórmulas condicionales y presuntivas, en lugar de describir hechos específicos o concretos”, apuntó el abogado.Finalmente, Patricio Zapata indicó que no existe la señalización de un deber específico “infringido” en la acusación constitucional. “Si eso no está, puede haber una crítica muy lúcida a una gestión, puede haber una legítima expresión de disconformidad, de incomodidad, puede haber abundancia de referencias históricas, de datos de derecho comparado, en fin, lo que ustedes quieran, podemos vestir la acusación, pero lo que no puede faltar es cuál es el deber específico que fue infringido”, reiteró.Luego de la presentación del defensor, se llevó a cabo una ronda de preguntas, pero debido a la extensión, se acordó continuar el miércoles.

Cabe recordar que para mañana están convocados el exministro de Hacienda, Mario Marcel, y el actual director de presupuestos, José Pablo Gómez.