Cuando el presidente panameño José Raúl Mulino anunció su intención de reabrir Cobre Panamá, la mina a cielo abierto más grande de Centroamérica, Raisa Banfield, arquitecta y una de las voces más visibles del movimiento ambientalista en Panamá, supo que volverían los ataques contra ella. Basta con escribir en redes sociales una crítica a la minería para activar un mecanismo de linchamiento digital.

Le reprochan que use productos fabricados con minerales. Se mofan de sus propuestas ambientales para reactivar la economía.

Cuestionan la legitimidad de su activismo. Son agresiones que, para ella, no son aisladas: se sienten como una campaña orquestada en la que los defensores ambientales ocupan la primera línea de fuego. “Al inicio era muy fuerte y te viene la depresión”, dice Banfield, desde su oficina en el Centro para la Integración de la Naturaleza y Ciudades, donde dirige la sección de Desarrollo Sostenible. “Tengo más de 20 años con una voz propia, a un costo muy alto, personal, profesional y político”.

En Panamá, muchas personas que se han opuesto a la reapertura de la concesión minera de Cobre Panamá (declarada inconstitucional en dos fallos de la Corte Suprema de Justicia), que han cuestionado los daños causados por proyectos como Puerto Barú o que, simplemente, defienden el ambiente, han sufrido hostigamiento digital, acoso judicial o represalias laborales. A Banfield le fabrican decenas de videos en plataformas digitales calificándola de mala líder; la hostigan en pódcast para forzarla a hacer un recorrido por las instalaciones de la mina; la tildan en redes sociales de mentirosa y de oponerse al crecimiento económico.

Son ataques que replican figuras de medios y líderes de opinión y que ocupan titulares, como el célebre: “Exministro recrimina a Raisa Banfield su oposición al desarrollo económico del país”, publicado en el periódico Panamá América en noviembre de 2025. Ella dice que cree que quienes la atacan tienen un respaldo institucional que los blinda de represalias legales por calumnia o injuria.

El hostigamiento le pasa factura en el plano emocional y también en el profesional: desde hace un tiempo dejaron de invitarla a ciertos espacios donde puede aportar su experiencia en temas de arquitectura y ciudad. Los ataques que ha recibido en los últimos años terminaron por empañar su imagen y lamenta que ahora la encasillen como “conflictiva” o “problemática”. “Todo esto es muy sensible —dice la ambientalista panameña— porque trabajo con la academia, coordino un centro de investigación para estudiantes y esto afecta mi posición.

Es algo que me condena, que me limita, y es una manera de desanimarme, de dar a entender que, si hago activismo o tengo una expresión pública, entonces no puedo dedicarme a mi profesión”. Banfield dice que siempre hubo críticas al activismo ambiental en Panamá, pero que la campaña por la reapertura de la mina llevó el hostigamiento a otro nivel.

Las estadísticas respaldan la intuición de Raisa sobre una “estrategia articulada”. Una investigación colaborativa y transfronteriza, “Taladores Digitales”, realizada por La Prensa y Concolón, en alianza con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y otros seis medios de la región, pone en evidencia patrones del acoso digital que sufren los defensores ambientales en Panamá en X, TikTok e Instagram.

Son estigmatizados como enemigos públicos, hostigados de forma persistente, difamados con contenido fabricado, suplantados mediante deepfakes y expuestos, pues han revelado públicamente sus datos personales. Entre los atacantes hay cuentas con identidad ficticia y de fachada informativa, referentes de medios de comunicación e influencers con miles de seguidores.

Camila Aybar, comunicadora, creadora de contenido digital y activista ambiental, también ha sido víctima de ataques. Durante las protestas antimineras de 2023, decidió anunciar públicamente que viajaría para asistir a un concierto cuyos boletos había comprado meses antes de que comenzaran las movilizaciones.

Temía que alguien la fotografiara en el aeropuerto o la acusara de abandonar la causa. Por eso, grabó un video para explicarlo.

Mientras lo hacía, lloró. “Cuando eres activista, de verdad te sientes mal por tomar tiempo libre. La gente no entiende eso, pero llevas una culpa constante por todo lo que haces”, dice hoy Aybar, fundadora de la agrupación 5Gatos y una de las líderes del movimiento Sal de las Redes, que articuló las masivas protestas antimineras de 2023.

Desde aquel episodio, sus detractores siguen llamándola “la Swifty”, una etiqueta que, según ella, busca desacreditarla y reducir sus seis años de activismo ambiental a una sola decisión personal. Aybar sabe que, cuando varias personas le envían el mismo enlace por mensaje directo, es porque apareció un nuevo ataque contra ella.

Cuando está trabajando para una organización, asesorando a clientes o viajando por el país, empiezan a llegar las notificaciones. Abre Instagram o TikTok y encuentra un nuevo video, una nueva publicación o una nueva campaña. “Estoy normal, en mi día, y me llegan los videos”, dice.

Durante años guardó capturas, enlaces y videos de los ataques. Pero llegó a un punto de desgaste. “Creo que lo que más me ha marcado es cuando usan inteligencia artificial con mi voz, mi cara y mi cuerpo para hacer videos donde parezco decir cosas que nunca dije —dice Aybar—.

Después esos videos se hacen virales y la gente cree que son reales”. Quien aparece en la pantalla se parece a ella.

Habla como ella. Pero el mensaje es delirante, malicioso y tiene una clara intención de desprestigiarla.

Son videos creados con inteligencia artificial, conocidos como deepfakes. Provocan inseguridad en la víctima y desdibujan la línea que divide la percepción entre lo real y lo falso.

Ver tu propio rostro y escuchar tu propia voz diciendo mentiras fabricadas por otros genera un profundo shock, dice Aybar. Y le preocupa que esos videos echen por la borda los años que lleva como activista. “Me da miedo perder la reputación y la credibilidad que me ha costado tanto tiempo construir”, dice.

Un análisis de más de 500 mensajes de hostigamiento a ambientalistas panameños aporta decenas de registros de deepfakes o falsificaciones de identidad dirigidos contra ocho personas distintas. La sofisticación técnica que requieren estas piezas sugiere un nivel de coordinación difícil de producir por actores espontáneos o improvisados.

El resultado es contenido que puede confundir al público, afectar la imagen de activistas opuestos a la mina y enturbiar el debate sobre el impacto ambiental que tiene la minería a cielo abierto en Panamá. “También se han hecho videos míos diciendo que a mí me paga el Partido Comunista y los pautan en YouTube”, dice Aybar. “Sale primero la pauta de Cobre Panamá y después una pauta diciendo ‘Camila mentirosa’, ‘Camila comunista’ o ‘Conoce a Camila’, y aparece un personaje ficticio animado, pero igualito a mí. ¿Me vas a decir que esas dos pautas están juntas así de la nada?”.

El mismo video es distribuido por decenas de cuentas en X (antes Twitter), TikTok e Instagram: un comportamiento que sugiere que se trata de algo coordinado y no de indignación espontánea. Los años de ataques le enseñaron a Banfield a identificar patrones: qué cuentas actúan como bots, cuáles amplifican contenido prominero y quiénes orbitan alrededor de la campaña digital. “Estoy en Twitter (X) desde 2010 —dice—.

Es una red que te enseña a identificar cuándo se trata de crear un terreno pantanoso para que caigas y luego generar controversia en un medio de comunicación formal para que te veas como la histérica, la loca”. Cuentas anónimas, comentaristas y figuras públicas afines a la reapertura minera repetían uno de los apodos que inició a circular contra ella por su ambientalismo: “la arquitecta mentirosa”.

La investigación Países Minados II, de Concolón, CLIP y La Voz de Guanacaste, documentó una campaña a favor de la reapertura de la mina a cielo abierto de la canadiense First Quantum Minerals para reposicionar el proyecto Cobre Panamá ante la opinión pública. La propia empresa reconoció en una circular interna del año pasado “una fuerte oposición a la mina en Panamá”, y la atribuyó, aparentemente, a errores de comunicación: “podríamos haber actuado de manera diferente y habernos comunicado más ampliamente en el país”.

La solución que encontraron fue articular un ambicioso plan de comunicaciones que, desde comienzos de 2024, ha alcanzado a cientos de miles de panameños, llevándolos a visitas guiadas, ofreciendo charlas en universidades y participando en más de 150 eventos de discusión sobre la mina. Taladores Digitales siguió ahora el perfil de las cuentas que hoy atacan a Raisa, Camila y otras defensoras.

El hostigamiento digital no solo afectó a los activistas panameños que movilizaron las protestas en las calles en defensa del ambiente. Los ataques también impactaron a quienes lucharon contra la minería en los tribunales.

Ese fue el caso de la abogada ambientalista Martita Cornejo, una de las juristas que demandó por inconstitucional el contrato ley que ratificó la gestión del presidente Laurentino Cortizo con Minera Panamá en 2023. La campaña coordinada contra Cornejo empezó el 23 de abril de 2026, acusándola de ocupar simultáneamente dos cargos públicos (en la Alcaldía de San Miguelito y en la Asamblea Nacional), algo que es ilegal en Panamá.

No obstante, la planilla del municipio, que es pública y de libre acceso, así como una fuente institucional, confirmaron que la abogada no trabajaba en la primera entidad desde el 31 de diciembre de 2024. Entonces, la campaña mutó para tildarla de “botella” (cobrar sin trabajar) en el Legislativo.

El relevamiento de Taladores Digitales registró decenas de mensajes en X, TikTok e Instagram, con una producción replicada por una lista de cuentas similar a la de los ataques contra Raisa Banfield y Camila Aybar. El diario Crítica publicó una glosa difamatoria y el periodista Atenógenes Rodríguez, del programa de opinión Cuarto Poder, se hizo eco de la narrativa.

A la cadena, que es constantemente replicada por una red de cuentas a favor de la mina, se sumaron influencers como la abogada Karisma Karamañites, con más de 70 mil seguidores en TikTok, quien la acusó asimismo de ser una activista “financiada por el Estado”. Frente a todos estos ataques, la jefa de Cornejo, la diputada Alexandra Brenes, desmintió la acusación en redes.

En paralelo, la Contraloría General de la Nación suspendió el pago del salario de Cornejo y algunos de sus compañeros de trabajo de la bancada independiente Vamos. El contralor Anel Flores justificó la medida basándose en una auditoría de un período anterior al ingreso de Cornejo a la Asamblea Nacional: ella ingresó el 2 de febrero de 2026 y la auditoría corresponde a 2025.

Cornejo y otros funcionarios denunciaron al contralor ante la justicia por abuso de poder y falsedad. “Ni siquiera he estado cobrando en donde laboro y me dicen que soy botella”, dice la abogada ambientalista, quien ya recurrió a procesos legales y presentó pruebas que contradicen la posición oficial. “No nos podemos acostumbrar a esto”. Como lo confirma la base de datos sobre hostigamiento digital a ambientalistas, en Panamá los ataques ocurren con mayor frecuencia contra las mujeres.

El estudio Seguras en Línea, del Instituto Panamericano de Derecho y Tecnología (Ipandetec), realizado entre 2021 y 2023, documentó las principales causas de la violencia en línea. Ocho de cada 10 personas aseguran haber sido víctimas de acoso u hostigamiento digital al menos una vez en su vida.

La mayoría eran mujeres o miembros de la comunidad LGBTIQ+. “Me ha pasado que toman fotos mías fuera de contexto, las suben a un sitio y les ponen hashtags sexuales”, dice Aybar. Para la abogada especializada en derecho digital Lía Hernández, los ataques no ocurren al azar.

Las mujeres siguen siendo “el eslabón más débil” dentro de estructuras conservadoras y machistas. Y, cuando son figuras mediáticas, como Raisa Banfield o Camila Aybar, el hostigamiento digital se intensifica por el choque con intereses políticos y económicos alrededor de la minería.

El fenómeno trasciende Panamá. Un informe de Global Witness sobre amenazas digitales contra defensores ambientales encontró que nueve de cada diez activistas sufrieron acoso o abuso en línea relacionado con su trabajo.

Muchos describieron un mismo patrón: atacantes anónimos, granjas de troles y difusión de contenido falso, como deepfakes. Es un libreto universal: las mujeres reciben ataques enfocados en su apariencia, moralidad y sexualidad, como le ocurre a Aybar con la hipersexualización de sus imágenes.

Muchas personas deciden no denunciar la violencia digital. De acuerdo con Hernández, los activistas no acuden a las autoridades por desconocimiento o porque no confían en los funcionarios judiciales competentes.

Asimismo, desde un punto de vista psicológico, las víctimas evitan los mecanismos legales para no ser cuestionadas o revictimizadas durante el proceso. Después de recopilar las pruebas, el 3 de febrero de 2026 Aybar denunció ante la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos que hackearon una cuenta que ella no usaba desde la adolescencia.

Los atacantes extrajeron fotografías suyas y las difundieron sin su consentimiento en redes y grupos. La justicia aún no ha podido localizar a los responsables. “Esto no es un juego, no es un rumor, es un proceso legal donde mi dignidad, mi integridad, mi honra, mi privacidad y mi salud emocional se ven severamente afectadas”, expresó en una publicación compartida en sus redes sociales.

A pesar de los ataques, Camila Aybar continúa generando contenido ambiental en sus canales digitales. Raisa Banfield permanece activa pronunciándose en defensa del ambiente en medios y redes sociales.

Martita Cornejo sigue en su lucha por defender el ambiente a través de iniciativas legislativas. En cualquier momento podría salir a la luz un nuevo deepfake, otro mensaje violento o una nueva amenaza.

Pero las tres parecen coincidir en algo: nada las silenciará. Las voces de miles de personas que protestaron en las calles contra la minería en Panamá en 2023 cambiaron el paradigma.

Ante una conciencia ambiental cada vez más visible en el país, el debate sobre la reapertura de Cobre Panamá parece estar siendo opacado por una discusión más urgente: ¿por qué quienes defienden el ambiente son objeto de ataques sistemáticos como los que revela Taladores Digitales? El autor es periodista de la revista digital Concolón.